La fotografía tomada por el reportero gráfico Alex Delgado y publicada a todo color en su edición de hoy por el diario El Nacional, denota que estamos llegando a niveles de descomposición insospechados y ya aparentemente sin retorno, en el periodismo venezolano.

Tal vez el “click furtivo” del fotógrafo, tal como irresponsablemente se reseña en la fotoleyenda, no buscaba tan lamentable notoriedad y la publicación vuelve a poner sobre el tapete la discusión sobre el grado de libertinaje del cual hacen gala nuestros medios de comunicación todos los días.

Vale la pena entonces que periodistas como Carlos Montero o Jon Sistiaga, quienes por agendas que no conocemos mantienen una campaña de descrédito contra Venezuela en CNNE, analicen en detalle la imagen que muestra cuerpos sin vida en la morgue de Bello Monte. La intencionalidad de esta publicación, lejos de buscar soluciones, refleja obviamente el interés político, electorero y a la vez oscuro de jugar con la dignidad humana y el dolor ante la pérdida de un ser querido. Miguel Otero Silva, sin duda, estará lamentando haber dejado lo que fue un prestigioso periódico en manos tan irresponsables. Manos desesperadas que con el amarillismo de la foto seguramente también pretenderán salvarse de la quiebra inevitable. Así piensa un mercantilista de la información.

Todas las lecciones sobre ética han sido enterradas con la primera plana del diario fundado por Otero Silva y quedará como ejemplo en las aulas de clase donde se pretende enseñar “el mejor oficio del mundo”, de lo que no debe hacerse nunca en periodismo: el irrespeto a la privacidad, mucho más a la muerte.

Acaso el fotógrafo hizo la gráfica sin pensar jamás que la publicarían. La foto fue tomada, supuestamente, en diciembre pasado, pero ¿realmente corresponde al sitio que se le atribuye? ¿El periódico investigó si la situación de aparente hacinamiento persiste?. Si fue tomada hace casi un año ¿porqué esperar tanto para publicarla?. ¿Porqué se trucan los rostros de esas víctimas (lo cual hace más patética la imagen), si ya es explícita la intención del medio?. Pareciera todo un montaje, una foto bien trucada en la cual se superponen imágenes que bien pudieran corresponder a cualquier sitio y no precisamente a lo que pretenden “informar”.

Aunque muy en el fondo el reportero gráfico ya estará pensando en ganarse el premio Rey de España, o el Pulitzer, debemos recordar que en 1993 el fotógrafo Kevin Carter tomó la célebre foto de una niña negra a la cual supuestamente acechaba un buitre, al sur de Sudan, como muestra de los estragos del apartheid. Esa foto le valió el premio Pulitzer. Luego se supo que el fotógrafo había esperado que el animal apareciera en su encuadre, hizo “click” y después lo espantó. Carter se suicidó después de ganar el premio y mucho se especuló sobre las razones de esa decisión. La foto no ayudó en nada a la solución del problema, sólo levantó algunas expresiones moralistas en el mundo occidental, lejos de aquella tragedia humana.

Los responsables directos de la publicación son los dueños del medio sobre los cuales debería caer todo el peso de la ley. Son los editores los que deciden cómo se titula, cómo se presenta una primera plana, cómo se vende mejor. Las discusiones en una primera plana suelen ser una clase de cómo se editorializa, y de cómo se puede cambiar, trucar, una realidad que compran los lectores sin mucha conciencia de ello.

El fotógrafo argentino Amado Becquer Casaballe, al analizar el uso en medios de comunicación de fotografías cuya protagonista es la tragedia humana, explica que “cuando se manipula maliciosamente una noticia a través de fotografías que son una “mise en Scène” se está violando el derecho a las personas a la información veraz”.

Por su parte, la fotógrafa mexicana Patricia Mendoza, a propósito de la Bienal de Fotoperiodismo de 2009 en México, escribía que “quienes optan por realizar la fotografía amarillista, hacen de su labor una pornografía de la noticia, en cambio quienes asumen su responsabilidad ante la sociedad hacen de la fotografía un espacio informativo en el que el mundo entra con todas sus contradicciones (…)”

En 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, admitió un recurso de amparo contra dos periódicos de Ciudad Bolívar, El Luchador y El Progreso “por protección de intereses difusos y colectivos” contenidos en los artículos 46, 83, 84, 89 y 108 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos periódicos publicaban sistemáticamente fotos a todo color de cuerpos sin vida, mutilados, destrozados, por diversos accidentes y causas. Un ciudadano común, cansado de tanta “libertad de expresión” interpuso la demanda.

La foto publicada debería haber sido analizada a estas alturas por los programas de opinión de Globovision, por ejemplo, donde fue mostrada, en todo su esplendor, anoche en un programa que se dedica a reseñar las primeras planas de los periódicos; sería interesante también escuchar la opinión de connotados “comunicólogos” como Gloria Cuenca, Antonio Pasquali, o de los directivos del Colegio Nacional de Periodistas quienes deben velar por el cumplimiento del Código de Ética del Periodista Venezolano.

Justificar tal acción sería, por lo demás, absolutamente contraria a la ética, a la responsabilidad social, a los postulados del periodismo de paz que cada comunicador, comunicadora, periodista, en el ejercicio de su oficio, debe defender y practicar.

La conducta de los medios de comunicación opositores en Venezuela continúa siendo reprochable desde todo punto de vista, pues éstos se han convertido en verdaderas empresas, latifundistas de la información, pues sus dueños poseen bancos, tiendas por departamentos, resorts, etc. De allí que la independencia se vea frecuentemente cuestionada pues los intereses que los impulsan tienen siempre el signo del dólar.

Frente a esta nueva acción mediática que juega con la tragedia humana, no debemos quedarnos de brazos cruzados. Propongo, entonces, que por “notitia criminis” se inicie un proceso contra el periódico de los Otero, por las mismas razones por las cuales el TSJ admitió un amparo en 2007.

La Asamblea Nacional también debería legislar sobre una materia tan delicada, y ampliar el ámbito de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, a los medios impresos.

¿Se puede dormir tranquilo con semejante hecho? ¿Es éste el periodismo que se merece nuestro pueblo?

luisana.colomine@gmail.com