Todo el que se acerca desprejuiciadamente al tema del arresto, encarcelamiento y condena en Estados Unidos de los cinco héroes cubanos no tarda en descubrir que todo el proceso consistió en una conjura política dentro de la línea estratégica de sistemático acoso contra Cuba y diseñada para encubrir las actividades de los grupos terroristas de Miami y sus vínculos con la CIA, el FBI e importantes figuras del gobierno norteamericano. Es decir, motivaciones esencialmente políticas condicionaron el proceso y condujeron a la violación de elementales derechos de los acusados.

Si tenemos en cuenta las raíces profundas de esta historia diríamos que tuvo su origen desde el mismo comienzo de la Revolución Cubana con las acciones hostiles contra la Isla realizadas por el gobierno de Estados Unidos utilizando exiliados cubanos reclutados y entrenados  por la CIA. ¿En que consistieron estas acciones? –Dejemos que sea Richard Helms, ex-Director de ese tenebroso organismo, quien lo explique con sus propias declaraciones ante el Comité del Senado que investigaba los intentos de asesinato contra Fidel Castro (1975):  “…Teníamos fuerzas de tarea que estaban golpeando a Cuba constantemente. Intentábamos hacer estallar las plantas generadoras de energía. Intentábamos destruir los ingenios azucareros. Intentábamos hacer todo tipo de cosas en este periodo. Era un asunto de política del gobierno americano.” (1)

Pero las acciones terroristas contra Cuba no se limitaron a la etapa señalada por Helms,  cuando la estación CIA de Miami era la mayor del mundo, contaba en su nómina con más de 4000 agentes cubano-americanos y su único objetivo era el derrocamiento del gobierno revolucionario y el asesinato de sus líderes; cuando Gerardo, René, Ramón, Fernando y Antonio eran todavía niños que lucían orgullosos sus pañoletas de pioneros; sino que estas acciones continuaron durante décadas hasta el presente, aunque moduladas por las circunstancias internacionales y el sello particular que les imprimía el presidente de turno en Estados Unidos.

Si se olvidan estas raíces profundas no es posible comprender a cabalidad el proceso político contra los 5, porque la razón de ser de estos últimos, de otros héroes que los precedieron y de aquellos que tal vez tengan que continuar su obra, fue y es precisamente la necesidad de defenderse impuesta a Cuba por las organizaciones terroristas del exilio sustentadas y dirigidas por los órganos de inteligencia de Estados Unidos. Sentada esta premisa pasemos a examinar las raíces más cercanas.

Recordemos que, en 1997, la Guardia Costera apresó el yate “La Esperanza” en aguas portorriqueñas cuando se dirigía hacia la isla  Margarita con el objetivo de asesinar al Jefe de la Revolución Cubana, quien iba a participar allí en una Cumbre de los países iberoamericanos (2). En la embarcación fueron ocupadas armas de asalto de grueso calibre y sus tripulantes, cuatro terroristas cubano-americanos, fueron arrestados. Años más tarde se sabría, por las denuncias de José Antonio Llama (alias “Toñín”), ex director de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) que el apresamiento de La Esperanza frustró los planes de una conspiración de gran envergadura en la que participaron Jorge Mas Canosa y varios directores de la FNCA. Llama reconoció al Herald que “él y otros miembros de la jerarquía de esa organización crearon un grupo paramilitar para acometer actos de desestabilización en Cuba y eliminar al presidente Fidel Castro”. Llama, además, demandó por estafa a varios de sus cómplices a quienes acusó de robar fondos por cerca de 1,5 millones de dólares que estaban destinados a la ejecución de acciones de piratería  contra Cuba (3).

Los cuatro terroristas cubano-americanos fueron, por supuesto, exonerados de los cargos que pesaban contra ellos y, de esta manera, se evitó que las investigaciones continuaran revelando importantes conexiones con figuras prominentes del exilio llamado histórico. En su exoneración  fue determinante la presencia de Héctor Pesquera, agente especial del FBI en Puerto Rico, quien desempeñaría poco después un  papel protagónico en el arresto y condena de los cinco jóvenes cubanos. En efecto, Pesquera, seguramente como premio a su actuación -en esto las fechas son muy importantes- fue nombrado el 2 de septiembre de 1998 como jefe del FBI (“Special Agent in Charge”) en el Sur de la Florida (4). Sólo diez días después, el 12 de septiembre, cuando apenas había tenido tiempo de tomar posesión de su nuevo cargo, Pesquera ordena el arresto de los cubanos, actuación sospechosamente apresurada  que traicionaba, además, la buena fe de las autoridades de La Habana que, accediendo a la petición del FBI, habían entregado poco antes a este organismo  importantes informaciones acerca de las actividades terroristas de organizaciones del exilio en Miami. A todas luces, la misión que traía Pesquera era la de impedir a toda costa  el mayúsculo escándalo que resultaría de conocerse la verdadera historia de algunas organizaciones del exilio como la FNCA y los secretos que podrían revelar personajes siniestros como Luis Posada Carriles. Con estos antecedentes y la decisión de los jueces de celebrar el juicio en Miami, los 5 no tenían posibilidad alguna de un proceso justo y estaban condenados de antemano.

El carácter político de esta tragicomedia judicial se manifiesta hasta en los detalles de procedimiento. El mismo Héctor Pesquera declaró a la prensa (5) que “los arrestos fueron informados temprano el sábado por la mañana a los congresistas Ileana Ross-Lehtinen y Lincoln Díaz Balart”. Sin embargo, la acusación fue presentada ante la Corte Federal de Miami dos días después, el lunes 14 de septiembre. Es decir, se informó a los congresistas primero que a los jueces; y antes que el juez federal, Barry L. Garber, tuviese tiempo de leer el informe acusatorio ni de nombrar a los abogados de oficio, aquellos habían publicado ya sus primeras declaraciones condenando sin pruebas a los acusados (6). Estas, en las cuales se presentaba a los detenidos como peligrosos terroristas y enemigos de Estados Unidos y también las totalmente desproporcionadas del fiscal federal, Thomas Scott, lograron un primer objetivo, que en las audiencias celebradas al respecto Gerber denegase a los acusados la libertad bajo fianza  y marcaron la pauta a los medios de comunicación acerca de como debían comportarse. Todos ellos, como en una orquesta bien disciplinada, atentos a la batuta directora, afinaron sus instrumentos para ejecutar concertadamente su papel en la farsa judicial.

¿Cómo hubiera sido posible un juicio justo en una ciudad como Miami donde los medios de comunicación, casi en su totalidad, estaban y están todavía dominados por un exilio intolerante de herencia batistiana? ¿Donde la devolución a Cuba del niño Elián González había exacerbado hasta el infinito las pasiones? Justo el día antes del comienzo del proceso, el 26 de noviembre del 2000, el Miami Herald editorializaba que con la conmoción causada por Elián “hemos aprendido o recordado dolorosamente acerca de cuan divididos estamos dentro de esta comunidad del Sur de la Florida. Las viejas animosidades que enfrentan a los cubano-americanos contra otros rezumaron como el pus de una herida infectada; las amistades se enfriaron o rompieron; la confianza fue reemplazada por la sospecha” (1, 7).

Desde el primer día en la corte, el 27 de noviembre del 2000, cuando comenzó  la selección del jurado, se vio claramente que el juicio no sería otra cosa que la versión moderna de un linchamiento del antiguo Oeste. En la edición del Nuevo Herald del 2 de diciembre de ese año, Rui Ferreira escribió un artículo cuyo primer párrafo expresa: “El miedo a una reacción violenta por parte del exilio cubano si un jurado decide absolver a cinco hombres acusados de espiar para el régimen de la isla, ha llevado a muchos potenciales candidatos a pedir a la jueza que los excuse del deber cívico.” Señala Ferreira como ejemplo que Dave Cuevas, padre de tres hijos menores, declaró al ser interrogado:  “¡Sí! Tengo miedo por mi seguridad si el veredicto no es del agrado de la comunidad cubana” (8).

Un estudio publicado en octubre de 2009 (9) acerca del comportamiento de los órganos de prensa de Miami en el periodo que va desde el 27 de noviembre del año 2000 hasta el 8 de junio de 2001, que corresponde al tiempo transcurrido desde el inicio del proceso contra los 5 hasta que fueron considerados culpables por el jurado, reveló que en esos 194 días el Nuevo Herald publicó 806 artículos que podían influir negativamente en el proceso judicial. En ese mismo intervalo, The Miami Herald publicó 305 artículos con las mismas características. En total, sólo en estos dos periódicos, se publicaron 1,111 artículos, un promedio de más de cinco por día.  En contra: 1,111, a favor: ninguno (¡cero!). Una parte sustancial de ellos fue escrita por periodistas que, como Wilfredo Cancio Isla y Pablo Alfonso –según es ya de amplio conocimiento público- recibían dinero del gobierno a través de Radio y TV Martí (10), lo cual, además de indecente, es ilegal en los Estados Unidos.

Los resultados de esta investigación serían más que suficientes para demostrar la sobresaturación mediática negativa a que estuvo sometido el Sur de la Florida en relación con los 5, y como, con fondos federales, el propio gobierno que los procesaba era el que pagaba a numerosos periodistas para que escribiesen artículos incendiarios. Pero debe tenerse en cuenta que los datos expuestos se refieren solamente a dos de los periódicos de mayor circulación en Miami y en la etapa del juicio. Si se sumasen los artículos y comentarios que se publicaron en esos mismos dos periódicos en la etapa previa al juicio y en la posterior de las apelaciones, y los que se publicaron, en todo ese tiempo, en el Diario de las Américas y otros, en la radio y en la TV, y en los medios cibernéticos, estoy seguro de que nunca, en toda la historia judicial de los Estados Unidos, los medios de comunicación e información desempeñaron un papel tan espúreo, financiado en gran parte con fondos federales, ni se violó de forma tan flagrante el derecho a un juicio imparcial que garantiza la VI Enmienda.

Hay que tener muy en cuenta, además, que los 5, condenados a injustas y exageradísimas condenas, carecían de antecedentes penales, no realizaron acto alguno de violencia y, sobre todo, se caracterizan por ser poseedores de elevados valores éticos y morales como puede comprobarse, por ejemplo, en la obra escrita de uno de ellos, Antonio Guerrero, y en la dignidad y entereza con que han soportado todos los castigos.

Si algún lector no está convencido todavía del carácter medularmente político del juicio y condena de los 5, veamos otro de los muchos hechos escandalosos que marcaron  hitos  en el proceso.

El 17 de noviembre del 2000, en ocasión de celebrarse la X Cumbre Iberoamericana, Luis Posada Carriles, Guillermo Novo Sampoll, Gaspar Jiménez Escobedo y Pedro Remón Rodríguez son detenidos en Panamá, acusados de complot para el asesinato con explosivos del presidente Fidel Castro. Los terroristas pretendían volar el anfiteatro universitario lo que hubiera provocado la muerte, además, a centenares de estudiantes panameños reunidos para escuchar al dirigente cubano. Desde esa fecha hasta el 26 de agosto del 2004, en que es perdonado ilegalmente, junto a sus compinches, por la presidenta de Panamá Mireya Moscoso, Posada Carriles continuó dirigiendo, desde la prisión, actividades terroristas contra Cuba y mantuvo estrechos contactos con dirigentes del exilio en Miami.

Mientras tanto, el fiscal panameño trataba infructuosamente de obtener de las autoridades norteamericanas los documentos que le permitiesen certificar el pasado criminal de Posada Carriles.

Por otra parte, en enero de 2003, después de cuatro años de dilaciones, la jueza Joan Leonard, de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, denegó  la moción presentada por los abogados de la defensa de los 5 que hubiera permitido acceso a las evidencias clasificadas por el gobierno como secretas (11).

Ocurrió  entonces (2003) un hecho insólito que no vino a conocerse sino tres años después (2006) gracias a la denuncia de la periodista norteamericana Ann Louise Bardach en el conocido programa radial “Democracy Now”: todos los documentos originales del expediente de Luis Posada Carriles conservados durante años en la caja fuerte del FBI en Miami fueron destruidos por órdenes de Héctor Pesquera y de la Fiscalía Federal del Sur de la Florida.

La destrucción de los documentos privaba a la fiscalía panameña de importantes elementos de juicio, salvaba una vez más a los capos de Miami, disfrazados de personas decentes, de que el mundo conociese de sus vínculos con el terrorismo y quien sabe con que otras sucias actividades, y evitó definitivamente que los abogados de la defensa de los 5 pudiesen utilizar información imprescindible cuando presentaron su informe ante el Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta.

En consecuencia, decir solamente que el caso de los 5 es, visto desde todos los ángulos, político, sería cierto, pero una imperdonable limitación en la valoración de los objetivos perseguidos con las exageradísimas condenas. Si el caso es puramente político, alguien podría intentar justificarlo desde el punto de vista de los intereses fundamentales de la nación norteamericana aunque fuese a costa del sacrificio de principios éticos. Pero no, aparte de que, por el contrario, las injustas condenas socavan los valores, sobre todo de equidad y justicia, que se supone norman la conducta en esta sociedad, lo más triste, lo más vergonzoso para el sistema de justicia norteamericano es que la condena de los 5 estuvo predeterminada desde su inicio por el interés del gobierno de Estados Unidos en satisfacer a la ultraderecha cubana de Miami que reafirmó de esta manera su condición de censor de la política exterior de Washington con respecto a Cuba. En otras palabras, se trata sí de un caso político, pero de política de la peor especie, la que se subordina a mezquinos intereses electorales y deja funciones privativas del Estado al arbitrio de un grupo de inmigrantes rencorosos.

Lo peor es que la sobredimensión de las condenas sólo satisfizo parcialmente al segmento más intransigente del exilio, el que, mediante sus congresistas Lincoln y Mario Díaz Balart, e Ileana Ross Lethinen trataron por todos los medios de vincular a los 5 con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate porque, por ese camino, veían la posibilidad de adelantar en su verdadero y final objetivo: forzar al gobierno de Estados Unidos a una confrontación militar con Cuba.

Ahora bien, ¿qué importancia tiene esta diferenciación, esta precisión que considero necesaria, al considerar el carácter político de las injustas condenas? –Es que la liberación de los 5, ya sea por indulto presidencial o por canje de prisioneros (o los términos técnicos jurídicos que correspondan) como se realizó recientemente con Rusia, representaría para Estados Unidos no sólo el modo de rectificar una cruel violación de los derechos constitucionales que garantizan un juicio imparcial y justo a los acusados, y la reparación de un grave error estratégico porque afecta la credibilidad de sus acciones antiterroristas y daña sus relaciones internacionales, especialmente con América Latina, sino la oportunidad de rescatar su capacidad de decisión con respecto a Cuba en política exterior, usurpada ahora por la mafia cubano-americana de Miami. 

1. Traducción y subrayado del autor.
2. Gerardo Reyes: “Suspect: arms in boat were to kill Castro”, The Miami Herald, Oct. 31, 1997.
3. Wilfredo Cancio Isla: “Exile: we plotted against Cuba”, The Miami Herald, June 22, 2006.
4. Jean-Guy Allard: “Introducing Héctor Pesquera – gangsters’ buddy, protector of terrorists and FBI special agent”, Granma International, March 4, 2003.
5. Pablo Alfonso y Rui Ferreira: “Cae red de espionaje de Cuba”, El Nuevo Herald, sept. 15, 1998.
6. Charles Cotayo: “Arrestos no fueron sorpresa para exiliados”, El Nuevo Herald, sept. 15, 1998.
7. Herald Staff: “Elian’s legacy division will cripple us”, The Miami Herald, Nov. 26, 2000.
8. Rui Ferreira: “Miedo a ser jurado en el juicio a espías cubanos”, El Nuevo Herald, Dec. 3, 2000.
9. Salvador Capote: “Los 5 y la propaganda encubierta”, National Committee to Free the Cuban Five, Oct. 2009.
10. Oscar Corral: “10 Miami Journalists Take U.S. Pay”, The Miami Herald, Sept. 8, 2006.

(11) w.w.w.antiterroristas.cu

sccapote@yahoo.com