Colombia está en modo constituyente; una situación política en que el Poder constituyente natural de la sociedad se expresa de manera "espontánea" para romper los poderes constituidos retardatarios que bloquean por doquier la fuerza del cambio y transformación de las viejas formas de dominación oligárquica, asentadas en distintas instituciones como el poder legislativo, las cortes constitucionales, la procuraduría, la defensoría, las gobernaciones, las alcaldías, la UNGRD y los aparatos militares y policiales involucrados en un sangriento paramilitarismo que día a día se cobra la vida de líderes sociales y de comunidades agrarias, indígenas y afrodescendientes.

Asociado con el realce del Poder constituyente promovido y convocado por el presidente Gustavo Petro, en la presente coyuntura asistimos a una importante reactivación de los movimientos sociales y populares que desde abril del 2021 –cuando ocurrió el estallido social- se desplazaban en un "letargo expectante" respecto de las transformaciones anunciadas por el nuevo gobierno del Pacto histórica, como expresión de lo popular y de la participación política democrática.

Hace pocas semanas se presentó una fuerte movilización ante la Corte Suprema de Justicia en favor de la elección de un nuevo Fiscal general de la nación que permitió la expulsión del anterior Jefe de esa entidad involucrado en una conspiración contra el presidente Petro.

Hace pocos días se registró un proceso Constituyente en la Universidad Nacional (la principal universidad pública del país) para desmontar la imposición de un nuevo Rector asociado a mafias enquistadas, tanto en el sector administrativo como académico de esa entidad, con prácticas espantosas de corrupción y tráfico de influencias en el área de la investigación científica; resultado de tal acción estudiantil y profesoral Constituyente fue la escogencia de Leopoldo Múnera como nuevo Rector, un prestigioso investigador de los movimientos sociales rurales que había obtenido el respaldo mayoritario de la comunidad universitaria, que el "poder constituido" en el viejo Consejo Superior desconoció para proteger los oscuros intereses de los clanes dominantes de ex rectores, de la actual Rectora y de grupos corruptos estudiantiles y de trabajadores cooptados.

Hoy hay movilizaciones agrarias, indígenas y afros por la tierra y por la reforma rural democrática e integral, acompañadas por bloqueos de vías y nutridas manifestaciones en regiones como el Cauca, Putumayo, Magdalena Medio, Catatumbo, Meta, Caqueta y el Sur de Bolívar.

El Congreso de los pueblos, una organización popular, ha realizado plantones y manifestaciones en Bogotá y en varias vías nacionales, para pedir garantías del derecho a la vida, pues las organizaciones sucesoras del paramilitarismo –que crecen como espuma- asesinan y acosan a los líderes comunitarios que son ultimados a la luz del día con la complicidad de los aparatos armados del gobierno, penetrados por las mafias de la droga y de los clanes corruptos que dominan en las gobernaciones y alcaldías.

Esta por supuesto la gran movilización de masas prevista como Asamblea popular para el próximo 20 de julio, día en que se instalan las sesiones del Congreso de la republica el más importante obstáculo de las reformas y del proceso constituyente.

Para este miércoles 12 de junio, la Federación Colombiana de Educadores FECODE que agrupa a los casi 300 mil educadores del Estado ha convocado un paro nacional para rechazar un Proyecto de Ley – a punto de ser aprobado- que regula el derecho fundamental a la educación en el que se incluyeron –al parecer con la aceptación de los funcionarios del Ministerio de Educación- cambios y artículos de iniciativa del uribismo, asociados con el modelo neoliberal que ha hecho de la educación una mercancía; además desenmascarar el turbio manejo dado por la burocracia de Fiduprevisora al nuevo modelo de salud para los maestros, pues esa entidad, infiltrada y secuestrada por las mafias podridas que han despojado los dineros de la salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio –con evidentes enchufes en directivos y ex directivos de Fecode- se las han arreglado para que todo quede igual y en manos de las conocidas empresas que han dominado el negocio médico y prestacional durante casi 30 años, con el evidente respaldo de ex directivos de Fecode lanzados al estrellato político de "izquierda".

La acción huelguística y de masas de Fecode es realizar una toma a Bogotá desde el 17 de junio hasta el 20 de julio. El jueves 13 de junio realizar asambleas en localidades y municipios. El viernes 14 de junio adelantar trabajo en territorios y organizar a los delegados que asistirán a la gran toma a Bogotá.

Así mismo, la Junta Nacional se declaró en sesión permanente para liderar toda la movilización constituyente de los maestros colombianos.

La contundente convocatoria de Fecode plantea un llamamiento al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, a los sectores sociales, populares, culturales, ambientales, académicos, movimiento indígena, campesinos, estudiantil, universitario y otros, a cerrar filas para defender la Educación Pública Colombiana como bien común y derecho fundamental, la misma que debe ser gratuita, universal, atendida, garantizada y administrada directamente por el Estado.

Fecode insiste en que el proyecto de ley estatutaria de la educación en curso de aprobación –que tiene el paquete de reformas neoliberales del uribismo, de Cambio radical y de toda la ultraderecha-, incluye un nefasto contenido agregado a través de las enmiendas que fueron consensuadas en la Comisión Primera del Senado. Es un riesgo para la educación pública, promueve la mercantilización, la privatización y da viabilidad a la corrupción.

Ese proyecto incluye aspectos regresivos como:

1. La creación de bonos escolares que habilitan claramente la privación y mercantilización de la educación bajo el pretexto de mejor acción de calidad y balance de la participación.

2. La reducción de la educación a un servicio público esencial como trasfondo de "quebrar y destruir el espinazo de Fecode" para señalar y estigmatizar a la organización sindical, sepultando derecho a la movilización pacífica amparada constitucionalmente.

3. Crea aparatos burocráticos innecesarios para la inspección, vigilancia y control como la Superintendencia de Educación, vale la pena recordar que el Ministerio de Educación Nacional posee unas facultades.

4. Imponer un sistema de evaluación empresarial a la labor docente desconociendo los contextos pedagógicos correspondientes.

5. Eliminar los tres años de educación preescolar gratuita.

6. Crear unos bonos públicos para financiar matriculas en colegios privados tal como lo promueve la fascista senadora Paloma Valencia, representante de los latifundistas del Cauca.

7. Cercenar derechos históricos alcanzados por los educadores y su organización sindical.

Extraño que este paquete tenga el consenso de la Ministra de Educación y de algun@s parlamentarios del Pacto histórico, tendrán que vérselas con el Poder constituyente de los educadores en los próximos días para asuman sus correspondientes responsabilidades políticas.

Nota. El ascenso de la ultraderecha fascista en Europa, con las elecciones al parlamento de esa región, refleja claramente la crisis social y política derivada de la vigencia del modelo neoliberal y del dominio del militarismo de la OTAN que ha desatado una guerra en Ucrania para destruir y fragmentar a Rusia, quien se defiende de la agresión imperialista promovida por los Estados Unidos, por Londres, Berlín de Francia y Paris. Las clases medias europeas asustadas votan en masa por candidatos retardatarios que les prometen de todo como ocurrió en la Alemania de Hitler en 1932, antes de la Segunda Guerra Mundial. Amanecerá y veremos en que resulta todo esto. Ya el señor Macaron -seudo demócrata- se ha inclinado por convocar unas nuevas votaciones al parlamento para que la fascista de Le Pen confirme sus mayorías electorales. En todo caso, al fascismo hay que oponerle un Frente popular como lo propuso el gran Dimitrov.