No es posible en el marco del estado de excepción restringir el beneficio parlamentario establecido en el artículo 200 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, tampoco es posible mediante un decreto de Gobierno del Ejecutivo. La inmunidad es una protección por las opiniones que puedan darse dentro de la Cámara… ellos (los diputados) tienen la garantía de la inviolabilidad cuando están actuando en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo a la Carta Magna este derecho se refiere a procesos penales, y condiciona el inicio de éstos, a que el máximo tribunal del país considere que hay méritos para el juicio contra un diputado y la AN autorice que comience la acción legal. Esto lo dijo el constitucionalista Dr. Hernán Escarra.
Sin embargo, independientemente que exista leyes que garanticen la inviolabilidad de la inmunidad parlamentaria. El presidente de la república, Rómulo Betancourt le levanto la inmunidad parlamentarias a los parlamentarios y los mando a meter preso. El 2 de octubre, el Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Ignacio Luis Arcaya denunció ante la prensa que la acción del gobierno contra los parlamentarios violaba abierta y descaradamente el artículo 143 de la Constitución Nacional, que rezaba lo siguiente: "Los senadores y diputados gozarán de inmunidad desde la fecha de su proclamación hasta veinte días después de concluido su mandato, y en consecuencia no podrán ser arrestados, detenidos, confinados, ni sometidos a juicio penal, a registro personal o domiciliario, ni coartados en el ejercicio de sus funciones. En caso de delito grave flagrante cometido por un senador o un diputado, la autoridad correspondiente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho a la cámara respectiva para que se evalúe la posibilidad del allanamiento a la inmunidad parlamentaria".
Por instrucciones directas del presidente de la república, el ministerio de la defensa emitió el oficio Nº 6013 con fecha 30/9/63 por el cual se ordenaba al Juzgado Militar Tercero de Primera Instancia Permanente de Caracas iniciar juicio por rebelión militar contra un grupo de senadores y diputados. En los días siguientes se iniciarían juicios en contra de Simón Sáez Mérida, Domingo Alberto Rángel, Pedro Ortega Díaz, Guillermo García Ponce y Pompeyo Márquez.
El 31 de octubre de 1958, en la residencia del Rafael Caldera, de nombre «Punto Fijo», se celebró el llamado «Pacto de Punto Fijo», mediante el cual los partidos Acción Democrática, Copei y URD se comprometían a darle un elevado tono al debate electoral y a respetar y hacer respetar el resultado de las elecciones. Este pacto, se convirtió posteriormente en un pacto institucional entre los partidos AD y COPEI, y un tercer partido, que de acuerdo al número de votos ocupara un tercer lugar en los comicios. Primero fue URD y luego el MAS, la tercera pata del llamado pacto institucional, hasta el 2 de marzo de 1996, en que un nuevo pacto de COPEI con los partidos MAS y CAUSA RADICAL, por primera vez en la historia democrática del país, dejan fuera de la directiva del Congreso al partido Acción Democrática y el partido del Gobierno -CONVERGENCIA- y las otras fuerzas minoritarias que apoyaron la candidatura del Presidente Rafael Caldera.
Año 1962: El 10 de abril, por decreto presidencial, se suspenden y se prohíben las actividades del partido Comunista de Venezuela (PCV) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El día 22, el Ministro de la Defensa, General Antonio Briceño Linares, informa a la Cámara de Diputados que el país se encuentra casi en un estado de guerra de carácter revolucionario. El 4 de mayo, se sublevan en Carúpano (Edo. Sucre), efectivos del Batallón de Infantería de Marina No. 3 y del Destacamento No. 77 de la Guardia Nacional. Los insurrectos están al mando del Capitán de Corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas. El Gobierno les exige la rendición y rodea a la ciudad por aire, mar y tierra. El 6 se retoma Carúpano deteniéndose a más de 400 personas involucradas, entre ellas el Diputado del Partido Comunista Eloy Torres, cesando lo que se denominó El Carupanazo. El 2 de junio, estalla en Puerto Cabello (Edo. Carabobo) otra insurrección militar de mayores proporciones que la de Carúpano, la cual sería conocida como El Porteñazo. El Gobierno controla la situación enviando tropas leales desde Valencia y rodea la ciudad mientras aviones de la fuerza aérea bombardean la rada portuaria. El día 3, se anuncia la rendición de los sublevados con un saldo de más de 400 muertos y 700 heridos.
El 31 de julio, se restituyen las garantías constitucionales al superarse la situación de intranquilidad política y militar. Sin embargo el día 8 de octubre, se vuelven a suspender las garantías constitucionales y es allanada la inmunidad parlamentaria del Diputado Eloy Torres solicitada por la Corte Suprema de Justicia al Congreso Nacional. Las malas mañas del genocida Rómulo Betancourt, son las mismas de Ramos Allup.
Solo el Pueblo Salva al Pueblo.
Patria Socialista o Muerte… VENCEREMOS.
