En los últimos meses ha venido ocurriendo una lamentable situación en Venezuela: el robo masivo del cableado necesario para la prestación de los servicios de telefonía fija y de Internet. A simple vista parecería la obra de unos cuantos delincuentes (hay quienes creen que están involucrados trabajadores de CANTV, principal empresa de comunicaciones de Venezuela), conocedores de los precios elevados de los materiales con que se elabora dicho cableado; no obstante esta situación irregular y desgraciada, que ha afectado notablemente a numerosas familias venezolanas, coincide con el progresivo control que el Gobierno "revolucionario" de Maduro ha tenido sobre las comunicaciones, en un periodo de ira popular creciente debido a la fuerte crisis económica que azota al país suramericano.
Ciertamente es una realidad el robo de centenares de kilómetros (quizá miles) de cables utilizados para las comunicaciones en Venezuela, pero en todo caso la prestación de servicios de Internet y de telefonía fija y móvil ha estado pésima, "casualmente" desde que las autoridades "socialistas" han venido ejecutando medidas económicas impopulares, que han desencadenado múltiples reacciones antigubernamentales en las redes sociales y en otros medios de comunicación. En este orden de ideas es bien sabido que el Estado burgués, prevaleciente en el mundo entero, emplea como estrategia de control social, entre otras, la vigilancia de todo lo que se publica en físico o en formato electrónico, y por supuesto aplica la censura en los casos que considera pertinente. Y Venezuela no es la excepción en este sentido, contando la administración Maduro con el personal y con las herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo el control de las comunicaciones a todo nivel, contribuyendo de esta forma, en tiempos de crisis, a evitar la difusión masiva y oportuna de información que motive una rebelión tipo "El Caracazo".
De manera que más allá del robo por delincuentes del cableado utilizado para las comunicaciones en Venezuela, hay una afectación premeditada, por parte del Gobierno nacional, de los servicios de Internet y de telefonía, tendiente a evitar la propagación masiva y rápida de información que ayude a mantener e incrementar el descontento debido a la terrible situación socioeconómica que estamos viviendo.
