Baste decir que es una iniciativa promovida por el Banco Mundial (BM) para dar por hecho que la propuesta Ley de Asociaciones Público Privadas, enviada por Calderón al Senado, es nociva para los intereses nacionales. Por su diseño, el BM no es otra cosa que una oficina de chantajes financieros, por la que se obliga a los estados a renunciar a sus facultades y compromisos en beneficio de los consorcios del gran capital internacional. Empleo el verbo obligar suponiendo que el estado es garante de los intereses nacionales; supuesto fallido para el caso de México, para cuyo gobierno ilegítimo bastaría con el verbo sugerir, con lo que tendría suficiencia para ser una orden (sus deseos son órdenes, patroncito).
En cumplimiento de los deseos sugeridos, el tal Calderón hace suya la iniciativa, presentándola como resultado de un esfuerzo propio de investigación y estudio legislativo. Me imagino que es mera coincidencia que en Perú se pusieron a estudiar y produjeron una ley idéntica, hasta los puntos y las comas coinciden. Los europeos las tienen desde hace varios años y ya van de regreso, arrepentidos de su invento.
El caso es que se trata de otra herramienta pesada para la demolición del estado y para entregar los recursos y los servicios públicos a la operación mercantil privada. La ley incide directamente en las actividades que, por su naturaleza, debieran ser atendidas exclusivamente por el estado, sea por su carácter estratégico para el desarrollo y la seguridad nacionales, o por su impacto en el bienestar de la sociedad, en las que no cabe el imperativo de la utilidad mercantil. Los promotores del atraco legislativo la presentan como la panacea para multiplicar los recursos destinados a la construcción de infraestructura, sumando las inversiones de entes privados nacionales y extranjeros; se subraya el ejemplo de las carreteras y los hospitales, pero dejando a la imaginación sin límite los alcances del proyecto; incluso, invita a que los particulares propongan nuevos rubros en que tal tipo de asociación pueda realizarse: toda la actividad pública es susceptible de subrogación y contratación a largo plazo. Anótense aquí, desde luego, el servicio público de la energía y el agua; pero también la expedición de pasaportes o la cédula de identidad o el cobro de impuestos o, con todo lo que ello implica, la prestación de los servicios de salud.
La fórmula propuesta implica, además, un endeudamiento disfrazado y ajeno al control presupuestal del poder legislativo. Por ejemplo: para la construcción de una carretera la empresa asociada podrá negociar financiamientos con el aval del contrato que, en último término, es el aval del gobierno federal y, por consiguiente, constituyen deuda pública. Tales financiamientos, como es el caso de los famosos PIDIREGAS pagan intereses de hasta dos veces más caros que los créditos gubernamentales. Parece que sucedió en otro mundo la debacle de las autopistas concesionadas por Salinas de Gortari y que obligó a su oneroso rescate con recursos públicos.
La embestida lleva otra carga de profundidad: el contrato a largo plazo implica un candado que impide que, en un cambio de régimen dispuesto por voluntad popular, puedan corregirse los desatinos del actual. Bien lo han dicho los altos voceros del gran capital internacional: sin importar quien gobierne, el modelo está atornillado para siempre.
Para cuando estas líneas sean leídas, con toda certeza ya habrá sido aprobada la iniciativa por los senadores del PAN y del PRI, en ese contubernio bipartidista que lleva más de veinte años destruyendo al país, al que se agregan los de la moderna izquierda dialogante, con lo que hacen mayoría de aplanadora. El debate se reduce a las expresiones de protesta de la oposición testimonial, sin respuesta en la tribuna. Desde las alturas los poderosos siguen repartiéndose el pastel.
López Obrador escribe, desde el México profundo, una serie de cuatro artículos para La Jornada, en los que consigna su experiencia del recorrido por los municipios indígenas de Oaxaca. Es en esa profundidad donde se resienten los efectos de los repartos de las alturas; ahí se registran todas las expresiones del malestar social, el reino de la injusticia y el fermento de la desesperación. Ahí también reside el reducto de la dignidad y la identidad nacionales, desde donde tendrá que surgir el movimiento social para recuperar y transformar al país. La tarea desarrollada por AMLO organizando y conectando a los pueblos, formando la conciencia cívica para la revolución pacífica, comienza a manifestarse y a tomar vigor. Ya se conectan entre sí los sectores agraviados; los campesinos pobres asumen como propio el atraco contra los electricistas y estos, a su vez, refrendan su solidaridad tradicional con las causas de los desposeídos. Se avanza en los preparativos de la consulta popular que se manifestará por la destitución del espurio. Se velan armas sindicales en espera de la discusión de las reformas laborales; habrá jaleo.
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