Introducción
Esta barbarie ocurrida en el siglo XXI, caracteriza una modalidad nueva
de terrorismo de estado, terrorismo que pretende delegar la
responsabilidad de crímenes de lesa humanidad en las instituciones de
Estado, bajo argumentos inexistentes en la legislación nacional o en la
jurisprudencia del derecho constitucional en el ámbito nacional e
internacional.
Esta práctica de terrorismo se caracteriza por la participación del sector
privado en la organización de estructuras que ejecutan actos de terror
bajo la aquiescencia de un Estado secuestrado por una delincuencia
transnacionalizada que agrade los derechos de la humanidad.
Desconocer e ignorar los principios universales del derecho para concretar
su bárbara agresión, cuenta con la promesa que la comunidad internacional,
inicialmente, los desconocerá y que progresivamente tendrán el
reconocimiento, dejando la estela de crímenes para ser resueltos bajo
sistemas de justicia nacional e internacional poco diligentes o cómplices,
por omisión, en las estrategias del terrorismo del siglo XXI.
No comprometer a sus cercanos colaboradores como oficiales militares o de
policía es un principio en esta práctica de terrorismo del siglo XXI
ensayado en Honduras, disponer de los ejecutores de estos actos en puestos
de dirección demostrando el poder con que cuentan en un Estado
secuestrado; lograr el control de las instituciones privadas como el
comercio y la empresa son indicadores claves observados en Honduras.
Mientras la etapa de fortalecimiento de la agresión se consolida habrá que
limitar el actuar y la independencia de los gobiernos que surjan ya sea
como resultado de un proceso electoral o la continuidad de una dictadura
con carácter oligárquico.
Para cometer los más horrendos crímenes hacen contratas con sicarios que
pueden movilizarse en una región; el caso de Honduras la contratación de
sicarios colombianos, ex miembros de las AUC , ha sido evidente; la
participación de prominentes y reconocidos empresarios en estas prácticas
y actuando con la aquiescencia del estado, caracteriza el Estado
secuestrado que hoy es Honduras; la articulación del sector oficial
utilizando instituciones como la Secretaria de Gobernación y Justicia fue
evidente en este proceso de agresión como consecuencia del terrorismo del
siglo XXI, desde uno de los pisos de este edificio se dirigieron
operaciones para la construcción del miedo y el terror, desde aquí se
montó un dispositivo de agresión encubierto paralelo al trabajo abierto
que ejecutaban militares y policías.
La contratación de ex camarógrafos de Televisión y ex miembros de
estructuras como el 3-16 y la DNI, (Juan Blas Salazar) fue otra práctica
del terrorismo del siglo XXI, utilizaban camarógrafos cada ves que
reprimían una movilización, los hacían sacar filmados de las personas que
enfrentaban la agresión policial-militar del crimen, estas filmaciones
fueron utilizadas para el levantamiento de perfiles; perfiles que usaron
ayer y usan hoy para cometer crímenes selectivos, se conoce que la
estrategia es limpiarse del miedo que les ha generado la actitud gallarda
de hondureños y hondureñas que les perdieron el miedo y los señalan como
responsables de la escalada criminal contra los miembros del Frente
Nacional de Resistencia.
Uno de los oficiales de Policía el Comisionado Danilo Orellana, tuvo
participación directa en la selección de jóvenes del álbum de fotografías
que manejaba en la Oficina de Crisis, estas fotografías las presentó por
los medios de comunicación, al menos hay un joven que fue ejecutado, este
caso vincula a miembros de la Policía-Militar, (en eso se convirtió el
cuerpo de seguridad) y escuadrones de la muerte que participaron en la
ejecución de este joven a quien el Comisionado Danilo Orellana señaló como
responsable en la quema de una de las instalaciones de comidas rápidas en
el centro de la ciudad. ¿Dónde esta Danilo Orellana?; ¿Qué hace con la
información dispuesta bajo su resguardo?, ¿A quien se la está entregando?,
¿Por qué no se ha desmontado, oficialmente, la Oficina de Crisis?, ¿O esta
funcionando?, ¿Por qué el Ministerio Público no ha requisado la
documentación de la Oficina de Crisis?, ¿Quiénes acompañaron a Danilo
Orellana en esta tenebrosa misión?.
Una muestra significativa para demostrar que este es un nuevo gobierno,
entre tantos muestras que hay que enlistar, será desmontar, oficialmente,
la Oficina de Crisis, conocer, oficialmente, quienes la integraban o
integran; frente a la actual agresión que hoy recibe el pueblo de
Honduras, muertes de campesinos, sindicalistas, profesores y periodistas,
entre otros, nos cabe el supuesto que están potencialmente articulados a
la Oficina de Crisis que se organizó para levantar perfiles y agredir la
resistencia popular.
Creemos de capital importancia que la comunidad internacional, en el marco
de su mandato, contribuya en exigir el desmantelamiento oficial de la
Oficina de Crisis y solicitar al gobierno informen sobre el nombramiento
de oficiales de policía señalados como responsables de cometer crímenes de
lesa humanidad, entre estos, al Comisionado Elder Madrid Guerra (nombrado
Jefe de Comayagua y la Paz) señalado como torturador y al Comisionado
Bonilla, más conocido como Tigre Bonilla (nombrado en Copan) señalado por
cometer horrendos asesinatos antes del golpe y señalado en actos de
agresión en la frontera con Nicaragua durante el golpe.
¿Por qué la comunidad de países que rechazan el crimen y la tortura no les
inquieta la continuidad de la agresión que tiene el pueblo de Honduras con
estos nombramientos; por que no le inquieta a la comunidad de países el
nombramiento del General Romeo Vásquez Velásquez en la gerencia de
Hondutel, mientras el pueblo entierra, casi a diario, sus muertos como
consecuencia del golpe militar que él dirigió, es un acto de poder de
quienes contribuyen en la construcción de la nueva doctrina de terrorismo
de Estado.
Nota: fragmento de Informe sobre muertes extralegales y sumarias como
consecuencia de persecución política. CODEH