En América Latina, si exceptuamos a Cuba, podemos señalar tres grandes categorías de gobiernos. En primer lugar, los gobiernos de derecha, aliados de Washington, que desempeñan un papel activo en la región y ocupan una posición estratégica: son los de Álvaro Uribe en Colombia, Alan García en Perú y Felipe Calderón en México.

En segundo lugar, hallamos presuntos gobiernos «de izquierda» que llevan a cabo una política neoliberal y apoyan a la burguesía nacional o regional en sus proyectos: Brasil, Uruguay, Chile, Nicaragua y el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, de los peronistas argentinos. Son gobiernos que hacen una política neoliberal, que favorece al gran capital, maquillada con algunas medidas de asistencia social. En efecto, doran un poco la píldora neoliberal aplicando programas sociales. Por ejemplo en Brasil, las familias pobres reciben un poco de ayuda del gobierno, lo que le asegura el apoyo popular en las regiones más pobres del país.

Algunos de estos gobiernos intentan mejorar sus relaciones con Washington, especialmente con el establecimiento de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Chile firmó uno y Lula, en Brasil, también busca un acuerdo con Washington en torno a una serie de asuntos políticos. Pero al mismo tiempo persisten grandes divergencias de opinión entre el gobierno de Lula y Estados Unidos. Dichas divergencias se refieren a la defensa de los intereses de la burguesía brasileña que conciernen a la agricultura y a una serie de sectores industriales, especialmente los dirigidos a la exportación, que no aceptan el proteccionismo de Estados Unidos.

En la tercera categoría de países se encuentran Venezuela, Bolivia y Ecuador, que se enfrentan con la oposición activa de importantes sectores de la clase capitalista local y de Washington. Cuba es, en sí misma, una cuarta categoría.

1. Características de las experiencias en curso en Venezuela, Ecuador y Bolivia

La importancia de las movilizaciones populares…

En cuanto a los países que conforman la tercera categoría, Venezuela, Bolivia y Ecuador, hay que señalar que únicamente podremos entender la política de estos países si tenemos en cuenta las potentes movilizaciones populares que jalonan su historia reciente. En Ecuador, cuatro presidentes de la derecha fueron devueltos a sus casas entre 1997 y 2005 gracias a las grandes movilizaciones de la población. En Bolivia surgieron importantes luchas contra la privatización del agua en abril de 2000 y a finales de 2004. Las movilizaciones relacionadas con el gas, en octubre de 2003, derrocaron e hicieron huir (a Estados Unidos) al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Venezuela, desde 1989, ha conocido importantes movilizaciones que inauguraron las grandes luchas sociales contra el Fondo Monetario Internacional, que se desarrollaron a escala planetaria en los años noventa. Pero fueron todavía más espectaculares las enormes movilizaciones populares del 12 de abril de 2002, manifestaciones espontáneas de protesta contra el golpe de Estado para derrocar a Hugo Chávez. Estas movilizaciones consiguieron, directamente, el regreso de Hugo Chávez al palacio presidencial de Miraflores el 13 de abril de 2002. Las grandes movilizaciones populares son un factor decisivo en la existencia y supervivencia de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

… y de la adopción democrática de nuevas constituciones

El segundo punto importante es la revisión de la Constitución. En 1999 en Venezuela, durante el primer mandato de Hugo Chávez, se adoptó por referéndum una nueva Constitución democrática (redactada por una Asamblea Constituyente). Dicha Constitución, que sigue actualmente en vigor, ha garantizado más derechos culturales, económicos y sociales a la mayoría de la población venezolana. Además, la propia Constitución estableció un mecanismo democrático que permite revocar, a media legislatura, a los cargos elegidos a todos los niveles (incluido el presidente de la República). La adopción de una nueva Constitución en Venezuela, posteriormente inspiró a los gobiernos de Bolivia y Ecuador. Ecuador adoptó una nueva Constitución en septiembre 2008 y Bolivia en enero 2009. ¡Son reformas efectivamente profundas! Esos cambios políticos democráticos que se están llevando a cabo en estos tres países no sólo se han silenciado sistemáticamente en los medios de comunicación de los países más industrializados y otros, sino que además dichos medios han orquestado una campaña constante de injurias con el fin de presentar a los jefes de Estado de los tres países como repulsivos dirigentes populistas y autoritarios.

Las experiencias de estos tres países andinos, en relación con la adopción de nuevas Constituciones, son muy ricas. Deberían inspirar a los pueblos y las fuerzas políticas de los demás países. Sólo hay que comparar la situación de Europa, con la ausencia de un procedimiento democrático para la aprobación del Tratado constitucional. Por supuesto, las experiencias en curso en Venezuela, Bolivia y Ecuador también tienen contradicciones y límites importantes que hay que analizar.

Recuperación del control público sobre recursos naturales

Un tercer punto importante: los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador tomaron medidas para reforzar el sector público y obtener el control de los recursos naturales. En Venezuela, el Estado tomó el control de la gran compañía petrolera PDVSA que, aunque era pública, favorecía los intereses privados y declaraba la mayoría de sus rentas en Estados Unidos. Fue una batalla muy dura. La clase capitalista organizó un golpe de Estado en abril de 2002 seguido de un cierre que paralizó la empresa en diciembre de 2002 y enero de 2003. El producto interior bruto de Venezuela se hundió en los primeros meses de 2003, pero finalmente el gobierno recuperó el control de la situación con el apoyo de la mayoría del pueblo. El Estado venezolano también ha conseguido el control de un importante campo de petróleo, la falla del Orinoco. En Venezuela, el Estado produce dos tercios del petróleo, y un tercio lo producen las grandes compañías petroleras. Pero actualmente el petróleo se explota en el marco de nuevos contratos negociados en los que el Estado recauda más rentas que antes. Hay que añadir otras nacionalizaciones: la producción y distribución eléctrica, las telecomunicaciones (CANTV), la siderurgia (SIDOR, que cuenta con 15.000 trabajadores), el sector del cemento y algunas empresas de producción alimentaria (Cargill). Sin olvidar la reforma agraria, dirigida a entregar la tierra a quienes la trabajan.

Bolivia nacionalizó el petróleo y la producción de gas en 2006. Evo Morales envió al ejército para controlar los campos petroleros, pero las multinacionales siguen estando activas ya que son ellas las que extraen el petróleo y el gas. Claramente, el Estado es el propietario de las riquezas naturales, pero son las grandes multinacionales quienes explotan el petróleo y el gas. De ahí la importancia estratégica de los acuerdos entre Venezuela y Bolivia, que permitirán a Bolivia reforzar una compañía petrolera pública para extraer y refinar el petróleo y el gas. Bolivia no tiene refinería; las que tiene Ecuador son insuficientes. Bolivia y Ecuador exportan petróleo e importan combustible y otros productos refinados. De ahí, también en esto, la importancia de acuerdos estratégicos entre Venezuela, Ecuador y Bolivia para reforzar la autonomía de los dos últimos.

Lo que Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen en común con la segunda categoría de países (Brasil, Uruguay, Chile, Argentina), es una política determinada de programas de asistencia pública. No se trata de rechazar pura y simplemente estas medidas, pero es totalmente necesario promover la creación de puestos de trabajo, subir fuertemente los salarios y garantizar más derechos sociales y económicos para los asalariados, campesinos, artesanos, comerciantes, pensionistas y otros subsidiados sociales. Venezuela y Bolivia han avanzado en esta dirección pero todavía queda mucho que hacer.

Ecuador: ¿estarán a la altura de las expectativas suscitadas por la auditoría?

Ecuador emprendió una importante iniciativa relacionada con la deuda pública. Rafael Correa creó, en julio de 2007, la Comisión de auditoría integral de la deuda pública interna y externa (CAIC). Era una comisión compuesta por doce miembros de los movimientos sociales y ONG de Ecuador, seis miembros de campañas internacionales para la anulación de la deuda del Tercer Mundo (formé parte de la Comisión como representante del CADTM) y cuatro representantes del Estado (el ministerio de Hacienda, el Tribunal de Cuentas, la Comisión anticorrupción y la fiscalía general). Lo que es interesante, es que aquí no se habla de representantes de la sociedad civil (que incluye a las asociaciones patronales, por ejemplo), sino de delegados de los movimientos sociales como el movimiento indígena (CONAIE) y otros movimientos sociales radicales de Ecuador. Esta Comisión que se reunió por primera vez los días 23 y 24 de julio de 2007 presentó su informe final al presidente Rafael Correa el 23 de septiembre de 2008 y al público el 20 de noviembre 2008. Las recomendaciones que yo apoyaba dentro de la comisión no fueron seguidas por el Gobierno [3] . Mi posición era abogar por un acto soberano de declaración de nulidad de las deudas identificadas como nulas. Un acto soberano existe en el derecho internacional y no pasa por una negociación, sino por un acto unilateral. También yo proponía combinar eso con enjuiciar en el país a los responsables, extranjeros o nacionales, del endeudamiento fraudulento, ilegítimo.

Ecuador representa, por lo tanto, un ejemplo de un gobierno que adopta la decisión soberana de investigar el proceso de endeudamiento con el fin de identificar las deudas ilegítimas y el objetivo anunciado del no pago de dichas deudas. La elección de Rafael Correa a la presidencia modificó la correlación de fuerzas e hizo converger sobre este país la atención tanto de los gobiernos de los países ricos, como de las instituciones multilaterales, los mercados financieros, los gobiernos latinoamericanos y los movimientos altermundialistas. Todos acechan y se preguntan, unos con esperanza y otros con temor, qué medidas adoptará el gobierno de Correa en materia de endeudamiento: ¿estarán a la altura de las expectativas suscitadas por la auditoría? Nada está garantizado de antemano, Rafael Correa y su gobierno pueden dudar, como tantos otros gobiernos, y no ser lo suficientemente audaces. Un elemento decisivo será la capacidad que tenga la población de transformarse en agente directo del cambio.

Los tratados de comercio entre los pueblos

En oposición a los tratados de libre comercio que firman algunos países de América Latina con Estados Unidos o la Unión Europea, merecen destacarse los nuevos acuerdos que se firmaron entre los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Cuba. Hay que citar, por ejemplo, los 20.000 médicos cubanos que van a trabajar voluntariamente en Venezuela para proporcionar medicina gratuita, prioritariamente en los barrios pobres, o las 40.000 operaciones de cataratas u otros problemas oftalmológicos, de las que se beneficiaron gratuitamente los ciudadanos venezolanos en hospitales cubanos. A cambio, principalmente en forma de trueque, Venezuela proporciona petróleo a Cuba. El mismo tipo de acuerdos se aplica entre Venezuela y Bolivia. El otro elemento positivo en cuanto a la integración es la continuación de la ampliación del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas). Al comienzo incluía a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En 2008, se ha extendido a Honduras y a la isla Dominica. Y se puede comprobar, desde hace unos meses, un acercamiento prudente de Ecuador.

En conclusión de esta primera parte, las experiencias que se llevan a cabo en estos países son muy diferentes de la imagen caricaturesca y negativa que presentan la mayoría de los medios de comunicación. Los procesos en curso son complejos y a veces contradictorios, los retrocesos son posibles, incluso probables; quizás los gobiernos no puedan llegar lo suficientemente lejos en las transformaciones políticas y sociales a favor del pueblo. La desestabilización orquestada por las clases dominantes locales y Washington puede ralentizar el proceso en curso. Las vacilaciones de los gobiernos pueden desembocar sobre más de lo mismo. Claudio Katz subraya una evolución posible: “La trayectoria seguida por la revolución mexicana ilustra otro desemboque posible de los procesos nacionalistas actuales. Este acontecimiento fue celebrado oficialmente durante décadas como un hito de la emancipación, pero en los hechos permitió la gestación desde el estado de una clase capitalista. Muchos relatos han ilustrado cómo los próceres revolucionarios se enriquecieron con los fondos públicos a costa de la mayoría popular.

Esta duplicidad entre el mito liberador y la realidad opresiva dominó durante décadas la vida política mexicana y debe ser observada con atención en Venezuela, Bolivia y Ecuador. La creación de un segmento de privilegiados -desde las propias entrañas de un proceso liberador- constituye uno de los grandes peligros que afrontan los procesos radicales de los tres países. ” [4]

2. Cuando los movimientos de izquierda llegan al gobierno no tienen el poder

Es el caso ecuatoriano, como también lo fue el de Allende en el Chile de los 70, el de Hugo Chávez en Venezuela, el de Evo Morales, es el caso de cualquier gobierno de izquierda en una sociedad capitalista. Un frente electoral o un partido de izquierda llega al gobierno, pero no al poder, porque el poder económico, está en manos de la clase capitalista (grupos financieros, industriales, agrupaciones de bancos, medios de comunicación, de comercio, etc.). Esta clase capitalista tiene el poder económico. Además tiene el Estado, el aparato de la justicia, los ministerios de Economía y finanzas. Esta clase controla los medios de comunicación. En el Ecuador como en Bolivia o Venezuela, si el gobierno quiere realmente cambios estructurales, tiene que entrar, en un momento dado, en conflicto con el poder económico para quitar el control de la clase capitalista sobre los medios de producción, de servicio y de comunicación. Las tensiones están dadas, pero los cambios estructurales no se han dado a nivel económico.

Hagamos una comparación histórica.

Cuando la burguesía tomó el poder político en Francia gracias a la revolución de 1789, ella ya tenía el poder económico. Los capitalistas franceses del siglo 18, antes de conquistar el poder político, se habían ya convertido en acreedores del rey de Francia y en dueños del poder económico .

A diferencia de la burguesía, el pueblo no puede comenzar a gestar otra sociedad, sin ejercer directamente el poder del Estado. La repetición del paulatino ascenso que realizaron los primeros industriales y financistas bajo el feudalismo resulta inviable para el pueblo, que no acumula riquezas, no controla empresa, ni administra bancos.

Es desde el poder político que el pueblo puede empezar las transformaciones al nivel de la estructura económica así como empezar la creación de un nuevo tipo de Estado.

A este nivel es fundamental iniciar una relación interactiva entre un gobierno de izquierda y el pueblo que tiene que fortalecer su nivel de autoorganización construyendo desde abajo estructuras del poder popular.

Esta relación interactiva, dialéctica, puede ser conflictiva si el gobierno vacila en tomar las medidas que reclaman las bases.

La presión de las bases es vital para convencer a un gobierno de izquierda de profundizar el proceso de cambios estructurales a favor de una redistribución radical de la riqueza a favor de las y los que la producen.

3. Entre los sectores de izquierda, se discuten dos opciones cuando se trata de pensar en términos de cambios. Algunos buscan la superación de la fase neoliberal recuperando un desarrollo regulado por la acción estatal, otros defienden una ruptura socialista.

El primer esquema lo ponen en práctica organizaciones de izquierda o el partido peronista que están en el gobierno. Es la política, por ejemplo, de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil; esa misma política también es la aplicada por Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, etc. En Argentina, hace dos meses, el gobierno de Cristina Fernandez renacionalizó los fondos de pensión. Entonces vemos que las políticas correspondientes a la primera opción que usted ha mencionado en su pregunta están siendo puestas en práctica. Pero ellas no permiten responder, en mi opinión, al desafío que presenta la crisis global. Se puede constatar que esta práctica política mantiene la dominación de la sociedad capitalista en la que el Estado interviene como bombero para apagar el incendio provocado por la crisis global del capitalismo.

La segunda opción, que propone una verdadera ruptura socialista se encuentra aún en estado de propuesta. No puedo citar gobiernos actualmente en el poder, que pongan en práctica de manera coherente esta orientación, aunque algunos de ellos, como los de Hugo Chávez o de Evo Morales, actúan parcialmente en esta dirección. Sus discursos son de ruptura socialista, pero sus prácticas son más moderadas que el contenido de sus discursos. Entonces, ¿será que el esquema más radical es posible? Ciertamente que lo es. Pero implica profundas movilizaciones sociales para dar prioridad a un verdadero proceso revolucionario como el que triunfó en Cuba hace 50 años, el 1º de enero de 1959. Durante los años que siguieron a la victoria de la revolución cubana, se asistió en la isla a intensas mutaciones: una profunda redistribución de la riqueza en beneficio de la población, la pérdida por parte de los capitalistas de la propiedad de los medios de producción, de servicio y de comunicación, un proceso de democratización. Más tarde, Cuba, sometida al bloqueo de los Estados Unidos y a la influencia soviética, cambió parcialmente de dirección. Pero es imposible olvidar el poderoso impulso revolucionario del comienzo. No veo por qué, frente a esta crisis capitalista global, no puedan aparecer en el futuro, explosiones revolucionarias como las que ocurrieron en Cuba.

4. La situación actual no es simplemente una crisis económica o financiera, la cuestión es mucho más profunda. ¿En qué sentido este enmarañado global tiene que ver también con la crisis de la izquierda?

Existe, en efecto, una crisis de gestión social liberal. Hago referencia a la política del gobierno Lula, a la política del gobierno Zapatero en España, o a la de Gordon Brown, en Gran Bretaña. Hay una crisis profunda, el pueblo que votó para colocar a estos gobiernos en el poder esperaba de ellos otro tipo de política. Es necesario recordar de la elección de Lula, que el programa con el que fue electo en 2002 anunciaba una verdadera ruptura con las políticas neoliberales (no hablo de ruptura con el capitalismo). Al contrario de una ruptura asistimos a una continuidad de las políticas neoliberales. Por tanto, la crisis de credibilidad de la izquierda forma parte de la crisis global.

Además, es claro que las dramáticas experiencias del “socialismo real” del siglo pasado pesan igualmente. En la memoria colectiva, perdura la idea de que el socialismo está asociado con una estatización completa de la economía, con la dominación de un partido único y con la ausencia de verdaderas libertades democráticas.

Resumiendo, se tiene por un lado un balance muy negativo de la gestión social liberal, o sea la política socialdemócrata, y por otro lado un balance desastroso de la gestión estalinista del “socialismo real” que dominó la experiencia del bloque soviético en el siglo XX. Todavía no se superó la crisis de credibilidad. Es esto lo que está en juego en el debate de los que algunos llaman el socialismo del siglo XXI.

El socialismo del siglo XXI debe constituir una respuesta profundamente democrática y autodirigida a las experiencias negativas del pasado. No se trata entonces de reproducir lo que fue hecho en el transcurso del siglo XX. Se trata, frente a esta crisis global del sistema capitalista, con este aspecto de una crisis de civilización, de responder igualmente a la crisis de la izquierda. Se necesita de una nueva política anticapitalista, socialista y revolucionaria, que integre obligatoriamente una dimensión feminista, ecologista, internacionalista, antirracista. Es necesario que esas diferentes dimensiones sean integradas de manera coherente y tomadas en cuenta integralmente en los proyectos del socialismo del siglo XXI.

5. ¿Cuáles son las propuestas de la izquierda frente a la crisis financiera global?

Hay dos respuestas diferentes de la izquierda. Está la izquierda que aplica una política social liberal: Lula, Gordon Brown, Zapatero... Esta política no es muy diferente a la de Sarkozy en Francia, ni siquiera a la de Berlusconi en Italia, o la de Bush al que sucedió Barak Obama. Es una política de salvamento de banqueros: gastar una enorme cantidad de dinero público para mantener un sistema bancario privado completamente dominado por grandes sociedades financieras capitalistas. Bien, esa es la respuesta de la izquierda que está en el poder y en la que se asemeja fuertemente a una política de derecha. En el ejemplo que acabo de dar, no se puede distinguir realmente una diferencia entre la política de Gordon Brown y la de Sarkozy. No se pueden tampoco diferenciar la política de Lula respecto al sistema financiero privado en Brasil de la política de Sarkozy en Francia.

Pero existe una segunda opción de izquierda. Sus propuestas figuran en la declaración adoptada en Caracas el 10 de octubre de 2008, en el curso de una conferencia internacional denominada “Respuesta del Sur frente a la crisis económica mundial” cuyo texto integral puede encontrarse en numerosos sitios de Internet, particularmente en el del CADTM [5] . Esa declaración final de Caracas solicita la nacionalización del sector bancario. La nacionalización significa que se transfiere el sector bancario del sector privado al sector público. Debe tratarse de una nacionalización sin indemnización. Quiere decir que el Estado toma posesión del sector bancario sin indemnizar a los grandes accionistas. Es preciso ir más lejos, en la medida en que los grandes accionistas y los administradores de los bancos siguieron una política que es responsable de la crisis financiera global y, principalmente, de la quiebra de una serie de bancos.

Medidas para enfrentar la crisis

Se trata, para el Estado que nacionaliza estos bancos, de recuperar el costo de la operación tomándolo del patrimonio de los grandes accionistas y administradores de esas sociedades. Es preciso adoptar otras medidas para enfrentar a la crisis. Es precisa, por ejemplo, como medida de urgencia, una reducción radical del tiempo de trabajo de los asalariados sin pérdida de salario. Entonces, es necesario repartir el trabajo disponible en nuestra sociedad, dando empleo a muchas más personas que antes y permitir a los que hoy trabajan que trabajen menos, pero sin que sea modificado su salario. Tanto en el caso en que se garantice el salario a los que hoy trabajan como en le caso en que se dé trabajo a los que no lo tienen, evidentemente aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores y la economía puede recuperarse. Es una política de urgencia que tiene varias ventajas. Tiene la ventaja de dar trabajo a los que no lo tienen, de aumentar las contribuciones pagadas por los trabajadores y empleadores así como la de garantizar la financiación de las jubilaciones. Puede permitir también tener ingresos para pagar las asignaciones sociales a las personas desempleadas y de alimentar un fondo para la famosa asignación universal (denominada también Renta Básica) que es evocada en muchos países.

Sería preciso, entonces, como medida más estructural, terminar con el control privado sobre los grandes medios de producción, de comercio y de crédito, así como los sectores de la cultura y la información. Hoy los grandes medios de producción, de comunicaciones, y de servicios están en manos del capital privado. Sería necesario transferir el control y la propiedad de estos grandes medios de producción, de comercio y de servicios (incluidos los medios de comunicación) al sector público. Y combinar el control público y la propiedad pública de los grandes medios de producción con otras formas de propiedad: la pequeña propiedad privada y familiar en el sector agrícola, en la artesanía o en los servicios. Por ejemplo los electricistas, los plomeros, el comercio minorista, los restaurantes, todo un conjunto de oficios muy importantes para la vida cotidiana, en la que es muy normal tener una pequeña propiedad individual. Es necesario desenvolver también otras formas de propiedad como la propiedad cooperativa, la propiedad comunitaria; y proteger la forma tradicional de propiedad de los pueblos indígenas. Es preciso también, en lo que concierne a la propiedad pública, tener un control ciudadano, un control democrático sobre el sector público. Si se realizan esas reformas estructurales, se conseguiría una ruptura radical con el sistema capitalista. Serían necesarias una serie de otras medidas para responder a las diferentes dimensiones de la crisis global.

Para responder a los cambios climáticos y a otros aspectos de la crisis ecológica, son necesarias medidas radicales para reducir la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. Para resolver la crisis alimentaria sería preciso, es claro, poner en práctica una política de soberanía alimentaria para garantizar que, en cada país, los productores locales puedan satisfacer la demanda de la población sin recurrir a la importación de alimentos provenientes del mercado mundial. Estas son algunas propuestas de reforma radical, revolucionaria, del sistema.

Esta opción radical de izquierda ha sido también expresada recientemente con fuerza durante el Foro Social Mundial que tuvo lugar en Belén a finales de enero de 2009. La declaración aprobada en Belén por la Asamblea de los Movimientos Sociales (AMS) comprende una posición de fondo en términos de diagnóstico de la crisis del sistema capitalista y de posicionamiento sobre la salida de esta crisis. El título y el subtítulo sintetizan muy bien el carácter de esta declaración: «¡No pagaremos la crisis! ¡Que la paguen los ricos! Por las alternativas antiimperialistas, anticapitalistas, antirracistas, feministas, ecologistas y socialistas!»

Por lo tanto, esta declaración tiene un carácter programático en lo que concierne a la alternativa. Para ser más preciso, la declaración indica que la crisis del capitalismo no podrá resolverse, desde el punto de vista de los intereses de los oprimidos, si nos limitamos a restaurar algunos mecanismos de regulación. La solución a la crisis implica una ruptura con el sistema capitalista: «Para hacer frente a esta crisis es necesario ir a la raíz de los problemas y avanzar los más rápidamente posible hacia la construcción de una alternativa radical que erradique el sistema capitalista y la dominación patriarcal.» [6]

Por otra parte, esta declaración expresa unas reivindicaciones inmediatas para hacer frente a la crisis: «Debemos luchar para impulsar la más grande movilización popular por una serie de medidas urgentes tales como:

-La nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control social
-Reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario
-Medidas para garantizar la soberanía alimentaría y energética
-Poner fin a las guerras, retirar las tropas de ocupación y desmantelar las bases militares extranjeras
-Reconocer la soberanía y autonomía de los pueblos, garantizando el derecho a la autodeterminación
-Garantizar el derecho a la tierra, territorio, trabajo, educación y salud para todas y todos » [7]

Finalmente, este texto propuso un calendario global unificador, en particular para la semana de acción mundial del 28 de marzo al 4 de abril 2009.

Si leemos las declaraciones aprobadas por la mayoría de las 11 asambleas temáticas que se reunieron en la mañana del 1° de febrero, comprobamos que, de manera repetida, la crisis fue analizada como una crisis del capitalismo. Es particularmente asombroso cuando se lee la declaración de los pueblos indígenas, la de los movimientos contra la guerra o la de la asamblea de mujeres «Frente a estas crisis, las respuestas paliativas basadas todavía en la lógica del mercado no nos interesan. Eso sólo puede llevar a una supervivencia del sistema. Nosotras necesitamos avanzar en la construcción de alternativas (...) para oponernos al sistema patriarcal y capitalista que nos oprime y nos explota.» [8]

La declaración de los pueblos indígenas expresa, con palabras similares a la declaración de la AMS, reivindicaciones por una alternativa antirracista, antimachista, respetando la madre tierra y socialista. He aquí un extracto de la declaración: «Esta crisis de modelo de desarrollo capitalista, eurocéntrico, machista y racista es total y nos lleva a la mayor crisis socio ambiental climática de la historia humana. La crisis financiera, económica, energética, productiva agrava el desempleo estructural, la exclusión social, la violencia racista, machista y el fanatismo religioso, todo junto a la vez. Tantas y tan profundas crisis al mismo tiempo configuran una auténtica crisis civilizatoria, la crisis del “desarrollo y modernidad capitalista” que ponen en peligro todas las formas de vida. Pero hay quienes siguen soñando con enmendar este modelo y no quieren asumir que lo que está en crisis es el capitalismo, el eurocentrismo, con su modelo de Estado Uni-Nacional, homogeneidad cultural, derecho positivo occidental, desarrollismo y mercantilización de la vida.» [9]

Mientras que algunos movimientos sociales o campañas, especialmente europeos, vacilan, o incluso son netamente reticentes a hablar de una alternativa socialista, la asamblea de los pueblos indígenas lo expresa de forma totalmente explícita.

6. ¿Qué está ocurriendo con la izquierda mundial? Existe una laguna bastante grande entre la teoría y la práctica del pensamiento político de la izquierda

La izquierda mundial atraviesa una crisis profunda debido a su historia. La historia de la corriente socialdemócrata es una derrota profunda, pues se adaptó a la sociedad capitalista. El fracaso de la izquierda, es también la de la izquierda estalinista, o sea la experiencia que dominó las tentativas de construcción del socialismo en la Unión Soviética y en China. Fue también una profunda derrota porque la verdadera democracia basada en la autogestión no fue respetada en el sentido de que la burocracia en el poder en esos países quería estatizar todo y dominar todo a partir del Estado. ¡Fue un profundo error! El socialismo no es el control de toda la economía por parte del Estado. La profunda crisis de la izquierda está relacionada, en cierta forma, a una deformación de las propuestas de los socialistas, de los comunistas como Karl Marx y Friedrich Engels. Karl Marx decía que la sociedad a la que aspiramos, el comunismo, es la asociación libre de productores libres. Decía también que la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores. Marx agregaba que el Estado, en el socialismo, debía tender a desaparecer. Y el socialismo es la transición entre el capitalismo y el comunismo (que implica la extinción del Estado). En el socialismo, el Estado aún existe, pero existe en forma provisoria y debe apuntar a su propia desaparición.

Pero, ¿en qué consistió la experiencia soviética? En vez de provocar la desaparición del Estado, el partido comunista, bajo la dirección de Stalin, reforzó como nunca al Estado, y prohibió toda una serie de expresiones democráticas. Fue una profunda perversión del proyecto socialista que, al contrario, es profundamente democrático. Si tomamos la experiencia de los socialistas, a los que llamo socialdemócratas, Lula, Daniel Ortega de Nicaragua, Zapatero y Gordon Brown tampoco están a favor de la desaparición del Estado. Están a favor del mantenimiento del Estado capitalista que regula un poquito la actividad del capital.

La izquierda que está en el poder y que dominó en el pasado traicionó al verdadero proyecto liberador y emancipador del socialismo. Esas son, por tanto, las razones profundas de la crisis de la izquierda.

Hay una izquierda radical y revolucionaria que defiende el proyecto socialista original; que intenta, a partir de una actividad en los movimientos sociales, fortalecerlo a través de diferentes medios. Esta izquierda radical participa también en las campañas electorales. Intenta colocar parlamentarios que dirijan una lucha anticapitalista en las instituciones parlamentarias, ligada a una perspectiva de ruptura, no en una de adaptación al sistema. La idea es la de favorecer una auténtica revolución, una transformación radical de las relaciones de propiedad y de las relaciones sociales en la sociedad.

7. Las líneas maestras del marxismo fueron distorsionadas respecto de lo que realmente querían expresar ¿Cómo queda la cuestión ecológica actual dentro del pensamiento marxista?

En relación con el proyecto socialista, tal como fue concebido por Karl Marx en el transcurso del siglo XIX, es necesario puntualizar que, entre las dimensiones que Marx estudió, algunas no se desarrollaron o no se desarrollaron suficientemente. La importante dimensión feminista, que cuestiona el sistema de dominación patriarcal, y la dimensión ecologista no fueron desarrolladas por Marx, aunque tuviese una percepción, un proyecto emancipador que integrase al hombre con la naturaleza. Marx consideraba a la humanidad como parte de la naturaleza. No hay, en Marx , una dicotomía entre el hombre o la humanidad por un lado y la naturaleza por otro. Por lo tanto podemos decir que en la percepción de Marx había una concepción que preparaba el camino para incorporar los problemas ecológicos.

Los aspectos ecológicos actuales son la herencia de un poco más de dos siglos de aplicación del modo de producción capitalista y productivista con la destrucción y deprecio por la naturaleza. Así que, para ser exhaustivo en la crítica, es preciso decir que la experiencia del “socialismo real” del siglo XX (sea en la URSS o en la China maoísta) fue también profundamente negativa en términos ecológicos. Hubo un desarrollo brutal y agresivo con un modo de producción que contribuyó en esos países a destruir la naturaleza de la misma manera que el capitalismo en los países de Europa Occidental, América del Norte, o Japón.

Es preciso romper con la distancia que hay entre la teoría y la práctica. Es necesario retornar a la teoría en lo que ella tiene de revolucionario e innovador. Es preciso integrar a las contribuciones de Marx la reflexión sobre los problemas de la sociedad de hoy, como la cuestión ecológica. La dimensión feminista es también fundamental. Las mujeres emprenden desde hace siglos un combate por la igualdad. Había mujeres dirigentes revolucionarias bien antes que apareciese Marx, especialmente dirigentes revolucionarias que participaron activamente en la Revolución Francesa de 1789 y que avanzaban ya en esa época reivindicaciones feministas. Pero el movimiento feminista se desarrolló principalmente, y colocó el tema de la dominación patriarcal, en los últimos 60 años y hoy tiene un proyecto revolucionario. Por eso esta dimensión feminista debe absolutamente ser integrada.

8. Además de las cuestiones económicas y políticas, percibimos, en este momento de crisis, que un nuevo paradigma energético y ecológico se considera urgente e indisociable con la superación de los problemas. ¿La izquierda aún no percibió la gravedad de esas cuestiones?

Al contrario. Pienso que la izquierda radical tuvo en cuenta perfectamente la gravedad de esas cuestiones. Es por eso que propone una alternativa feminista, ecologista, antirracista, anticapitalista y socialista. Y la dimensión ecologista es extremadamente importante y por eso esta izquierda radical habla de “ecosocialismo”, noción que conjuga ecología con socialismo. Sin embargo, la izquierda social liberal o socialdemócrata que está en el poder no tuvo en cuenta la magnitud de la crisis ecológica. Por eso es posible constatar que durante la gestión social liberal de Lula en Brasil se continuó destruyendo la Amazonia al mismo ritmo que en el gobierno de Fernando Enrique Cardoso y sus antecesores. En el transcurso de los últimos cinco años de la gestión de Lula, se desforestó en la Amazonia una superficie equivalente al territorio de Venezuela. Y si tomamos como ejemplo otros gobiernos de izquierda tradicional como los de Gordon Brown o Zapatero en Europa, se nota exactamente la misma incapacidad para tener en cuenta la magnitud de la crisis ecológica. Entonces, mi respuesta a esta última pregunta es: la izquierda radical tiene en cuenta esta crisis ecológica y propone una respuesta ecosocialista mientras que la izquierda tradicional continúa y refuerza el modo de producción productivista matizado con un color verde sin, de manera alguna, adoptar las medidas radicales que se imponen.

9. América latina y Caribe: Se debe aprender las lecciones del siglo XX para aplicarlas en este comienzo de siglo

Durante la década de los 1930 que siguió la crisis que estalló en Wall Street en 1929, hubo 12 países de Latinoamérica que fueron directamente afectados y que, en consecuencia, suspendieron de manera prolongada el reembolso de sus deudas externas contraídas, principalmente, con banqueros de América del Norte y de Europa occidental. Algunos de ellos, como Brasil y México, impusieron a sus acreedores, diez años más tarde, una reducción de entre el 50 y el 90% de su deuda. México fue el país que llevó más lejos las reformas económicas y sociales. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la industria del petróleo fue completamente nacionalizada sin que por ello los monopolios norteamericanos fueran indemnizados. Además, 16 millones de hectáreas fueron también nacionalizadas y retornadas en su mayor parte a la población indígena bajo la forma de bienes comunales. En el transcurso de los años treinta y hasta mediados de los sesenta, varios gobiernos latinoamericanos llevaron a cabo políticas públicas muy activas con el fin de conseguir un desarrollo parcialmente autocentrado, conocidas más tarde con el nombre de modelo de industrialización por substitución de importaciones (ISI). Por otra parte, a partir de 1959, la revolución cubana intentó dar un contenido socialista al proyecto bolivariano de integración latinoamericana. Este contenido socialista despuntaba ya en la revolución boliviana de 1952. Fue necesaria la brutal intervención estadounidense, apoyada por las clases dominantes y las fuerzas armadas locales, para terminar con el ciclo ascendente de emancipación social de este período. Bloqueo de Cuba desde 1962, junta militar en Brasil desde 1964, intervención estadounidense en Santo Domingo en 1965, dictadura de Banzer en Bolivia en 1971, golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973, instalación de las dictaduras en Uruguay y en Argentina. El modelo neoliberal fue puesto en práctica primero en Chile, con Pinochet y la ayuda intelectual de los Chicago boys de Milton Friedman, y luego se impuso en todo el continente, favorecido por la crisis de la deuda que estalló en 1982. A la caída de las dictaduras en los años ochenta, el modelo neoliberal continuó vigente gracias principalmente a la aplicación de los planes de ajuste estructural y del Consenso de Washington. Los gobiernos de Latinoamérica fueron incapaces de formar un frente común, y la mayoría aplicó con docilidad las recetas dictadas por el Banco Mundial y el FMI. Esto acabó produciendo un gran descontento popular y una recomposición de las fuerzas populares que condujo a un nuevo ciclo de elecciones de gobiernos de izquierda o de centro izquierda, comenzando por Chávez en 1998, que se comprometió a instaurar un modelo diferente basado en la justicia social.

En este comienzo del siglo, el proyecto bolivariano de integración de los pueblos de la región ha tenido un nuevo impulso. Si se quiere llevar más lejos este nuevo ciclo ascendente es necesario aprender las lecciones del pasado. Lo que le faltó, en particular, a Latinoamérica durante las décadas de 1940 a 1970 fue un auténtico proyecto de integración de las economías y de los pueblos combinado con una verdadera redistribución de la riqueza en favor de las clases trabajadoras. Ahora bien, es vital tener conciencia de que hoy en Latinoamérica existe una disputa entre dos proyectos de integración, que tienen un contenido de clase antagónico. Las clases capitalistas brasileña y argentina (las dos principales economías de América del Sur) son partidarias de una integración favorable a su dominación económica sobre el resto de la región. Los intereses de las empresas brasileñas, sobre todo, así como de las argentinas, son muy importantes en toda la región: petróleo y gas, grandes obras de infraestructuras, minería, metalurgia, agrobusiness, industrias alimentarias, etc. La construcción europea, basada en un mercado único dominado por el gran capital, es el modelo que quieren seguir. Las clases capitalistas brasileña y argentina quieren que los trabajadores de los diferentes países de la región compitan entre sí, para conseguir el máximo beneficio y ser competitivos en el mercado mundial. Desde el punto de vista de la izquierda, sería un trágico error recurrir a una política por etapas: apoyar una integración latinoamericana según el modelo europeo, dominada por el gran capital, con la ilusoria esperanza de darle más tarde un contenido socialmente emancipador. Tal apoyo implica ponerse al servicio de los intereses capitalistas. No hay que entrar en el juego de los capitalistas, intentando ser el más astuto y dejando que éstos dicten sus reglas.

El otro proyecto de integración, que se inscribe en el pensamiento bolivariano, quiere dar un contenido de justicia social a la integración. Esto implica la recuperación del control público sobre los recursos naturales de la región y sobre los grandes medios de producción, de crédito y de comercialización. Se debe nivelar por arriba las conquistas sociales de los trabajadores y de los pequeños productores, reduciendo al mismo tiempo las asimetrías entre las economías de la región. Hay que mejorar sustancialmente las vías de comunicación entre los países de la región, respetando rigurosamente el ambiente (por ejemplo, desarrollando el ferrocarril y otros medios de transporte colectivos antes que las autopistas). Hay que apoyar a los pequeños productores privados en numerosas actividades: agricultura, artesanado, comercio, servicios, etc. El proceso de emancipación social que persigue el proyecto bolivariano del siglo xxi pretende liberar la sociedad de la dominación capitalista apoyando las formas de propiedad que tienen una función social: pequeña propiedad privada, propiedad pública, propiedad cooperativa, propiedad comunal y colectiva, etc. Así mismo, la integración latinoamericana implica dotarse de una arquitectura financiera, jurídica y política común.

Los países de Latinoamérica han acumulado cerca de 400.000 millones de dólares en reservas de cambio. Es una suma no despreciable, que está en manos de los Bancos Centrales latinoamericanos, y que debe ser utilizada en este momento oportuno para favorecer la integración regional y blindar al continente frente a los efectos de la crisis económica y financiera que se desarrolló en América del Norte y Europa, y que afecta ya a todo el planeta. Lamentablemente, no hay que hacerse ilusiones: Latinoamérica está en vías de perder un tiempo precioso, mientras los gobiernos prosiguen, más allá de la retórica, una política tradicional: firma de acuerdos bilaterales sobre inversiones, aceptación o continuación de negociaciones sobre ciertos tratados de libre comercio, utilización de las reservas de cambio para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos (es decir, prestarle capital a la potencia dominante) o credit default swaps cuyo mercado se ha hundido con Lehman Brothers, AIG, etc., pago anticipado al FMI, al Banco Mundial y al Club de París, aceptación del tribunal del Banco Mundial (CIADI) para resolver los diferendos con las transnacionales, continuación de las negociaciones comerciales en el marco de la agenda de Doha, mantenimiento de la ocupación militar de Haití. Después de un ruidoso y prometedor arranque en el 2007, las iniciativas anunciadas en materia de integración latinoamericana parecen haberse frenado en el 2008.

En cuanto al lanzamiento del Banco del Sur, éste lleva mucho retraso. Las discusiones no se profundizan. Hay que salir de la confusión y dar un contenido claramente progresista a esta nueva institución, cuya creación fue decidida en diciembre del 2007 por siete países de América del Sur. El Banco del Sur tiene que ser una institución democrática (un país, un voto) y transparente (auditoría externa). Antes que financiar con dinero público grandes proyectos de infraestructura, pocos respetuosos del ambiente, realizados por empresas privadas, cuyo objetivo es obtener el máximo beneficio, se debe apoyar los esfuerzos de los poderes públicos para promover políticas tales como la soberanía alimentaria, la reforma agraria, el desarrollo de la investigación en el campo de la salud y la implantación de una industria farmacéutica que produzca medicamentos genéricos de alta calidad; reforzar los medios de transporte colectivo ferroviario; utilizar energías alternativas para limitar el agotamiento de los recursos naturales; proteger el ambiente; desarrollar la integración de los sistemas de enseñanza...

Al contrario de lo que muchos creen, el problema de la deuda pública no se ha resuelto. Es verdad que la deuda pública externa se ha reducido, pero ha sido sustituida por una deuda pública interna que, en ciertos países, ha adquirido proporciones totalmente desmesuradas (Brasil, Colombia, Argentina, Nicaragua, Guatemala), a tal punto que desvía hacia el capital financiero parasitario una parte considerable del presupuesto del Estado. Es muy conveniente seguir el ejemplo de Ecuador, que estableció una comisión de auditoría integral de la deuda pública externa e interna, a fin de determinar la parte ilegítima, ilícita o ilegal de la misma. En un momento en el que, tras una serie de operaciones aventuradas, los grandes bancos y otras instituciones financieras privadas de Estados Unidos y de Europa borran unas deudas dudosas por un monto que supera largamente la deuda pública externa de Latinoamérica con ellos, hay que constituir un frente de países endeudados para obtener la anulación de la deuda.

Se debe auditar y controlar estrictamente a los bancos privados, porque corren el peligro de ser arrastrados por la crisis financiera internacional. Hay que evitar que el Estado sea llevado a nacionalizar las pérdidas de los bancos, como ya ha pasado tantas veces (Chile bajo Pinochet, México en 1995, Ecuador en 1999-2000, etc.). La nacionalización debe hacerse sin indemnizaciones y, en caso de salvataje, ejerciendo el derecho de reparación (repetición) sobre el patrimonio de sus propietarios.

Por lo demás, han surgido numerosos litigios en estos últimos años entre los Estados de la región y multinacionales, tanto del Norte como del Sur. En lugar de remitirse al Centro Internacional de Arreglo de Diferendos en materia de Inversiones (CIADI), que es parte del Banco Mundial, dominado por un puñado de países industrializados, los países de la región tendrían que seguir el ejemplo de Bolivia, que se ha retirado del mismo. Deberían crear un organismo regional para la resolución de litigios en cuestiones de inversiones. En materia jurídica, los Estados latinoamericanos deberían aplicar la doctrina Calvo y negarse a renunciar a su jurisdicción en casos de litigio con otro Estado o con empresas privadas. ¿Cómo se puede seguir firmando contratos de préstamos o contratos comerciales que prevén que, en caso de litigio, sólo son competentes las jurisdicciones de Estados Unidos, del Reino Unido o de otros países del Norte? Se trata de una renuncia inadmisible del ejercicio de la soberanía.

Es conveniente restablecer un control estricto de los movimientos de capitales y del cambio, a fin de evitar la fuga de capitales y los ataques especulativos contra las monedas de la región. Es necesario que los Estados que quieren materializar el proyecto bolivariano de integración latinoamericana para una mayor justicia social avancen hacia una moneda común.

Naturalmente, la integración debe tener una dimensión política: un Parlamento latinoamericano elegido por sufragio universal en cada uno de los países miembros, dotado de un poder legislativo real. En el marco de la construcción política, hay que evitar la repetición del mal ejemplo europeo, donde la Comisión Europea (o sea, el gobierno europeo) dispone de poderes exagerados con respecto al Parlamento. Hay que caminar hacia un proceso constituyente democrático a fin de adoptar una Constitución política común. En este caso también, se debe evitar reproducir el procedimiento antidemocrático seguido por la Comisión Europea para tratar de imponer un tratado constitucional elaborado sin la participación activa de la ciudadanía y sin someterlo a un referéndum en cada país miembro. Por el contrario, hay que seguir el ejemplo de las asambleas constituyentes de Venezuela (1999), Bolivia (2007) y Ecuador (2007-2008). Los importantes avances democráticos logrados en el curso de estos tres procesos tendrían que ser integrados en un proceso constituyente bolivariano.

Así mismo, es necesario reforzar las competencias de la Corte Latinoamericana de Justicia, en particular en materia de garantía del respeto de los derechos humanos que son indivisibles.

Hasta este momento, coexisten varios procesos de integración: Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, Unasur, Caricom, Alba... Es importante evitar la dispersión y adoptar un proceso integrador con una definición político-social basada en la justicia social. Este proceso bolivariano debería reunir a todos los países de Latinoamérica (América del Sur, América Central y Caribe) que se adhieran a esta orientación. Es preferible comenzar la construcción común con un núcleo reducido y coherente, que con un conjunto heterogéneo de Estados cuyos gobiernos siguen orientaciones políticas sociales contradictorias, cuando no antagónicas.

La integración bolivariana debe ir acompañada de una desvinculación parcial del mercado capitalista mundial. Se trata de ir suprimiendo progresivamente las fronteras que separan los Estados que participan en el proyecto, reduciendo las asimetrías en los países miembros especialmente gracias a un mecanismo de transferencia de riqueza desde los Estados más «ricos» a los más «pobres». Esto permitirá ampliar considerablemente el mercado interior y favorecerá el desarrollo de los productores locales bajo diferentes formas de propiedad. Permitirá poner en vigencia el proceso de desarrollo (no sólo la industrialización) por sustitución de importaciones. Por descontado, ello implica el desarrollo, por ejemplo, de una política de soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, el conjunto bolivariano constituido por los países miembros se desvinculará parcialmente del mercado capitalista mundial. En particular, esto implicará abrogar tratados bilaterales en materia de inversiones y de comercio. Los países miembros del grupo bolivariano también deberían retirarse de instituciones tales como el Banco Mundial, el FMI y la OMC, promoviendo al mismo tiempo la creación de nuevas instancias mundiales democráticas y respetuosas de los derechos humanos indivisibles.

Como se indicó antes, los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano se dotarán de nuevas instituciones regionales, como el Banco del Sur, que desarrollarán relaciones de colaboración con otras instituciones similares constituidas por Estados de otras regiones del mundo.

Los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano actuarán con el máximo número de terceros Estados por una reforma democrática radical del sistema de las Naciones Unidas, con el objetivo de hacer cumplir la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los numerosos instrumentos internacionales favorables a los derechos humanos, tales como el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966), la carta de los derechos y deberes de los Estados (1974), la declaración sobre el derecho al desarrollo (1986), la resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007). Igualmente, prestarán apoyo a la actividad de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Favorecerán el entendimiento entre los Estados y los pueblos a fin de actuar para que se limite al máximo el cambio climático, ya que esto representa un terrible peligro para la humanidad.

Conclusión: ¿Qué representa este momento histórico para la humanidad?

La humanidad se encuentra nuevamente en una encrucijada histórica. La crisis global tiene sus diferentes dimensiones: ecológicas, alimentarias, migratorias, financieras, económicas, así como la crisis de gobernabilidad mundial, sin olvidar la sucesión de guerras de agresión como las de Irak y Afganistán, combinadas con el desprecio por los derechos de los pueblos como lo es principalmente el desprecio por el pueblo palestino al no respetar su derecho a un territorio y a un Estado. La humanidad se enfrenta a una encrucijada: por un lado, la salida capitalista de la crisis, o sea la solución propuesta por Barack Obama, Lula, Sarkozy, Gordon Brown, Zapatero, el gobierno chino, Putin, etc.; la otra es la de dar la espalda al capitalismo y poner en práctica soluciones anticapitalistas, ecologistas, feministas, y antirracistas. Espero que la humanidad escoja esta última, ya que si quisiéramos responder a la crisis global es necesaria una respuesta anticapitalista y feminista global.

Bibliografía

Atilio Boron , Socialismo siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo?, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2008.

CADTM , El Ecuador en la Encrucijada, Abya-Yala, Quito, 2009

Claudio Katz , Las disyuntivas de la izquierda en America latina, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2008.

Eric Tousssaint , Banco del Sur y Nueva Crisis internacional, Viejo Topo, Barcelona, Enero 2008; Abya-Yala, Quito, Junio 2008; Observatorio DESC, La Paz, Octubre 2008

Eric Tousssaint, “El segundo aliento del Foro Social Mundial” http://www.cadtm.org/spip.php?article4177

[1] Versión aumentada por el autor de la ponencia presentada al SEMINARIO INTERNACIONAL:

“AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XXI: Comunicación y Poder-es”. Evento co-organizado por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica-ALER ( www.aler.org ) y la Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, marzo 23 a 25 de 2009.

[2] Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org), es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lieja (Bélgica) y de la Universidad de Paris VII (Francia). Es autor de Banco del Sur y Nueva Crisis internacional (editorial Viejo Topo, Barcelona, Enero 2008; editorial Abya-Yala, Quito, Junio 2008; Observatorio DESC, La Paz, Octubre 2008) , autor de Banco mundial, el golpe de estado permanente ( El Viejo Topo, Barcelona, Enero 2007; Editorial Abya-Yala, Quito, Julio 2007; CIM, Caracas, Agosto 2007; Observatorio DESC, La Paz, Noviembre 2007); autor de La Bolsa o la Vida (CLACSO, Buenos Aires, 2004; Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2004; editorial Abya-Yala, Quito, 2002); coautor con Damien Millet de 50 preguntas/ 50 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco mundial, Icaria-Intermón, Barcelona, 2004; editorial Abya-Yala, Quito, 2005; Ministerio de Comunicación e Información, Caracas, 2005; Editorial Luxembourg, 2005; Editorial del Oriente, Santiago de Cuba, 2006 ; c oautor con Damien Millet de Los Tsunamis de la deuda, Icaria/Intermón, Barcelona, 2005 y Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2006 . Coautor en 2009 de El Ecuador en la Encrucijada, Abya-Yala, Quito; Coautor en 2008 con Damien Millet de 60 Preguntas/60 respuestas sobre la Deuda, el FMI y el Banco Mundial , próxima edición Icaria/Intermón Oxfam.

[3] El Gobierno decidió suspender el pago de una parte de la deuda comercial, los bonos (Global 2012 y 2030) y hará publico su propuesta a los tenedores de bonos el 20 de Abril 2009.

[4] Claudio Katz , Las disyuntivas de la izquierda en América latina, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2008, pagina 75.

[5] Ver el texto completo de la declaración final http://www.cadtm.org/spip.php?article3783

[6] Extracto de la declaración de la Asamblea de movimientos. http://www.cadtm.org/spip.php?article4077

[7] Idem

[8] Extracto de la declaración de la asamblea de mujeres. http://www.cadtm.org/spip.php?article4103

[9] Texto original en español: http://www.cadtm.org/spip.php?article4133