Aunque han transcurrido varios días la angustia, el llanto y la rabia se mantienen como si hubiese ocurrido ayer, multiplicándose en más y más venezolanos que nos duele el territorio y su gente. Resulta difícil expresar en palabras la atrocidad recientemente cometida. Testimonios y registros audiovisuales fueron compartidos por comunidad afectada, donde se evidencia la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.
Ante un contexto socio-ambiental trágico y angustiante, pobladores de Santa Elena de Uairén (municipio Gran Sabana, estado Bolívar) acudieron de forma pacífica hasta la zona fronteriza con Brasil como forma de protesta para exigir atención alimenticia o médica. Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente la Guardia Nacional, atacó con uso desproporcionado de la fuerza a los manifestantes mientras ejercían su derecho constitucional a la protesta. [1] Estos hechos de represión comenzaron el 22 de febrero y se mantuvieron el 23 de febrero con la incorporación de grupos irregulares relacionados al oficialismo. Esta jornada arrojó el lamentable saldo de más de 20 personas heridas de bala y 7 personas asesinadas por armas de fuego: Zoraida Rodríguez, José Perez, Kleyber Perez, Rolando García, José Hernández, José Barrios y Jorge González. Cabe mencionar que Zoraida, José Perez, Kleyber y Rolando eran indígenas Pemón.
A pesar del saldo de esos días, la violación de derechos se ha mantenido. Activistas, pobladores y organizaciones indígenas del territorio han denunciado allanamientos, amenazas, torturas y hostigamiento contra habitantes del municipio a partir del despliegue de 3000 efectivos militares en toda la zona.
Militarización del territorio Pemón (2018-2019)
Lamentablemente la agresión contra el pueblo Pemón data desde hace ya varios años y se viene recrudeciendo por lo menos desde 2017, con las disputas entre bandas armadas y grupos irregulares por el control de yacimientos auríferos ubicados en territorio indígena y zonas protegidas del municipio Sifontes y Gran Sabana. La masacre de 5 indígenas ocurrida en San Luis de Morichal (5/06/2018) o asesinatos selectivos como los de Oscar Meya (2018) y Domingo Cabrera (2017) forman parte de la realidad que lamentablemente vienen padeciendo los Pemón y demás comunidades indígenas venezolanas.
Los Pemón, empeñados en mantener su autonomía, han sido de las etnias que han demostrado un alto nivel de organización y de resistencia a la lógica extractivista de la cúpula gobernante, ante lo que la estructura militar y los cuerpos de seguridad del Estado han respondido con toda su fuerza y contundencia. La política oficial ha sido clara: el territorio indígena se ha ido militarizando progresivamente y prácticamente han instalado un estado de excepción sumamente represivo en el que se han violentado los derechos contemplados en nuestra carta magna (CRBV, 1999). Además de tener saldos como el asesinato de Charly Peñalosa (8/12/2018), desde el año pasado vienen desarrollando una campaña mediática oficial de fuerte criminalización de la resistencia. Empleando toda la red de medios estatales (televisión, radio, prensa digital) buscan instalar matrices deslegitimadoras y difamadoras contra las organizaciones indígenas autónomas y sus dirigentes principales, siendo acusados de “traición a la patria” y cualquier cantidad de improperios meramente ideológicos. Una de las víctimas más claras ha sido Lisa Henrito, miembro de la comunidad Maurak, quien viene liderando la denuncia contra la militarización del territorio y con la cual mostramos toda nuestra solidaridad y apoyo a su lucha.
La disputa sangrienta por la Amazonía y yacimientos minerales
Hoy los indígenas son víctimas por mantener una voz autónoma e irreverente contra la línea de quienes hoy manejan el Estado de forma mafiosa, al exigir algún tipo de auxilio alimenticio y/o médico sin intervención militar foránea. El clamor de ayuda no es un capricho, es un grito desesperado ante una situación extremadamente precaria y de abandono total de políticas públicas estatales. Voces de un entorno donde se ha hecho común la desnutrición, la mortalidad materna e infantil y la propagación alarmante de enfermedades como: malaria, hidrargirismo, amibiasis, entre otras afecciones tratables y prevenibles, así como otras de mayor complejidad como VIH-SIDA.
Pero más de fondo está el hecho de que los indígenas Pemón vienen siendo víctimas de todo el poder del Estado en el marco de la defensa de su derecho a la demarcación de territorio y de llevar a cabo actividades económicas gestionadas por su propia organización. El hecho de resistirse y no permitir el control de yacimientos auríferos potencialmente explotables por las bandas criminales autodenominadas Sindicatos, e impedir que más oro entre al ciclo mafioso de comercialización informal (tráfico ilegal) y formal (estado, especialmente sectores de los aparatos represivos) que se viene dando en todo el territorio del Arco Minero del Orinoco (A.M.O), es algo que hoy los indígenas Pemón están pagando con mucho dolor y sangre.
La disputa por los yacimientos de oro y demás minerales de nuestra Amazonía Venezolana, que viene ocurriendo desde inicios del milenio, se ha acentuado y complejizado con el proyecto Arco Minero del Orinoco (A.M.O) que, por el desquicio y avaricia de aquellos que lo administran, ha generado un lento y progresivo etnocidio de nuestros pueblos originarios a quienes, a pesar de las amenazas y el terror infundado, no han podido ocultar ni silenciar. Todo esto se enmarca en un contexto regional de militarización del territorio, violación de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, en el cual el objetivo es el control total de la Amazonía como zona estratégica para la extracción de minerales. Es claro que la militarización les resulta necesaria para poner esta región al servicio del capital extranjero, a través de planes de infraestructura como el I.I.R.S.A.
!MEMORIA PARA NO OLVIDAR, JUSTICIA PARA SANAR¡
Los hechos son sumamente graves, desgarradores y desconsoladores. ¿Como puede haber tanta impunidad? ¿A donde acudir con una institucionalidad completamente secuestrada y deteriorada? ¿Cómo pueden ser tan indolentes y atreverse a jugar con los sentimientos y emociones más profundos de la gente? ¿Como esto se convirtió en algo normal? Compartimos ese dolor, que muchas veces resulta abrumador. Acompañamos ese llanto que no es individual, sino colectivo. Pero el tema no radica en desconocer el dolor ni negar la indignación, ni tampoco en dejarnos arropar en la angustia y desesperanza. Ese es precisamente el objetivo de los que ostentan el poder. Creemos que la cuestión debe girar en dos preguntas claves: ¿Cómo sanamos el dolor?, y ¿qué hacemos aquellos que, directa o indirectamente, nos vemos afectados y nos preocupa enormemente dicha realidad?
Desde nuestra perspectiva es importante apostar a mantener la memoria colectiva: a reconstruir los hechos, a pensar el cómo llegamos a esto y, fundamentalmente, qué es necesario para que no se vuelva a repetir. Porque es precisamente el olvido lo que nos lleva a cometer errores del pasado y creer ciegamente en políticos que al final buscan mantenerse en el poder de cualquier forma. Por más tormentoso que pueda resultar recordar, la memoria ciudadana y popular es un relato que debemos transmitir a las generaciones más jóvenes y a las venideras. Transmitir que la humanidad y la integridad de una persona son principios esenciales para construir un futuro pleno, y que no hay contexto ni justificación que justifique la violación de DDHHs.
Simultáneamente, el otro aspecto es la justicia. Romper con la impunidad. Pasen meses o años, mantenernos en una lucha permanente y constante para que los responsables de estos crímenes no queden libres ni desconocidos. Que los mismos no puedan disfrutar ni un mínimo de las grandes riquezas robadas y que sus negocios criminales (que son la causa estructural de las atrocidades cometidas) se desmantelen.
En lo inmediato, debemos hacer memoria de la masacre de Santa Elena, que la misma forme parte de nuestro discurso; y a su vez construir una red ciudadana con activistas, ambientalistas y defensores de DDHHs que nos permita: en primer lugar, solidarizarnos directamente con el Pueblo Pemón y, en segundo plano, apoyar las acciones jurídicas pertinentes que permitan determinar a los actores materiales e intelectuales del caso, para que estos asuman su responsabilidad jurídica adecuada. Hacemos ese llamado concreto y urgente a la ciudadanía y ofrecemos nuestro aporte para que eso se lleve a cabo y que la justicia se convierta en un clamor nacional.
JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LA MASACRE DE SANTA ELENA
Referencias
[1] Vanessa Moreno Losada (25/02/2019). "Por tercer día consecutivo persiste persecución armada en Santa Elena de Uairén". Publicado en EFECTO COCUYO. Disponible en:
http://efectococuyo.com/sucesos/por-tercer-dia-consecutivo-persiste-persecucion-armada-en-santa-elena-de-uairen/
Cristofer García (24/02/2019). "Hospitales de Roraima han recibido a 20 venezolanos en dos días, según Gobierno local". Publicado por EFECTO COCUYO. Disponible en:
http://efectococuyo.com/la-humanidad/hospitales-de-roraima-han-recibido-a-20-venezolanos-en-dos-dias-segun-gobierno-local/
Nueva Política - Marzo 2019
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