Milagrosamente en Valencia el affaire Francisco “Pancho” Pérez logró unir en una sola voz a la burguesía y a los revolucionarios locales, en una coral de finas voces condenatorias a la decisión del juez Alfredo Toredit Rojas, calificándola como un atentado inaceptable a la libertad de expresión y al derecho que tiene este periodista del diario El Carabobeño a ejercer su oficio.

La sincronía de los calificativos van del “exabrupto inconveniente” (CNP), a la “exageración jurídica” (Héctor Agüero, Francisco Ameliach, Gerardo Sánchez); de la “venganza política y represión comunista” (Globovisión), a “brutal condena”; de “intolerante decisión” (FIP) a “mamarrachada judicial” (William Echeverría); en fin, un coro de voces que une a directores de los diarios Notitarde, El Carabobeño, Tal Cual, Noticiero Digital, a funcionarios liberales de la OEA, a burócratas de la ONU y a autoridades del PSUV en Carabobo.

Todo un "Milagro de la Virgen del Socorro", diría el cardenal Jorge Urosa Sabino después de tantas invocaciones hechas por la unión de todos los venezolanos.

El caso ya ha salido de la provincia valenciana y ha rebotado hasta predios de los analistas del diario ABC en España, diarios latinoamericanos, las respectivas relatorías para la libertad de expresión de la OEA y la ONU, con los debidos pronunciamientos de organizaciones como Provea, CNP, SNTP, jerarquía católica y algunas ong comprometidas desde siempre a actividades del oposicionismo de derecha en Venezuela, coincidiendo con la posición de la elite revolucionaria encabezada por Francisco Ameliach, Héctor Agüero, Flor García, concejales rojos de la cámara municipal de Valencia, candidatos a diputados y algunos alcaldes comprometidos con el partido del presidente Chávez.

Ya la prensa en su totalidad (Notitarde, El Carabobeño, La Costa, medios radiales y de tv) esperan con ansiedad el parecer del diputado Saúl Ortega para, cámara y grabadora en mano, pedir el respectivo pronunciamiento a un caso que tiene contra la pared al alcalde Edgardo Parra tras una cayapa que incluye a muchos camaradas de su propio partido por haber “cometido el exabrupto” de llevar a los tribunales a un periodista sin manchas oscuras en 40 años de ejercicio profesional; es decir, un periodista que nunca se había metido en problemas con nadie, ni siquiera en los años dorados de la cuarta república.

Es que en Carabobo todo es posible (ya lo había vaticinado el viejo Salas Romer), pues la elite revolucionaria que dirige el PSUV optó por ponerse al lado de la oligarquía valenciana, dejando en el olvido y en la papelera de reciclaje la batalla de las ideas que deben encabezar como dirigentes de un partido revolucionario ante cualquier situación y ante cualquier escenario planteado en la lucha política, logrando al contrario una particular coincidencia que desestima y pone en ridículo la labor que en este momento realizan los embajadores Roy Chaderton Matos (OEA) y Jorge Valero (Naciones Unidas); cuando este último le exige al propio secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, la destitución del Relator Especial para la Libertad de Expresión Frank La Rue por su injerencia e intromisión en asuntos internos del país.

Recordemos que La Rue acaba de emitir un juicio de condena contra la nación venezolana por el caso de Guillermo Zuloaga, luego de una orden de captura dirigida por la Fiscalía General de la República contra este empresario por delitos de tipo comercial; no obstante la decisión de esta institución del Estado, los funcionarios de la OEA y ONU, en una clara coincidencia con oposicionistas criollos, consideran que se trata de un atentado contra la libertad de expresión por ser Zuloaga un accionista fundamental del canal de tv Globovisión.

Ante esta realidad, ni calvo ni con dos pelucas dirán los revolucionarios carabobeños, pues nada que ver tiene Guillermo Zuloaga, ni Globovisión con el affaire del columnista valenciano Pancho Pérez.

El asunto es que en este momento altos funcionarios comprometidos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, están en una activa campaña de ataque contra el gobierno venezolano en razón de algunos casos puestos en la agenda del oposicionismo de derecha, para darle cancha a la voz de Catalina Botero, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien recientemente durante una audiencia en el Congreso estadounidense dijo que “las condiciones de la libertad de expresión en Venezuela pueden empeorar antes de las elecciones legislativas de septiembre”, originando ante este hecho la oportuna intervención del embajador Chaderton Matos en la OEA, señalando ante esa instancia que el Gobierno Bolivariano no cederá a la estrategia de chantajes expuestas por la CIDH buscando condenar a la nación venezolana, cuando este organismo interamericano se ha hecho cómplice por casos graves como el ocurrido con el asesinado camarógrafo de la agencia Reuters en Irak; un crimen que la CIDH tapó deliberadamente utilizando a la cadena CNN como instrumento para ocultar y censurar información.

En otra trinchera del debate, el embajador Jorge Valero ante las Naciones Unidas exige nada más y nada menos la total destitución del Relator de la ONU Frank La Rue por intromisión en asuntos internos del país, al referirse este funcionario al caso de Guillermo Zuloaga, pidiendo al Estado venezolano la anulación de la orden de captura contra el mencionado empresario, acusado por delitos de supuesta usura y agavillamiento luego de los allanamientos realizados por los cuerpos policiales venezolanos donde “guardaba” una flotilla de autos nuevos.

Ahora bien, lo que pasaron por alto los revolucionarios locales y representantes del PSUV en Valencia, es que el affaire Pancho Pérez está incluido en el paquete de denuncias que en este momento hacen, tanto la funcionaria de la CIDH, como el Relator de la ONU, Frank La Rue, en combinación además con la posición que tiene la nueva presidenta del CNP, Silvia Alegrett, cuando públicamente expresa que “las instancias internacionales es nuestro único recurso ante la impunidad que existe en nuestro país”, no negando Alegrett la comunicación permanente con la Relatora de la OEA, Catalina Botero para poner contra las cuerdas al Estado venezolano ante los organismos señalados.

Leamos ahora detenidamente lo expresado por el alcalde de Guacara Gerardo Sánchez, militante y connotado vocero del PSUV en el estado Carabobo sobre el tema Pancho Pérez, en una nota redactada por la Agencia Carabobeña de Noticias:“Nosotros los políticos debemos ser tolerantes ante las críticas de los medios de comunicación y por ende de los periodistas; la sentencia en contra de Pancho Pérez creo que fue un poco exagerada, pero el comunicador está en su derecho de apelar la sentencia ante los órganos correspondientes”.

“Gerardo Sánchez indicó que el alcalde de Valencia, Edgardo Parra está en todo su derecho en denunciar al periodista. Sin embargo, consideró que el dictamen ha sido exagerado, ya que no se le permite ejercer su profesión”, señala la nota de la ACN (16-6-2010).

Palabras más, palabras menos, se trata de elementos probatorios ofrecidos por funcionarios y miembros del PSUV al argumento de que en Venezuela se viola la libertad de expresión, señalamientos utilizados regularmente por el discurso opositor de derecha para acusar al Estado venezolano ante las instancias internacionales, pues no es lo mismo que tal afirmación venga de voceros opositores que de los propios funcionarios del gobierno bolivariano; una manera de echar por tierra, repetimos, la labor que hacen nuestros embajadores ante la ONU y la OEA, pues aún cuando el alcalde Edgardo Parra haya acusado al citado periodista por difamación e injuria a título personal, como asegura Héctor Agüero y como el propio Parra admite, se trata de un alto funcionario elegido con los votos del PSUV en Carabobo.

En ese sentido, lo que en el ejercicio de sus funciones realiza el alcalde de Valencia, lo hace como militante del PSUV, y si, por consideraciones propias de su moral y ética personal estima llevar a juicio a alguien por difamación, el partido debe acompañarlo con los elementos y la convicción de un partido revolucionario, pues los ataques de la derecha no están dirigidos a Edgardo Parra en particular, sino al gobierno venezolano, tal como lo expresa el saliente presidente del CNP William Echeverría, quien dice que “el gobierno utiliza la justicia para amedrentar a los periodistas y crear un espiral de silencio”. Talcualdigital. 14-06-2010.

Hay muchas razones por las cuales los responsables del PSUV en Carabobo estén coincidiendo con la burguesía valenciana; pero por lo pronto, para no extender más este escrito, se trata de un "Milagro de la Virgen del Socorro", una vieja petición del cardenal Jorge Urosa Sabino “para unir al pueblo venezolano”.


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