La inesperada declaración de Obama de que el gobierno bolivariano de Venezuela es "un peligro para la seguridad nacional de EE UU", acompañada de sanciones contra 7 altos cargos venezolanos, supone una amenaza y una ingerencia que hace recordar los tiempos en los que EE UU ponía y quitaba a su antojo gobiernos en América Latina.

Dos parecen ser los motivos del nuevo decreto de Obama. El primero de orden interno en EE UU: en la fase final de su mandato, Obama se encuentra con una oposición republicana mayoritaria en el congreso y el senado a su política de acercamiento a Iran. Y necesita una válvula de escape a la presión de la derecha extrema norteamericana, que ha bloqueado todos sus otros proyectos políticos.

La segunda es la situación interna de Venezuela. La caída del precio del petróleo agrava una crisis económica que afecta especialmente a las clases populares. El gobierno de Maduro no ha sabido y no ha sido capaz de salir del marasmo de la corrupción, la mala gestión y el clientelismo de la burguesía importadora que erosionan día a día el legado de Hugo Chávez. La crisis de abastecimientos está ligada a la ruleta de intereses que es el control de divisas. Pero hasta el momento se descartan medidas esenciales como la nacionalización del comercio exterior. Incluso se ponen en cuestión las nacionalizaciones llevadas a cabo de sectores económicos por la incapacidad de gestión de la burocracia estatal.

Este es el contexto en el que la oposición venezolana es sostenida y reconstruida con el apoyo de los sectores más reaccionarios del gobierno de EE UU. Una oposición cuya principal credencial democrática es el intento de golpe de estado de 2004 y que ha sido derrotada en las urnas una y otra vez. Cara a las próximas elecciones legislativas de septiembre ha vuelto a poner en marcha una campaña que cuestiona la legitimidad misma del proceso electoral: Maduro, ante la certeza de perder habría puesto en marcha un auto-golpe, cuyo primer paso es la represión de la oposición. Y ésta debe responder con la amenaza de otro golpe, apoyado desde el exterior.

El Reino de España, que acaba de aprobar una Ley Mordaza, es el principal altavoz de las críticas de la oposición venezolana que, de paso, ayuda al gobierno Rajoy acusando a Podemos de estar financiado por el Gobierno Maduro. Y en vez de denunciar lo que es una ingerencia de EE UU en América Latina, contraria incluso a la carta de la Organización de Estados Americanos –que no ha apoyado la declaración de Obama-, la mayoría de los partidos del régimen del 78, incluido el PSOE, han convertido la situación venezolana en una "cuestión interna española" contra Podemos, IU, ICV-EUiA y las izquierdas nacionalistas, acusadas de apoyar la "represión de Maduro".

Si la actual situación en Venezuela no se hubiera repetido tantas veces en estos 15 años, sorprendería. Pero empieza a ser algo habitual ante cada gran cita electoral, incluidos los muertos, que suele reclamar como suyos la oposición, aunque se trate de militantes bolivarianos, asesinados por francotiradores.

Sin embargo, la Ley de Habilitación, que confiere al Presidente Maduro la capacidad de gobernar por decreto, a pesar de que cuenta con una amplia mayoría parlamentaria (que ya quisiera para sí Obama en EE UU) no es el instrumento apropiado frente a una oposición que, hasta el momento, ni es capaz de unificarse ni de presentar una alternativa.

Su única fuerza son los errores del Gobierno Maduro en la gestión de la crisis social y económica, el clientelismo y la corrupción de la "boliburguesia" y de sectores de la burocracia administrativa. La forma de derrotar a la oposición es con más democracia y con más movilización bolivariana, no con menos.

En cualquier caso, de lo que no hay la menor duda es del carácter imperialista del decreto de Obama y de la ingerencia de EE UU. Y frente a ella, el gobierno bolivariano de Venezuela tiene toda nuestra solidaridad.