Gene Sharp es un filósofo y politólogo estadounidense, fundador de la ONG Albert Einstein, cuyo supuesto fin es promover "la defensa de la libertad y la democracia y la reducción de la violencia política mediante el uso de acciones no violentas". Su obra, sin embargo, da cuenta de cinco pasos para provocar golpes suaves: ablandamiento; deslegitimación; calentamiento de calle; combinación de formas de lucha y fractura institucional. ¿Cómo se dan estas etapas frente a los gobiernos posneoliberales de nuestro continente? ¿Qué similitud tienen con lo ocurrido durante el último mes en Venezuela?

Mediante el primer paso del “manual” Sharp -su libro sugestivamente titulado ”De la dictadura a la democracia”, que ha sido paradójicamente utilizado casi siempre contra gobiernos democráticamente electos- se busca la promoción de acciones provistas a generar un clima de malestar social en el país, desarrollando matrices de opinión sobre problemas reales o potenciales. La muletilla predilecta suele ser, en este primer momento, la promoción de denuncias de corrupción estatal que, en gran parte de los casos, no han sido comprobadas, pero influyen en generar “clima” -tanto antigubernamental, como antiestatal, como sucedió en la década del 90 para intentar justificar en nuestros países la ola privatizadora sobre las empresas estatales-.

Con estas denuncias, fundadas o no, se comienza a “ablandar” la fortaleza que sustenta las bases del gobierno en curso, apuntando a crear un descontento social creciente. ¿Cómo se refuerza este primer momento? Se busca la generación de problemas económicos cotidianos: el desabastecimiento de productos de primera necesidad y una escalada de precios, por ejemplo, a través del control directo de grupos monopólicos sobre gran parte de la matriz productiva del país. Una no intervención estatal en este primer momento puede resultar muy peligrosa a mediano plazo, ya que implicaría perder la posibilidad de controlar un área muy sensible para las necesidades básicas de la población. La creación de mercados populares, como en Venezuela, o determinadas políticas de control de precios pueden contribuir a contrarrestar los efectos especulativos.

El siguiente paso es intentar quitar legitimidad a través de la denuncia de la inexistencia de la libertad de prensa -desde la misma prensa, valga la paradoja- y un supuesto avance de este gobierno sobre los derechos humanos -algo que en general no ha podido ser probado fácticamente en los gobiernos posneoliberales de nuestro continente-. Se intenta crear la matriz de opinión de un autoritarismo creciente, bajo un supuesto “pensamiento único”, replicando estas denuncias por todos los medios masivos privados. La mayor parte de los gobiernos progresistas en América Latina han afrontado estas primeras dos etapas -en especial la segunda-. La frase “vienen por todo”, repetida hasta el hartazgo en varias de estas experiencias, ha sido el caballito de batalla de sentido común para intentar erosionar las bases de apoyo de estos gobiernos, fundamentalmente asentados en las mayorías populares. Así, las modificaciones que apuntan a lograr una redistribución del espectro radioeléctrico, por ejemplo, han sido caracterizadas erróneamente como “avances contra la libertad de expresión”. El problema de trasfondo no es de libertades, sino económico: quienes han puesto el grito en el cielo han sido precisamente los grandes empresarios mediáticos, que se han visto amenazados mediante las nuevas legislaciones que buscan poner límites a los monopolios informativos.

El tercer momento consiste en la promoción de una “lucha activa callejera”, que bajo reivindicaciones políticas y sociales confronte de forma directa con el gobierno. Así, se pueden dar protestas violentas contra las instituciones, tal como sucedió durante todo el mes de febrero en Venezuela -con el ataque a fiscalías públicas, casas de gobernadores, mercados populares promovidos por el Ejecutivo, etc-. Acá encontramos una contradicción notable con el supuesto paradigma “pacifista” que se ha intentado atribuir a Sharp desde la visión de algunos analistas internacionales, que han tratado de “embellecer” su obra en los últimos años.

El anteúltimo paso, vinculado con las movilizaciones, es la generación de un clima de “ingobernabilidad”, mediante operaciones de “guerra psicológica” o de cuarta generación. Así, por ejemplo, se utiliza a los medios masivos privados para responsabilizar al propio gobierno por las acciones de calle y sus resultados, ocultando y/o tergiversando información de lo sucedido. La difusión de noticias falsas, o fotografías de sucesos que se dan en otros lugares del mundo que rápidamente se “viralizan” por las redes sociales, intenta generar una matriz de opinión pública a nivel nacional e internacional. Se busca incluso lograr el apoyo de dirigentes, artistas y personalidades internacionales que, informadas o no sobre lo que realmente ocurre en ese país, opinan por ser un tema mediáticamente relevante a escala mundial. Luego, se reproduce esa opinión en los medios privados nacionales, generando un círculo (des) informativo.

Para finalizar, se espera que se produzca la fractura institucional, el punto álgido del “manual” de desestabilización. Para ello se intenta provocar un aislamiento internacional del gobierno, algo que, de no suceder, puede hacer fallar a los pasos previos (dos ejemplos de nuestro continente: la rápida reacción de Unasur frente a los intentos de golpe de 2008 y 2010 en Bolivia y Ecuador, respectivamente). Si el aislamiento internacional se produce, y los pasos previos se han cumplido, se intenta forzar la renuncia presidencial.

Aquí, por ejemplo, se puede promover una división aún mayor entre el Ejecutivo y el Legislativo, si el gobierno no llegara a controlar este último mediante una mayoría parlamentaria. Los “golpes suaves” en Honduras y Paraguay fueron conducidos por la derecha autóctona y los grupos empresariales desde ambos parlamentos. La destitución de Lugo, por ejemplo, se produjo mediante un “juicio político express” que definió su salida en menos de 24 hs, irrespetando normas jurídicas básicas frente a un presidente democráticamente electo. De no darse esta fractura, se puede apuntar a promover una intervención militar extranjera o bien fomentar el desarrollo de una guerra civil prolongada

Como se ve en este último punto, bajo la idea de una posible intervención militar extranjera aparece un elemento no menor en todos los pasos que hemos visto: la injerencia externa. ¿Se puede analizar “autóctonamente” estos intentos de golpes blandos, sin dar cuenta del notorio incremento de bases militares estadounidenses en América Latina? ¿Es posible dar cuenta de la ola de protestas que tienen lugar en Venezuela sin analizar que es el país con mayores reservas probadas de petróleo a escala mundial? Tras el intento de deslegitimación internacional de gobiernos democráticamente electos en nuestro continente no sólo se esconde un interés ideológico -el rechazo una forma de gobernar con horizontes de cambio social- sino además un fin claramente comercial, tendiente a poder controlar nuevamente los enormes recursos naturales que tiene nuestro continente.