El imperialismo pone en marcha sus mayores esfuerzos para la desintegración de nuestros pueblos

Un llamado de última hora de instituciones multilaterales, como la CAN, UNASUR, ALBA, la Unión Europea, el Grupo de Río, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), una alianza de diputados de la Cámara de los Comunes de Inglaterra, la Cumbre Parlamentaria de América Latina-Unión Europea (AL-UE), el Consejo Boliviano de Defensa Nacional, máxima instancia militar de asesoramiento sobre la seguridad del país, presidido por el general Mario Ayala Ferrufino y hasta la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), por boca de su secretario general, monseñor Jesús Juárez, han hecho un llamado de atención a quienes pretenden mañana realizar un referéndum ilegal para darle concreción a un estatuto autonómico que más allá de contemplar temas para una descentralización en el marco del estado nacional, regido por una constitución que declara y garantiza la unidad irrestricta de la República, lo que busca es la creación de un estado paralelo, abrogándose para unas supuestas autoridades espurias departamentales, competencias en todos los órdenes de la vida de un pueblo que, en cualquier país independiente y soberano del mundo, son exclusivas del poder nacional, para que reflexionen y regresen a la moderación y no caigan en el exceso incomprensible de buscar para Bolivia una fuente de la mayor inestabilidad y generación de una violencia que nadie podría detenerla, más allá de reconocer, como muy valiosa para la preservación de la paz, la prudente y muy plausible postura pacifista y abierta a todo diálogo en el marco de la legalidad que ha adoptado el gobierno del presidente Morales, la cual se mantendrá sin alteración alguna post acto del domingo, según lo han asegurado sus más altos voceros.

Efectivamente, mañana tienen programado realizar un referéndum autonómico secesionista grupos muy poderos de la derecha boliviana que no han querido reconocer (esa es la verdadera causa que los motiva) como autoridad legítima del país, por su procedencia indígena, al presidente Evo Morales, elegido con la más alta votación histórica habida en el país, así como a las demás autoridades nacionales que resultaron igualmente electas en la misma oportunidad.

La propuesta autonómica, contemplada en un proyecto estatutario que será votado el domingo, lo que busca, básicamente, la creación de un nuevo estado “independiente”, en donde las autoridades nacionales y, fundamentalmente, la constitución de la República de Bolivia no le limiten su ámbito de acción, tal y como lo veremos seguidamente (extractos de la muy clara exposición que hizo el canciller David Choquehuanca de Bolivia en la sede de la OEA, el pasado dos de mayo):

El articulo 12 de ese cuestionado estatuto señala que "el derecho propietario sobre la tierra, la regularización de los derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el departamento de Santa Cruz es responsabilidad del Gobierno Departamental y estará regulado mediante una Ley Departamental aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental".

El su articulo 143, señala que "la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz es la última instancia jurisdiccional y dicta Sentencias con autoridad de cosa juzgada. La Corte Superior de Distrito de Santa Cruz tiene competencia para conocer en única instancia el recurso abstracto de ilegalidad contra las Leyes y Decretos Departamentales que contradigan el presente Estatuto de Autonomía". El artículo 146 lo complementa, al señalar que "una Ley Departamental establecerá la estructura, organización y funcionamiento de la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz".

Dijo el canciller boliviano sobre este articulado que “no es posible que asuntos judiciales de última instancia, sean definidos por la Corte departamental de Justicia de Santa Cruz" y, agregó: “¿Qué va a pasar con los convenios internacionales que firma el Estado Nacional?, por ejemplo con un tratado bilateral de inversiones que es afectado por una disposición departamental que no puede ser apelada sino a nivel departamental pero el que tiene la obligación de hacer cumplir ese tratado es el Estado Nacional" (¿?).

El artículo 37 del estatuto señala que "en caso de que los Sistemas de Regulación constituidos por Superintendencias a nivel nacional sean eliminados por el Estado Nacional, de acuerdo al presente Estatuto, las Superintendencias, Intendencias o Representaciones Regionales de los diferentes Sistemas de Regulación en el Departamento se convertirán en última instancia administrativa, hasta tanto dichos sistemas se adapten a una nueva estructura autonómica departamental, que será establecida por Ley Departamental".

Con esa disposición, dijo el canciller, “se está anunciando que si el Estado Nacional resuelve cambiar o modificar el régimen de regulación entonces Santa Cruz lo desacatará (..) se pueden imaginar un país con sistemas de regulación diferentes en cada departamento y pregunto: ¿cuál será el trato nacional que daremos a las empresas extranjeras? ¿El del Estado Nacional o el del estatuto departamental?".

El artículo 3 establece que "todos los ciudadanos bolivianos que tengan su domicilio en cualquier municipio del departamento autónomo de Santa Cruz tienen la condición política de cruceños. Esta condición les habilita para el ejercicio de los derechos políticos de elegir a sus autoridades departamentales y ser elegidos como tales, y les reconoce el derecho de participar de manera directa en los asuntos públicos de competencia del Gobierno Departamental".

El artículo 82 contempla que "los controles aduaneros, retenes y trancas de cualquier naturaleza, en todo el territorio departamental, no podrán ser establecidos sino en virtud de Ley departamental expresa".

El artículo 86 señala que "los recursos natura les renovables, su disposición y gestión ambiental, están a cargo del Gobierno Departamental".

El artículo 161 del estatuto muestra su carácter racista cuando "reconoce con orgullo su condición racial a la mayoría mestiza" y limita el reconocimiento solamente a algunos de los pueblos indígenas. Agrega el señalado artículo que se conservarán “las culturas y promover (án) el desarrollo integral y autónomo de los pueblos indígenas oriundos del departamento: Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Mojeño", cuando en realidad, dijo el canciller boliviano, más del 20 por ciento de la población de Santa Cruz se auto identifica como quechua o aymara, según datos del censo 2001.

Para mayor exabrupto y no menos sorpresa, agregó Choquehuanca, que en uno de sus artículos transitorios, el Estatuto dice: "en caso de que la conformación del órgano de control de constitucionalidad de Bolivia llegue a realizarse en violación de los principios constitucionales de independencia de poderes y de idoneidad y especialidad de la función judicial, el Departamento Autónomo de Santa Cruz no se someterá a su jurisdicción".

Por esas desproporciones, manifestó el canciller del altiplano boliviano, “es que la Corte Nacional Electoral de mi país ha declarado la nulidad de la convocatoria a la consulta departamental por parte del Prefecto Rubén Costas, porque esa es una atribución del Congreso Nacional.”

Esta convocatoria ilegítima es una muestra fehaciente que pone en clara evidencia los propósitos balcanizadores del Estado boliviano por parte de la derecha más recalcitrante de ese país, en perfecta sintonía y con el respaldo absoluto del gobierno norteamericano. Como se sabe, la Casa Blanca en octubre de 2006 designó como embajador en la Paz a Philip Goldberg, el cual venía de desempeñar igual cargo en Pristina, capital del hoy muy cuestionado estado independiente de Kosovo, parte muy pequeña de lo que fue la antigua Yugoslavia, con algo más de 10 mil kilómetros cuadrados.

oliverr@cantv.net