Hace veinte años, el buque petrolero Exxon Valdez derramó al menos 11 millones de galones de petróleo en las prístinas aguas de Prince William Sound, en Alaska. Las consecuencias del derrame fueron desastrozas y lo continúan siendo al día de hoy. El incidente tuvo un gran impacto en el medio ambiente y la economía. En lugar de considerarlo simplemente como un caso de contaminación, Riki Ott cree que el desastre del Exxon Valdez es una amenaza fundamental para la democracia estadounidense.
Ott, una toxicóloga marina y pescadora comercial de salmón, oriunda de Cordova, Alaska, comienza su libro sobre el desastre, “Not One Drop” (Ni una gota), con una cita de Albert Einstein: “Ningún problema puede ser solucionado con el mismo nivel de conciencia que lo generó”.
El masivo derrame se extendió 1.900 kilómetros desde el lugar del accidente, y cubrió 5.150 kilómetros de costa y un área de 25.900 kilómetros cuadrados en total. El 24 de marzo de 1989, Ott, que formaba parte del Consejo Directivo del Sindicato de Pescadores del Distrito de Córdova, estaba inspeccionando la escena desde el aire: “Era una escena surreal. Era simplemente maravilloso, marzo, el amanecer, las montañas de color rosado, brillando con la luz del sol. Y de repente, llegamos al lugar donde estaba la cubierta roja del buque petrolero, que es del largo de tres canchas de fútbol; el agua mansa, de color azul profundo; y esta mancha negra, como de tinta, que se extendía con la marea”.
La noticia del derrame se conoció en todo el mundo, y mucha gente se acercó a Valdez, Alaska para empezar la limpieza. La vida marina quedó devastada. Ott dice que hasta medio millón de pájaros marinos murieron, además de 5.000 nutrias marinas, 300 o más focas de Groenlandia y millones de salmones jóvenes, huevos de peces y peces jóvenes. La muerte de los huevos de peces provocó un impacto de largo plazo, aunque retardado, en la pesca de arenque y salmón en Prince William Sound. En 1993, la industria pesquera estaba en quiebra. Las familias perdieron su sustento luego de haber pedido grandes préstamos para comprar botes y permisos de pesca costosos. Aunque la pesca de salmón mejoró, los arenques nunca volvieron.
Esta situación económica desfavorable es una de las bases de la acción legal contra ExxonMobil, la mayor empresa petrolera del mundo. El complejo litigio se ha prolongado durante dos décadas, y ExxonMobil está ganando. Hay 22.000 actores que demandan a ExxonMobil. Un jurado le otorgó una indemnización de 5.000 millones de dólares a los demandantes por daños y perjuicios, que equivale a lo que eran, en aquel momento, las ganancias anuales de Exxon. Esta cifra fue reducida a la mitad por un Tribunal Federal de Apelaciones, y fue reducida finalmente a apenas poco más de 500 millones de dólares por la Corte Suprema. A lo largo de los 20 años de batallas judiciales, 6.000 de los demandantes originales murieron. ExxonMobil, con sus millonarias ganancias anuales y ejércitos de abogados, puede hacer que el caso de Valdez permanezca en los tribunales durante décadas, mientras los pescadores comerciales damnificados van muriendo de a poco.
El poder de ExxonMobil para librar una batalla contra decenas de miles de ciudadanos hizo que Ott se uniera al creciente número de activistas que quiere poner a las empresas en su lugar, quitándoles su estatus jurídico de “persona”. Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del siglo XIX le dio a las empresas el estatus de “personas”, brindándoles el acceso a protecciones amparadas por la Carta de Derechos. Irónicamente, este derecho surge de la “Cláusula de Protección Igualitaria” de la 14ª Enmienda, adoptada para proteger a los esclavos liberados de las opresivas leyes estatales luego de la Guerra Civil. Históricamente, las empresas eran habilitadas por los estados para realizar sus actividades. Los estados podían revocar el permiso de una empresa si esta inclumplía la ley o actuaba por encima de su habilitación.
Ricki Ott me dijo: “Durante los primeros cuarenta años luego de la aprobación de dicha ley, se presentaron 307 demandas, diecinueve por parte de afroestadounidenses, el resto por empresas. Y en ese momento, cuando la Décimocuarta Enmienda se aprobó para las empresas, surgió esto que se llama persona empresarial. Y la persona empresarial, a los ojos de la ley, puede tener acceso a derechos, derechos humanos, a la Carta de Derechos, a protecciones constitucionales. Eso está mal. La palabra “empresa” nunca aparece en la Constitución ni en la Carta de Derechos. Así es como perdimos la libertad de expresión. Aún tenemos, como pueblo, la Primera Enmienda, pero también la tienen las empresas”.
Se considera que la “libertad de expresión” de las empresas incluye realizar contribuciones a campañas políticas y hacer lobby en el Congreso. Las personas que inclumplen la ley pueden ser encerradas; cuando una empresa incumple la ley – aunque cometa un delito doloso, provocando la muerte – las consecuencias no suelen ser más que una multa, que la empresa puede cancelar mediante el pago de impuestos. Como expresa Ott: “Si la ley conocida como ‘la tercera es la vencida’ puede poner a alguien preso de por vida, ¿por qué no sucede lo mismo con las empresas?” La llamada reforma ‘tort’ del derecho estadounidense está erosionando la capacidad de los individuos de demandar a las empresas y la capacidad de los tribunales de valuar los daños y perjuicios, de modo tal que disuadiría a las empresas de cometer actos ilícitos.
Ott, junto con otras personas, redactaron una “28a Enmienda” de la Constitución que les quitaría el estatus de “persona” a las empresas, sometiéndolas a la misma supervisión que existía en los primeros 100 años de historia de Estados Unidos.
Con la actual crisis económica mundial y la creciente indignación pública por los excesos de los ejecutivos de AIG y de otros beneficiarios del rescate financiero, ahora podría ser el momento de ampliar el compromiso público para terminar con el desequilibrio de poder existente entre la gente y las empresas que ha socavado la democracia.
—————————————————
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
