Dentro de los delitos económicos, están los que se denominan de protección al consumidor, cuyo delincuente (autor) puede ser tanto un ente público o privado. El bien que se protege aquí, es al usuario de bienes y servicios como al consumidor de alimentos y bebidas, que forman parte del último eslabón de la cadena de producción, quien acorde a nuestra constitución tienen el derecho y el deber a disponer de bienes y servicios de calidad, igual que la información suficiente sobre su característica, contenido y modo de usarlo o consumirlo.
Este tipo de delito, es de los denominados de cuello blanco, porque al autor, es una persona con posición de poder, es decir, un comerciante o un capitalista o un funcionario público, con potestad de autorización o de dar fe pública de un acto; ningún hijo de vecina, puede ser delincuente de este delito.
A este delito se le agrega un elemento nuevo, que lo agrava y califica, cual es el componente político conspirativo. Veamos.
A raíz de la conquista del poder de las izquierdas socialistas o revolucionarias, por la vía electoral, más que todo en Nuestramerica, en donde las burguesías y las derechas conservan sus fuerzas intactas, sobretodo el monopolio de la violencia institucional (Policías, ejércitos, tribunales, fiscalías), cuestión que no sucede cuando la revolución triunfa por la vía armada y reemplaza en el monopolio de la violencia legítima del estado al poder burgués.
El triunfo pacifico, por vía electoral, en donde la derecha conserva su poder económico, militar, policial, intelectual y hasta político intacto, y la izquierda ha recibido un mandato del pueblo que lleve a la práctica de manera eficaz su programa de gobierno de tipo socialista.
Se ha presentado (Y se presenta cada vez mas), el dilema que esta no acata el mandato mayoritario del pueblo de ir hacia un socialismo por intermedio de un reparto equitativo de las riquezas nacionales y del mejoramiento de la calidad de vida de toda la población; y ese no acatamiento por parte de una derecha poderosa, que tienen la experiencia de 200 años de mando, llevan al gobierno izquierdista y progresista al fracaso, por medio de obstrucciones y saboteo que fácilmente lo desestabiliza o rompen el hilo constitucional. Honduras, es el ejemplo actual, fenómeno que amenaza repetirse en todo el continente como una práctica de rutina, si las izquierdas no toman acciones, dentro del marco constitucional, implantado por constituyentes y democracias directas.
La burguesía tiene una posición privilegiada socialmente, para conspirar de una forma eficaz y precisa y derrotar violentamente a un gobierno progresista, que triunfo electoralmente; y una forma de ello es por la economía; y los documentos desclasificados de la CIA, sobre el golpe contra Allende en 1973, demuestran que tan efectivo es subvertir el orden por intermedio del acaparamiento de alimentos y otros productos y/o el encarecimiento de los mismos aunado a un terrorismo mediático.
Tanto la escasez o encarecimiento de bienes causan conmoción pública y desestabilización social y política, que sería un elemento adicional que agravaría al delito de especulación y acaparamiento con fines de enriquecimiento sin causa, ya que no solo busca una ganancia ilegal sino derrocar, presionar o chantajear a un gobierno. Esta arma es mucho más poderosa y eficaz para tumbar a un presidente que una guerrilla armada de 30.000 personas. Si al delito económico-político, en mención, le agregamos el monopolio mediático, que multiplica la penuria de la escasez y el encarecimiento de bienes, servicios y alimentos, esta sería una insurrección triunfante más fácil que pegarle un tiro al piso.
A fines de evitar estas conspiraciones eficaces de la derecha y para que puedan hacerse transformaciones sociales, por mandatos populares, pacíficamente y por la vía del voto mayoritario; he propuesto la reforma penal integral, en donde se incluye la creación de los delitos mayores o nacionales y menores o comunales. En los delitos económicos, estimables en dinero, como la mayoría de protección al consumidor, la línea divisoria seria la cantidad de 750 U.T (Casi Bs. 42.000, hoy); los que superen esa cantidad serán catalogados como nacionales, y enjuiciados por un tribunal de jurados; y los menores a esas 750 U.T, el delito seria enjuiciado por un tribunal popular comunal.
Ambos delitos serian sumariados por una policía especializada de protección al consumidor (Especialistas en costos, corrección monetaria, calidad y funcionamiento de bienes, conservación y manipulación de alimentos, etc.), y una fiscalía de igual tenor.
De no penalizarse los delitos de cuello blanco y las conspiraciones de las derechas con posición de poder privilegiada, que son mucho más eficaces que las subversiones de los pobres, tradicionalmente hechas por las izquierdas; entonces se les cierran las puertas a las transformaciones pacificas por las vías electorales y a procesos constituyentes de democracias participativas y protagónicas, en donde el pueblo escoge su destino, siendo las verdaderas democracias; y por supuesto se le abren las vías a la violencia y la lucha armada recobra su vigencia, con las consecuencias nefastas que ello contrae.
franciscosierracorrales@yahoo.com.ar
