Desde que Mauricio Macri asume la presidencia de Argentina, con su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, han ocurrido hechos que no han recibido la suficiente atención por parte de organismos internacionales: accidentes mortales, desapariciones, privativas de libertad, muestra indiscutible de violación de derechos humanos.
En particular, hace unos días, desapareció con 44 tripulantes el submarino Ara San Juan, el cual se encontraba haciendo un patrullaje de rigor en defensa de la soberanía del territorio argentino. Manejan la tesis de una explosión cerca del lugar de su desaparición, pero no descartan una agresión externa. Esto ocurre en el contexto del impulso de Macri de la operación Cormorán: que el ejército estadounidense pueda penetrar el espacio territorial de esa nación, como en Colombia con las base militares.
A este escenario, se suma que hace más de un mes encontraron sin vida el cuerpo de Santiago Maldonado, defensor de los derechos humanos de los mapuches, dicen que la causa de su muerte fue ahogamiento, pero la evidencia apunta a una desaparición forzada: se le vio huyendo del asedio de la Gendarmería Nacional de Argentina, antes de desaparecer. Ahora hay otro mapuche asesinado por fuerzas policiales en Bariloche el 25 de noviembre de 2017.
Igualmente, en retrospectiva, cuando a finales del 2015 Macri tomó el poder, murieron 42 gendarmes que viajaban en condiciones no apropiadas a la provincia de Juruy, para reforzar el operativo de seguridad ante protestas sociales, según un medio, por el retiro de subsidios a Milagro Sala, actualmente detenida aunque la Comisión de DDHH de las Naciones Unidas solicitó su liberación.
En definitiva, la categoría de régimen dictatorial se aplica arbitrariamente: quienes más violan los DDHH se convierten en modelos universales; parece que priva el que prioricen políticas económicas excluyentes en detrimento de las sociales.
