El robo a los dineros para la implementación de los Acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Santos y las Farc en el segundo semestre del 2016 es uno de los episodios más aberrantes en la historia de la corrupción en Colombia.

Miles de millones de pesos fueron evaporados y despojados por poderosas redes de operadores y contratistas que lograron acceder a los recursos asignados al Ocad paz para ser invertidos en proyectos de desarrollo en los 170 municipios más pobres escogidos para materializar los consensos alcanzados con una de las guerrillas más antiguas.

El Ocad paz fue creado justamente como parte del Sistema General de Regalías para canalizar dineros de dicho sector en la construcción de la anhelada paz que concitó el apoyo de millones de ciudadanos, no obstante, el impase del inoportuno plebiscito convocado por el ex presidente Santos.

Elites locales y regionales, coludidas con funcionarios de entidades nacionales (Planeación nacional, contraloría, senado y cámara) organizaron un sofisticado mecanismo para robarse los dineros en un proceso que implicaba el favorecimiento, la manipulación y la intervención indebida e interesada de funcionarios que debieron garantizar la eficiencia en la administración de casi 10 billones de pesos y la transparencia en la ejecución de unos dineros vitales para los municipios más pobres, golpeados por la violencia.

En el momento de mayor auge del saqueo (2020 y 2021) se consolido un paso a paso que contemplaba para cada proyecto el pago de varias coimas: entre 1 y 2 por ciento a funcionarios de la Contraloría, que aunque solo ejercen un control ‘preventivo’ en el Ocad generaban alertas que bastaban para que un proyecto no saliera o quedara represado; 5 y 6 por ciento para el director del Sistema General de Regalías (Álvaro Dávila), secretario técnico del Ocad Paz y nombrado por el entonces director de Planeación (Luis Alberto Rodríguez); y entre 7 y 9 por ciento al congresista que ‘apadrinaba’ el proyecto (Merheg, Ape Cuello, Arana y Manzur); las maniobras criminales para repartirse la plata implicaban alteración del orden de aprobación de proyectos, cobro de coimas que llegaron en total al 15% del valor de los proyectos aprobados, interferencia de congresistas y personas ajenas, así como la actuación de funcionarios de Planeación Nacional y de la Contraloría.

Lo que se organizo fue una verdadera cloaca del estado, en la que también metieron las manos alcaldes como el de la Paz (Cesar), el de Fonseca (Guajira), el de Uribe (Meta), el de Morelia (Caqueta), el de Florencia (Ruiz Cicery) y el de Montelibano (Córdoba); y gobernadores como el del Caquetá (Gasca), Córdoba (Benitez), Guaviare (Heydeer Palacio), Norte de Santander (Silvano) y el de Arauca (Castillo).

Las sesiones 52, 53, 54, 55, 56 hasta la 61 del Ocad paz fueron una verdadera bacanal de la repartija y el robo de estos dineros. Al respecto hemos estudiado en detalle las actas correspondientes a tales reuniones, que se pueden consultar en el siguiente enlace electrónico en el portal oficial del Ocad paz: https://www.sgr.gov.co/Inversi%C3%B3n/OCADPAZ/SesionesOCADPAZ.aspx

No obstante que en su momento medios independientes y periodistas profesionales dieron a conocer esta deplorable situación, señalando que el robo alcanzo la cifra de 500 mil millones de pesos (siendo superior), ninguna autoridad actuó a pesar de ciertos anuncios. La Dirección anticorrupción de la Fiscalía nunca inició un procedimiento judicial para dar con los culpables de estas acciones delincuenciales.

Desde que llegó a la presidencia Gustavo Petro, se han realizado 10 sesiones del Ocad paz (62 a 71), en las que ha actuado como Secretario técnico un señor Julián Guerrero (con una cuestionable gestión), nombrado por Tania Guzman (directora del Sistema General de Regalías) y como presidenta Gloria Cuartas (acompañada por un grupo de asesores).

Dichas reuniones han evacuado distintos proyectos según la fuente de financiación e igualmente priorizaron la expedición de un nuevo reglamento para la selección, priorización y asignación de distintas iniciativas de los alcaldes y gobernadores, que de poco a servido.

Aun así, el Ocad paz mantiene su porosidad porque el tráfico de influencias permanece con proyectos como el del Acueducto regional del Patía (casi 100 mil millones de pesos), que fue descaradamente presionado por el ex gobernador Elías Larrahondo (quien vive hoy en Turquia) quien lo adjudicó con procedimientos cuestionables a la Empresa de Acueducto de la gobernación; los proyectos de Puerto Gaitán y otros en Urabá y Cordoba.

Aunque desde el 2022 se organizó un sistema de Auditoria social y veeduría comunitaria para adelantar el control a las decisiones del Ocad paz, como la Veeduría "Ocad paz con transparencia", sus labores no han tenido el respaldo de los tres miembros de este organismo ni de la secretaria técnica.

Dicha Veeduría ha solicitado con decenas de derechos de petición que se investigue con rigor el robo de los dineros de la paz y se denuncie públicamente lo que ocurrió en el 2021 sin respuestas contundentes y más bien con el desconocimiento de las demandas de transparencia. Hay poco interés para esclarecer el saqueo y se evade un compromiso solido en los términos de lo que ha exigido el presidente Gustavo Petro. Hay señales de que presuntamente se ha regresado al tráfico de influencias y a la manipulación corrupta de los proyectos con la presunta colaboración de funcionarios que aparentan ser unos técnicos ajenos a los compromisos políticos del actual gobierno. Ya se están justificando las contrataciones con entidades como el Fondo Mixto del Deporte del Valle del Cauca y otros Operadores de dudosa reputación en Urabá, Magdalena, Bolívar, la Guajira, Cesar y Guaviare. El nuevo director de Planeación Nacional, ex senador Alexander López debería tomar nota de todo esto e intervenir esta entidad para impedir que siga el saqueo de los dineros de la paz.

En toda la cadena de agentes y operadores involucrados con el robo a los dineros de la paz es necesario resaltar la participación de entidades como el Fondo Mixto del deporte del Valle del Cauca, del cartel de los paneles solares, de Energuaviare, de las Empresas de telecomunicaciones de Popayán y de Asociacion de Municipios de Urabá.

Respecto del Fondo Mixto del Deporte del Valle del Cauca para la promoción del deporte, el desarrollo integral y la gestión social (https://fonmixtoprodeporte.gov.co/ ), que es un parapeto clientelar de la actual gobernadora del Valle del Cauca (Dilian Francisco Toro), hay que señalar que se trata de una entidad que depende de la gobernación del Valle del Cauca al que se le ampliaron sus funciones hasta otorgarle la capacidad de realizar cualquier cosa y en cualquier parte de Colombia y en esos términos le adjudicaron en el Ocad paz en el año 2021, la contratación de 33 proyectos por valor de $585.289 millones en nueve departamentos como Cesar, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca, Bolívar, Magdalena, Choco y Meta; proyectos que nunca se iniciaron y quedaron en promesas para las comunidades.

Proyectos con sobrecostos cercanos a los 55 mil millones de pesos, entregados a alcaldes de la U que es un artefacto electoral de bolsillo de Dilian Francisco Toro.

Hay que señalar que 24 de los 33 proyectos adjudicados en el 2021 al Fondo Mixto para el Deporte por un valor de 357 mil millones, se entregaron a contratistas cuestionados o sin experiencia para la magnitud de lo que están ejecutando y que algunos concentraron varios contratos. Casi todos recibieron plata sin poner un ladrillo.

Solo 9 de los 25 contratistas conocidos (el Fondo Mixto nunca publico en el Secop los datos de 14 de los 33 proyectos que ejecuta con dinero para la paz) tenían experiencia en ejecutar obras tan grandes como las que se ganaron con el Fondo.

En Chocó, los integrantes del Consorcio Vías Del San Juan, ejecutó obras por 7.800 millones y se quedaron con un contrato de 30 mil millones.

En Cauca, los integrantes del Consorcio Santana 2021 suman experiencia en obras por 3.341 millones, y se quedaron con un contrato por el doble, 6.682 millones.

En Chocó, los dos miembros del Consorcio Pavimentación San Lorenzo han ejecutado obras por 5.846 millones, y se quedaron con un proyecto por 9.923 millones.

En Cesar, los integrantes del Consorcio Galilea habían ejecutado obras por 8.268 millones y se quedaron con un contrato de 15.260 millones.

Además, el consorcio que se presentó para ejecutar una vía en Pueblo Bello (Cesar) por 29.177 millones de pesos, se desarticuló apenas el Fondo le entregó el contrato. El socio clave era Inversiones Grandes Vías, porque le puso el músculo financiero a la propuesta. Esa empresa ha sido cuestionada por irregularidades en la ejecución de obras millonarias en el Caribe y se quedó con uno de los contratos para venta de batas que entregó el gobierno para atender la pandemia, pese a que se dedica a la construcción.

A pesar de la poca experiencia de los contratistas, en todos los casos el Fondo firmó contratos con anticipos, es decir, les pagaron con solo firmar el contrato y sin haber puesto un ladrillo. Además, en promedio, casi la mitad del valor de los proyectos se desembolsó con avance físico está aún en pañales

En los 21 contratos publicados por el Fondo Mixto que reportan algún avance, se entregó en promedio el 45,4 por ciento de la plata, 134 mil millones de pesos, pese a que los contratistas apenas avanzaron en promedio el 13,04 por ciento en las obras.

A la Unión Temporal integrada por Jesús Aurelio Ortega Bastidas, Jherson Ediñho Portilla Erazo y Mauro David Portilla Erazo que construye unidades sanitarias en Barbacoas (Nariño) por 2.830 millones, les entregaron el 96,6 por ciento de la plata, aunque reportaron solo un avance del 5 % de la obra, según el portal de inversiones del Sistema General de Regalías.

El consorcio de Jonathan Emanuel Sarzosa Velasco, Héctor Uriel Casas Zuñiga y JR Ingenieros Ltda, que supuestamente construyó una vía en Miranda (Cauca) por 6.682 millones, recibió el 65,84 % de la plata, pero apenas reportaron un avance del 32,51 por ciento.

Al consorcio de Concretos y Obras Civiles, Ocipros y Construcciones Maber, también en Milán, Caquetá, para construir una vía por 12.868 millones le entregaron el 38,57 % de la plata y con un reporte de avance de obra es 1,01 por ciento.

El consorcio de Libardo José Cuello e IMF Ingeniería SAS que construyó una vía en Pueblo Bello, Cesar, recibió el 30 por ciento de los 42 mil millones de pesos, pero el avance era solo 2,98 %.

Libardo José Cuello participó en tres contratos que se entregaron en el Cesar por 83 mil millones de pesos, en dos a nombre propio y en otro a través de Coincar, empresa que comparte con su esposa Laura Araujo. Según los reportes del portal de contratación estatal, tuvo una bonanza de contratos entre 2017 y 2018 donde ejecutó desde parques hasta vías en Valledupar, durante la administración de Augusto ‘Tuto’ Uhía, elegido alcalde con el respaldo del congresista conservador Ape Cuello. Libardo ha sido señalado en medios locales de ser de "la nómina de contratistas" del congresista Cuello y de ganar la ejecución de millonarios recursos en procesos de único oferente. Los alcaldes señalaron que habían tenido que pagar coimas a Ape Cuello. La Corte Suprema le abrió indagación por eso. En su trayectoria como contratista, Libardo Cuello se ha asociado, entre otros, con Intec de la Costa (empresa que hizo parte del Consorcio de Centros Poblados, señalado de quedarse con 70 mil millones de pesos).

Luis Guillermo Berrío, Representante legal de Saga, empresa que tiene el 10 por ciento del consorcio que se ganó para hacer una vía por 5.551 millones de pesos en La Paz, Cesar. En 2019 se quemó a la Alcaldía de La Uvita (Boyacá) con avales de Cambio Radical y de Partido Conservador.

Henry Eduardo Lázaro, dueño de Malcam Constructores, empresa con el 30% del contrato para construir una vía por 30 mil millones de pesos en Condoto. Lázaro fue autor de una demanda que sirvió para que el departamento del Chocó pagara 5 mil millones de pesos por reclamos salariales de empleados de la Asamblea (entre esos, dos diputados). Por pagar, aunque no se debía, terminó condenado Roger Mosquera, exsecretario de Hacienda del Chocó.

John Fredis Asprilla Ibargüen con el 50% del consorcio que ejecutó una vía en Nóvita (Chocó), por 9.923 millones de pesos, fue capturado en 2018 por presuntas irregularidades en 2009 en una contratación del mismo año.

John Jairo Galíndez Santander y Óscar Gómez Burgos, Socios en el consorcio para construir unidades sanitarias en Policarpa (Nariño), por 6.336 millones, hicieron parte de un carrusel de contratación por 48 mil millones durante la pandemia.

En Cauca y Nariño el Fondo entregó tres contratos de proyectos agropecuarios por 42 mil millones de pesos a corporaciones que hasta entonces solo habían manejado proyectos por menos de mil millones de pesos.

La Cooperativa Cooproesp Ltda tuvo la mayor bonanza. Se quedó con un contrato para producir carne bovina en Rosario (Nariño) por 13.350 millones de pesos y con otro para producir cacao en Francisco Pizarro (Nariño), por 21.083 millones de pesos.

En 2021, esa cooperativa ganó en Francisco Pizarro otro contrato por 6.652 millones para administrar un proyecto de aves. El municipio intentó que el Fondo fuera el ejecutor, pero para ese momento ya empezaban las alertas y dentro del Ocad prefirieron que el municipio fuera el ejecutor. La cooperativa fue el único oferente en ese proceso de la Alcaldía.

Además, también con plata de regalías de la paz, Cooproesp se quedó con un contrato en 2021, de los municipios de Valle del Guamuez y San Miguel (Putumayo). La exigencia de experiencia en los pliegos de condiciones fue calcada de la que pidió Francisco Pizarro. También fue el único oferente.

La otra cooperativa que se quedó con plata entregada por el Fondo para temas agropecuarios se llama Coopdesurc, en un proyecto de aves en Miranda (Cauca), por 8.543 millones de pesos. Antes de ese contrato, el más caro que había ejecutado con el Estado, según el portal de contratación estatal, fue por 110 millones de pesos para logística en carnaval de negros y blancos en Nariño.

Helman Bernal, representante legal de Coopdesurc, ejecuto con un socio que se dedica a contratar con el Bienestar Familiar y no a proyectos agropecuarios.

Cooproesp y Coopdesurc tienen varios vasos comunicantes. Han compartido gerentes, e incluso actualmente Jefferson Ordoñez Chávez, un economista que dirige varios proyectos de Cooproesp y que ha tenido contratos con alcaldías de Nariño para asesorarlas, aparece como directivo en las dos

Además, Cooproesp y Coopdesurc compitieron por sus respectivos contratos con la Fundación Unidos por Tu Futuro, que se presentó pese a que, según el portal de contratación estatal, el contrato más grande que ha manejado es de 947 millones de pesos. El Fondo le entregó a esa Fundación la interventoría del contrato de Cooproesp para cacao en Francisco Pizarro.

Helman Bernal de Coopdesurc, y Walter Burbano, representante legal de Cooproesp, negaron que las dos cooperativas tuvieran negocios o relaciones y no dieron detalles de cómo llegaron al Fondo, salvo que se enteraron de que estaban entregando obras y participaron. Ambos reconocieron que no hacían parte previamente del "pool de aliados", la lista de proponentes que puede concursar en el Fondo, sino que se inscribieron justo para participar por los recursos de la paz.

Además de la casi nula competencia que existió en los contratistas, en los 22 proyectos revisados, varios repiten.

Libardo Cuello, del Cesar, participa en tres contratos por 83 mil millones, Cooproesp se quedó con dos por 34.433 millones de pesos, y la sociedad de Omar Ortiz y Civing tiene dos contratos por 20.236 millones.

Los interventores, que son los encargados de vigilar que el contratista haga bien su trabajo e invierta bien la plata de la obra, también se repiten.

15 de las 22 interventorías se concentraron en siete personas o empresas, es decir, en promedio hay un interventor por cada dos obras.

En tres casos el interventor y el contratista son los mismos en más de una obra.

En dos contratos que suman 63.491 millones en el Cesar, el contratista Libardo José Cuello tiene el mismo interventor: Mauricio Chávez, que ha firmado contratos principalmente en Valle del Cauca.

En dos obras que suman 19.382 millones (una del Valle y otra del Cauca), el contratista, Alejandro Rojas, tiene como interventores a las empresas Gesco y Suve.

En dos proyectos por 17.241 millones, en Miranda (Cauca), los contratistas Héctor Casas y JR Ingenieros Ltda tendrán como interventor a Manuel Julián Orejuela Rincón.

Además, Enrique Gutiérrez Cerón es el representante legal de los consorcios que se ganaron tres interventorías en mejoramientos viales en municipios del Cesar: La Paz, Pueblo Bello y San Diego. Luis Fernando Gutiérrez Cerón, hermano de Enrique, donó $10 millones a la campaña de Dilian Francisca Toro a la gobernación del Valle en 2015.

Y están los casos en los que la misma empresa está encargada de dos interventorías.

Coecso se ganó dos interventorías en proyectos de construcción de unidades sanitarias en Policarpa y Barbacoas (Nariño).

La Fundación Pro Regiones Colombia ganó interventorías para proyectos de desarrollo de aves de postura: en Miranda (Cauca) y otro en Barbacoas (Nariño).

La Fundación Unidos por tu Futuro, con Andrés Jaramillo a su cabeza, se ganó dos interventorías en municipios de Nariño: una en el incremento a la producción de cacao en Francisco Pizarro, y otra para el incremento de la producción de carne bovina en Los Andes.

Toda esta contratación la hizo el Fondo Mixto para el Deporte bajo la figura del "Pool de Aliados Estratégicos", un sistema que crearon para que un grupo de socios exclusivos -y reservados- sean quienes ejecuten los contratos públicos que administra el Fondo Mixto haciendo un proceso de selección interna de contratación entre los socios.

El manual de contratación del Fondo Mixto del Deporte establece que únicamente los socios miembros del "Pool de Aliados Estratégicos" podrán concursar para ejecutar los contratos públicos o privados que sean designados por esta entidad. Es decir, los 33 contratos de Ocad-Paz fueron asignados a integrantes de este exclusivo grupo de empresarios que integran el "Pool". Lo grave es que ellos hicieron su propio manual de contratación. Ellos terminan decidiendo a qué contratista asignar cada proyecto, con la diferencia de que no hay concurso o convocatoria pública, sino que los ejecutores e interventores deben ser integrantes del su socio de aliados estratégicos.

Las alcaldías favorecidas son del partido de la U.

Una de las particularidades es que de estos 33 contratos firmados por el Fondo Mixto de Dilian, 17 se ejecutaron en municipios cuyos alcaldes pertenecen al Partido de la U (partido de Dilian Francisca Toro, cofundadora del Fondo Mixto). En el departamento de Caquetá, por ejemplo, las alcaldías beneficiarias de dos de esos proyectos fueron los municipios de Solita (en cabeza de Luis Antonio Morales Cubillos del Partido de la U), y Milán (en cabeza de Nayive López Olaya)

En el departamento del Cauca se ejecutaron cinco proyectos: cuatro de ellos en el municipio de Miranda, cuyo alcalde es Samuel Londoño Ortega, de la Coalición Alcaldía de Miranda Cauca (Partido de la U-Partido Conservador-Colombia Renaciente). De estos cuatro contratos, dos se encuentran suspendidos y el avance físico reportado de las obras no supera el 2 %, mientras en cada uno ya se ha desembolsado, por lo menos, el 30 % del dinero.

El otro contrato en el Cauca tenía como objetivo construir y dotar un polideportivo en Toribío. El alcalde Silvio Valencia Lemus también es del Partido de la U y, según los reportes de Colombia Compra Eficiente, la ejecución del contrato no comenzó, a pesar de haber sido aprobado el 25 de octubre de 2021.

En el departamento del Cesar son 7 proyectos: uno en el municipio de Becerril, dos en el municipio de La Paz, otros dos en Pueblo Bello, uno más en San Diego y otro en Valledupar. Los alcaldes de los cinco municipios pertenecen al Partido de la U o a coaliciones con este. Los casos más críticos son en Pueblo Bello, en cabeza del alcalde Danilo Duque Barón, de la Coalición Partido Conservador-Partido de la U-Cambio Radical-Partido Liberal. El contratista escogido fue Libardo José Cuello, quien tiene tres contratos más en el Cesar por $83 mil millones. Cuello se asoció, entre otros, con Intec (empresa que hizo parte del Consorcio de Centros Poblados, señalado de quedarse con $70 mil millones)".

En Nariño, por su parte, se designaron dos contratos, ambos en el municipio de Los Andes, en cabeza del alcalde Yonny Fernando Delgado Montenegro, elegido a través de una coalición entre el Partido de la U y el Partido Liberal). Finalmente, en el Valle del Cauca se asignó un contrato por más de $8.800 millones para el mejoramiento de vías en el municipio de Pradera, administrado por Justino Sinisterra, también del Partido de la U.

Cartel de los paneles solares.

Alrededor de la contratación del Ocad paz se conformó un cartel de los paneles solares.

Un contrato de construcción de paneles solares en zona rural de Becerril (Cesar) fue adjudicado a empresas que consolidan un "cartel" que acaparó ocho licitaciones más. El supervisor fue una empresa con dos investigaciones por responsabilidad fiscal. Seis gobernadores indígenas de la zona denunciaron que no hubo proceso de consulta previa.

Con el proyecto buscaban beneficiar 541 hogares, que representan 2.582 personas en esa zona rural.

El 2 de mayo del 2021, la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación reportó en su página web como un logro de gestión que, por primera vez, más de 500 familias de zonas rurales del Cesar tendrían energía eléctrica gracias a la instalación de paneles solares en varias veredas del municipio de Becerril. Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, asistió a la entrega del proyecto y explicó que esa obra había sido posible gracias a los recursos de Ocad-Paz, órgano del Sistema General de Regalías (SGR) responsable de viabilizar y aprobar proyectos de inversión financiados con esos recursos que contribuyan a la implementación del Acuerdo de Paz.

El contrato se dio, pese a que desde diciembre de 2020 la Presidencia de la República, la Procuraduría, el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación del Cesar y la Personería y Alcaldía de Becerril venían siendo alertados de irregularidades en esa contratación. En junio de 2021, las denuncias se extendieron hasta la Fiscalía, Contraloría y Defensoría. Aun así, la licitación se celebró por más de $10.000 millones y quedó en manos de los contratistas Elier Jovanny Martínez, de la Unión Temporal Energía 2020, y James Martínez Gallego, de Proinges S.A.S. El primero fue cuestionado por la Contraloría por pertenecer al cartel de los paneles solares y el segundo tiene investigaciones por posible responsabilidad fiscal en contratos similares en otros municipios.

La Unión Temporal Energía 2020, creada para participar del proceso de licitación, fue constituida el 3 de diciembre de 2020, quince días después de que la Alcaldía de Becerril (Cesar) publicara en el SECOP 1 el proceso de licitación obra pública LP-005-2020. Las empresas que participan de esa UT son Baz Marine Services S.A., una empresa mexicana con filial en Barranquilla desde noviembre de 2020, cuyo apoderado legal en Colombia es Juan Pablo Ballestas Juliao; Diseléctricos S.A.S., cuyo representante legal es, precisamente, Elier Jovanny Martínez, el mismo que representa de forma general toda la UT, y Esco-Compañía de Servicios Energéticos S.A.S., en cabeza de Saúl Samuel Sandoval Arraut.

En ocho de nueve proyectos auditados de paneles solares las empresas que habrían ganado el contrato serían las mismas, pero camufladas en distintas uniones temporales que crearon para participar en cuantiosos contratos en Dibulla, Fonseca, Urumita (La Guajira) y en La Paz, Pueblo Bello, Becerril y Codazzi (Cesar). El ente de control también determinó que habrían incurrido en sobrecostos en todos estos proyectos de energía renovable.

Por el caso de Becerril (Cesar), un derecho de petición de junio de 2021 enviado por los gobernadores de los resguardos indígenas Rosario, Bellavista, Yukatán (municipio de La Paz), Iroka (Agustín Codazzi) y Sokorhpa (Becerril) a todos los entes de control mencionados con la referencia: "Denuncia corrupción" por el proyecto de los paneles solares, advirtió que "dicho proyecto nunca fue socializado ni consultado de manera formal con la comunidad del resguardo Sokorhpa (uno de los beneficiarios) y mucho menos fue priorizado por la comunidad. El proyecto en mención no refleja nuestras necesidades. Nuestra prioridad más apremiante es la vía estación Roncón - asentamiento Sokorhpa".

En ese documento, las autoridades indígenas especifican que su resguardo hace parte del territorio PDET de la Serranía del Perijá y que el proyecto que desarrollaron salió de la cartera del Ocad-Paz; es decir, que todos los proyectos aprobados por esa cartera debieron pasar por la aprobación y el consenso de las comunidades beneficiadas, como lo determinó el Ministerio del Interior.

Energuaviare.

Lo de Energuaviare, empresa de energía del Guaviare es aberrante. El Ocad paz contrato con esta entidad varios proyectos para ejecutar en el Retorno, Calamar y San José del Guaviare; proyectos que están siniestrados como elefantes blancos y sin que haya merecido un pronunciamiento de los actuales directivos del Ocad paz.

Las denuncias de la Contraloría General de la Republica.

Carlos Hernán Rodríguez Becerra (ex contralor de la república), lanzó una alerta sobre 115 proyectos que son financiados con recursos de OCAD-PAZ, en todo el país, y que suman $1,4 billones de pesos.

Según el Contralor, los 115 proyectos tienen riesgo para su ejecución y por eso quedaron priorizados dentro del plan de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General, el próximo año.

Los proyectos hacen parte de un total de 165 que son financiados con recursos de OCAD-PAZ que suman un valor de $1.8 billones de pesos.

Los 165 proyectos están dirigidos a comunidades y municipios ubicados en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), que fueron definidos luego de la firma del acuerdo de paz con las Farc, como lugares de intervención prioritaria, así como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) que se vienen ejecutando en 20 departamentos del país. Los más afectados por el conflicto, y con menores niveles de desarrollo de infraestructura.

La región que tiene más proyectos es la región caribe, con el 31% de proyectos (51), mientras que los departamentos que se destacan individualmente son Antioquia y Caquetá, con el 14% y 10% respectivamente.

De los 13 sectores económicos a los que apuntan los proyectos, agricultura y desarrollo rural suman un 32% ($582 mil millones); transporte 23% ($420 mil millones) y vivienda con el 13% ($243 mil millones)

En Caquetá, ocho de estos proyectos presentan alertas por diversas razones que van desde la no contratación de la obra, o avances financieros y físicos del 0%.

En Caquetá, se aprobaron 18 proyectos por valor de $192.771.248.514 (10% del total de los recursos aprobados en el OCAD PAZ 2021).

Un proyecto de obra terciaria en Doncello por un valor de $21.683.981.384; proyecto ganadero por un valor de $20.146.822.760; proyecto de vía terciaria en el municipio de Milán por un valor de $13.346.803.925; proyecto de huertas caseras en el municipio de Solita por un valor de $12.090.655.958; proyecto de huertas caseras en el municipio de Morelia por un valor de $10.366.249.428.

Además, hay obras financiadas por este mismo método que tiene que ver con gestión del riesgo, como la zonificación ambiental y ajustes de planes de ordenamiento territorial en los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico y El Doncello por un valor de $ 9.034.974.940.

Proyecto de energía en zona rural de Florencia, por un valor de $ 2.956.271.916 y proyecto de un puente vehicular en Paujil.

Adicionalmente, desde la Unidad de Regalías de la CGR se definió incluir en el Plan de Vigilancia Fiscal 2023 para el Departamento de Caquetá, un proyecto del municipio de Morelia, por valor de $10.366.249.428, y un proyecto del municipio de San José de Fragua, por la suma de $ 12.235.100.590.

Dichos proyectos hacen parte de un total de 165 financiados con recursos de OCAD PAZ (aprobados en las sesiones 54, 55 y 56) que suman un valor de $1.8 billones de pesos.

De otro lado, el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, mostro que la Contraloría ya terminó parte de las auditorías del primer semestre (2023), con las cuales han consolidado hallazgos fiscales por 111.851 millones de pesos en 57 proyectos de Ocad Paz.

Hoy hay 111.851 millones de pesos de recursos de Ocad Paz en 57 proyectos que considera la Contraloría se encuentran en detrimento patrimonial, pero se ha cerrado toda la auditoría de regalías y se tienen hallazgos por 227.000 millones de pesos en la auditoría regular a los recursos financiados por regalías. De estos 227.000 millones de pesos que se trasladarán a la Unidad de Responsabilidad Fiscal, 57 de estos proyectos suman 111.851 son del Ocad Paz.

Bolívar es uno de los departamentos en donde se registra mayor afectación al Ocad Paz, se establecieron hallazgos fiscales por 26.000 millones de pesos y ahí revisaron proyectos en vías terciarias, energía fotovoltaica, unidades sanitarias para población dispersa y construcción de unos polideportivos.

Zuluaga ha dicho que en 10 meses han imputado en promedio 252 procesos de responsabilidad fiscal por 54.306 millones de pesos. Hay que mencionar que 23 de estos procesos tienen hoy medidas cautelares.

Este es el panorama de este descarado robo a los dineros de la paz sobre el cual es urgente que la nueva Fiscal General de la Nación intervenga de la mano de los entes de Control, de las Auditorias sociales y de las Veedurias ciudadanas.