Días antes de asumir la presidencia de Argentina, Mauricio Macri empezó a desmontar los proyectos sociales que beneficiaban a la población y llamó a favorecer las mismas leyes neoliberales que a finales de la década del siglo XX y principios del 2000 pusieron en grave crisis económica al país.

Los logros alcanzados por las administraciones Kirchner (Néstor y Cristina) desde 2003 cuando sacaron a la Argentina de una de las crisis económico-sociales más profundas de su historia, se han ido revertiendo con la aplicación de drásticas medidas antipopulares.

A finales de la década de 1980 Argentina el laboratorio más extremo de las políticas neoliberales impuestas en la región. En el período del presidente Carlos Ménem (1989-1999) se implantaron las directrices del Consenso de Washington a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), referentes a priorizar el libre mercado y las privatizaciones.

Ménem abrió los servicios y la industria al capital extranjero y permitió la importación indiscriminada de mercancías con lo cual la nación austral se dirigió hacia la debacle económica pues la moneda argentina tenía el mismo valor del dólar y las mercancías importadas eran más baratas que las nacionales lo cual afectaba a las exportaciones. Buenos Aires sufrió un profundo déficit comercial, que se remediaba con la venta de las entidades de producción y de servicios públicos.
Como consecuencia, la inversión extranjera disminuyó al no existir empresas para privatizar ni creación de nuevas industrias y servicios. De esa forma, se profundizó el endeudamiento comercial y público, se paralizó el país, lo que fue acompañado de masivas y prolongadas manifestaciones populares.

Los bancos dejaron de funcionar y congelaron el dinero de los acreedores, instaurándose el llamado corralito bancario. La deuda externa se elevó a 95 000 millones de dólares, el desempleo a más de 30 % de la población; el hambre y la miseria alcanzaron a la mitad de sus 38 millones de habitantes.

Fue a partir de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada, (seguido cuatro años después por Cristina) que el país comenzó a revertir la profunda crisis al aplicar una nueva política económica.

En 2015 el desempleo se ubicó solo en 7,8 % mientras la miseria afectaba a 6,5 %. Los éxitos resultaban visibles.

El crédito presupuestario del Ministerio de Desarrollo Social en 2003 era de 1 781 millones de pesos, y pasó en 2014 a 35 972 millones de pesos; las pensiones asistenciales a 180 000 personas en 2003, llegaron en 2015 a 1 400 000 ciudadanos; las madres de 7 hijos, que cobraban 150 pesos, pasaron a recibir 2 180 pesos, y las pensiones de vejez e invalidez saltaron de 105 pesos, a 1 565 en ese período.

Más de 3 500 000 niños y adolescentes de 1 700 000 núcleos familiares (desocupadas o con salario mínimo) recibían ayuda del programa Asignación Universal por Hijo que estipulaba desde 2009 que cada menor debía asistir al colegio y mantener su calendario de vacunas y servicios de salud cubierto.

Con la reindustrialización se expandieron los sectores automotriz, siderurgia, metalmecánica, software, lo que permitió sustituir importaciones por más de 15 000 millones de dólares.
Ahora la situación cambia drásticamente. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) la pobreza afecta al 29,8 %, o sea, 12 000 000 de personas; la educación se ha convertido en un caos pues uno de cada dos adolescentes no concluye los estudios de secundaria debido a que no tienen dinero para pagar la enseñanza o deben trabajar en el sector terciario para ayudar a sus familias.

Como ocurre siempre en el sistema neoliberal, las grandes mayorías son las afectadas y en ese sentido Macri es un gran competidos. Hace pocos días el gobierno anunció eliminar las pensiones por discapacidad a 70 000 personas.

Las protestas estallaron de inmediato y miles de bonaerenses se concentraron en el Obelisco frente a la Casa Rosada para reclamar la restitución de sus derechos.

Mientras esto sucedía, les fueron duplicados a los legisladores, jueces y fiscales, el salario que reciben con incrementos para gastos de representación y pasajes aéreos.

El salario de bolsillo de los diputados subió a 8 200 dólares, equivalente a un poco más de 15 salarios mínimos (537 dólares).

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que mide el índice de pobreza nacional, el salario mínimo en Argentina está 360 dólares por debajo de la canasta básica. Esto determina, como afirma ODSA, que 12 000 000 de argentinos, se hallen en esa situación.

Para continuar endeudando al país, el Gobierno colocó 2 750 millones de dólares mediante un bono en dólares al inusual plazo de 100 años. La tasa de interés fue de 7,125 % y el rendimiento de 7,9 %, anunció. Esta es la primera ocasión que en Argentina que se hace una emisión de bonos a tan largo plazo.

Los expertos califican este sistema de deuda con el nombre de "deuda eterna o perpetua" ya que el sistema requiere que el deudor se vuelva a endeudar para pagar la vieja deuda y así en un espiral perpetuo.

El deudor ahogado por una deuda creciente se ve sometido cada vez más a las condiciones que le impone el capital trasnacional como requisito previo para autorizar una nueva deuda. El endeudamiento público es utilizado como un engranaje del sistema de acumulación capitalista.

A su llegada al poder, Macri entregó 9 300 millones de dólares a los Fondos Buitres, en posición opuesta al Gobierno de Cristina Fernández que denunciaba lo injusto e irracional de esa deuda.

Para Macri, con sus más rancio sistema neoliberal, lo que importa es el bienestar de las clases adineradas nacionales y extranjeras, mientras que obreros y campesinos argentinos deberá pagar y sufrir su accionar. Es la llamada demo-sincracia