La agresividad de Estados Unidos frente a los gobiernos de los países miembros del ALBA crece en la medida en que reacciona ante una pérdida de su influencia sobre Latinoamérica y el Caribe en general, que atribuye particularmente a Hugo Chávez (y a Cuba, pero esto no es una novedad).

 Algunas señales de esta pérdida de control: con ocasión de las negociaciones que siguieron a la agresión de Colombia a Ecuador, el 1º de marzo del 2008,[1] en lugar de recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que Estados Unidos forma parte, los presidentes latinoamericanos se reunieron en Santo Domingo, sin los grandes vecinos del norte, en el marco del Grupo de Río, contrariando con claridad a Colombia, aliada de Estados Unidos. En el año 2008, Honduras, aliada tradicional e incondicional de la política de Washington, se unió a Petrocaribe, ente creado por iniciativa de Venezuela con el fin de proporcionar petróleo a los países de la región no exportadores de hidrocarburos, a un precio inferior al del mercado mundial. Honduras también se ha adherido al ALBA, otra iniciativa de integración regional lanzada por Venezuela y Cuba. En diciembre del 2008, tuvo lugar en Salvador de Bahía una importante cumbre que reunió a la mayoría de los presidentes latinoamericanos, con la presencia destacada del jefe de Estado Cubano, Raúl Castro, a cuyo lado se sentaba Felipe Calderón, presidente de México, quien hasta hace poco mantenía una actitud hostil hacia Cuba, siguiendo las directivas de Washington. Unos meses más tarde, la OEA decidía, a pesar de la oposición estadounidense, el reingreso de Cuba, que había sido excluida en 1964. En el 2009, también Ecuador se sumó al ALBA y decidió poner fin a la concesión al ejército de Estados Unidos de la base de Manta.

 Desde el comienzo de la década del 2000, Washington intentó en forma sistemática contrarrestar el giro a la izquierda que tomaban los pueblos de Latinoamérica: apoyo al golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002, apoyo financiero masivo a la oposición antichavista, sostén a la huelga patronal venezolana de diciembre de 2002 a enero de 2003, intervención activa del embajador de Estados Unidos en Bolivia para impedir la elección de Evo Morales, monitoreo de la intervención del Banco Mundial en Ecuador en 2005 para conseguir la dimisión de Rafael Correa, en ese momento ministro de Economía y Finanzas, organización de maniobras militares conjuntas en el Cono Sur, reactivación de su 4ª flota, un gran aumento de la ayuda militar a su aliado colombiano, que utiliza como cabeza de puente en la región andina. Y para sobreponerse al fracaso del ALCA en noviembre de 2005, la negociación y/o la firma del máximo posible de tratados de libre comercio bilaterales (con Chile, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Perú, Panamá, Colombia, Uruguay) [2].

 La agresividad de Estados Unidos contra el contagio chavista en Latinoamérica subió varios puntos en junio-julio de 2009 con el golpe de Estado militar en Honduras, que derrocó al presidente liberal Manuel Zelaya, cuando éste proponía a la población una consulta sobre la convocatoria a elecciones por sufragio universal de una asamblea constituyente. Si ésta hubiera sido convocada, inevitablemente habría legislado sobre una reforma agraria que cuestionara los enormes privilegios de los grandes terratenientes y de las transnacionales extranjeras de los agronegocios presentes en el país. Ante esta perspectiva, la clase capitalista local, con un sector agrario muy importante, respaldó el golpe de Estado. También se debe tener en cuenta que esta clase es una burguesía compradora, totalmente volcada al comercio de importación-exportación, y que depende de las buenas relaciones con Estados Unidos. Por esta razón la burguesía hondureña había apoyado la firma de un tratado de libre comercio con Washington, y se había opuesto al ALBA. Además, entre las razones que llevaron a la patronal hondureña a sostener el golpe figura, en buen lugar, el aumento del salario mínimo decretado por Manuel Zelaya.[3] Por otra parte, también se sabe que Zelaya quería pedirle a Washington la liberación de la base aérea de Soto Cano, situada a menos de 100 km de la capital, para transformarla en aeropuerto civil.

 Evidentemente, el Pentágono no asumió el giro a la izquierda de un presidente que esperaba que fuera dócil, ya que, para ellos, Honduras forma parte de sus subordinados en la región. Aunque imaginemos —lo que es muy improbable— que los generales hondureños hayan actuado por iniciativa propia en la alianza con la clase capitalista local, es inconcebible que Roberto Micheletti, fantoche designado por los militares, pueda mantenerse en el poder si realmente el gobierno estadounidense se opusiera. Y es que Estados Unidos forma desde hace décadas a los militares hondureños, mantiene una importante base en Soto Cano (con 500 militares presentes en forma continua), y como lo reconoció Hillary Clinton después del golpe, su gobierno financió ampliamente la oposición al presidente Zelaya. Además, sus transnacionales, especialmente las correspondientes al agronegocio, están fuertemente implantadas en este país, al que consideran una república bananera.

 Con el fin de incrementar su amenaza contra Venezuela y Ecuador, Washington obtuvo del presidente Álvaro Uribe el anuncio, en julio de 2009, de la cesión a los militares estadounidenses de siete bases en Colombia. El corto tiempo transcurrido entre el golpe militar en Honduras y el anuncio del presidente colombiano no es una mera coincidencia: Washington quiere indicar claramente que desea detener la extensión del ALBA y eliminar el germen del socialismo del siglo xxi. Sería irresponsable subestimar la capacidad dañina de Washington y la continuidad que marca la política exterior de Estados Unidos, a pesar del acceso de Barack Obama a la presidencia y de una retórica más soft. Hasta el momento de escribir estas líneas, Washington se niega a considerar que en Honduras hubo un golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Mientras el presidente Manuel Zelaya, que regresó clandestinamente a su país el 21 de septiembre de 2009, encontró refugio en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, y que los golpistas reprimen violentamente las manifestaciones de los seguidores del presidente constitucional y cierran los medios opositores,[4] el 27 de septiembre han decretado un estado de sitio de 45 días de duración, y todo lo que consiguió decir el número 2 de Washington en la OEA fue: «El retorno de Zelaya es irresponsable e idiota».[5] Por otra parte, Hillary Clinton no condenó el prolongado toque de queda decretado por Micheletti para evitar manifestaciones de apoyo a Manuel Zelaya frente a la embajada de Brasil. Vista esta experiencia, podemos afirmar que el gobierno de Obama no muestra ninguna voluntad de romper con los métodos que sus antecesores instauraron: la financiación masiva de los diversos movimientos de oposición en el marco de su política de «refuerzo de la democracia», el lanzamiento de campañas mediáticas de descrédito contra los gobiernos que no comparten su orientación (Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, la Honduras de Manuel Zelaya ...); el mantenimiento del bloqueo contra Cuba; el apoyo a los movimientos separatistas en Bolivia (la llamada media luna, cuya capital política es la ciudad de Santa Cruz), en Ecuador (la ciudad de Guayaquil y su región) y en Venezuela (el estado petrolero de Zulia y su capital Maracaibo), el apoyo a agresiones militares como la perpetrada por Colombia a Ecuador en marzo de 2008, así como a las acciones de fuerzas paramilitares colombianas u otras en Venezuela. 

 Es evidente que la Unión Europea sigue una política muy próxima a la de Washington. Ya durante el putsch contra Chávez, el 11 de abril de 2002, la Unión Europea, a través de José María Aznar, aportó su apoyo a los golpistas. En agosto de 2009, anunció que mantiene los acuerdos comerciales con Honduras y que no denunciará como ilegales las elecciones organizadas por los golpistas hondureños. Luego, en septiembre, tomo un postura mas distante. El director general adjunto de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea (CE), Stefano Sannino, indicó en una entrevista concedida a Efe que la Unión Europea (UE), "como los otros países latinoamericanos, no reconoce que esas elecciones puedan basarse en un contexto abierto, libre y democrático"[6]. En materia de negociaciones y de firmas de tratados de libre comercio, la Unión Europea es tan agresiva como Estados Unidos e incluso exige concesiones aún más importantes que las concedidas por los países latinoamericanos a Washington.

Traducido por Griselda Pinero y Raúl Quiroz