A diversos analistas de diversos signos políticos, recientemente, les hemos leído y escuchado la apreciación de que no está planteada la posibilidad, a pesar del encrespamiento de las relaciones, de una intervención directa del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en los asuntos internos de nuestro país, aduciendo, entre otras cosas, razones de índole geopolíticas vinculadas a que una acción de esa naturaleza produciría una reacción en cadena de rechazo, de pueblos y gobiernos latinoamericanos y caribeños, no convenientes para los intereses estratégicos estadounidenses; y algunos, más ilusos, a nuestro entender, llegan a sostener que el intervencionismo es una práctica del pasado que no se corresponde con un supuesto enfoque moderno que mantiene el imperialismo estadounidense hacia los países del Continente.
Sin embargo, hace pocos días, se hizo público, a través de diversos medios de comunicación un ominoso informe surgido del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, (que dentro de la estrategia pentagonista tiene asignado el control de América Latina y el Caribe) titulado “Venezuela freedom 2- Operation”, de febrero de este año, calzado con la firma del nuevo jefe de ese comando, almirante Kurt Tidd, en el que de manera expresa se plantean 12 pasos para desestabilizar y derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Marco jurídico írrito
Mayor muestra de intervencionismo, de injerencismo no se puede desconocer; así, como tampoco la Orden Ejecutiva- Decreto, de marzo de 2015, ratificada por Obama en el que se califica a Venezuela como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y para su política exterior, que ahora vino acompañado con la renovación de la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela” de 2014, adoptada por el Senado estadounidense que extiende hasta 2019 las sanciones unilaterales y extraterritoriales aplicadas por EEUU contra Venezuela y que, evidentemente, le sirve de sustento al Decreto de Obama.
Es en este marco jurídico, por demás, írrito que vulnera el Derecho Internacional Público, violenta el principio de igualdad soberana de los Estados y de autodeterminación de los pueblos, donde se apoya Obama para declarar, como lo manifestó en reciente entrevista, que el gobierno de Venezuela debe ser cambiado lo más pronto posible.
Operación Libertad
Pero, qué contempla el informe de la Operación Libertad Venezuela 2 que ha sido analizado y hecho público, entre otros, por equipos de compatriotas de Misión Verdad, Carlos Lanz y Eva Golinger: pues, generar condiciones para conseguir reemplazar al gobierno bolivariano por un gobierno de transición conformado por los grupos nucleados en la MUD y por sectores empresariales, jerarquía eclesiástica, sindicatos, universidades y las inefables ONGs.
Para tal efecto se señalan 12 pasos que deben seguir los sectores conjurados en el plan, que por razones de espacio no podemos desarrollar en esta oportunidad, pero que es evidente que ya se viene ejecutando con la expectativa de que su fase terminal se concrete entre los meses de julio y agosto próximos, antes de que termine el mandato de Obama (el derrocamiento de Maduro sería par él como un trofeo) y de donde se colige que lo del referéndum revocatorio bien puede ser sólo un señuelo destinado a “calentar” la calle y el ambiente político.
Es de cuajo que la afectación de ingresos con la caída de los precios petroleros, la guerra económica que los grupos monopólicos y las empresas transnacionales han desatado contra el gobierno y el pueblo, el saboteo a los servicios públicos, el cerco financiero internacional, la manipulación mediática, la invocación a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, la descalificación del sistema democrático venezolano, la inducción al desprestigio de dirigentes bolivarianos vinculándolos con el narcotráfico y el lavado de dólares, el ataque contumaz y desconocimiento de la institucionalidad del país, la generación de focos progresivos de violencia, el exacerbar la inseguridad incentivando prácticas paramilitares de bandas criminales, colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que justifique la intervención de la ONU y de otros organismos multilaterales, insistir en el carácter dictatorial del gobierno de Maduro; son orientaciones que ya vienen predeterminadas en el señalado informe.
Junto con ellas, además, recomienda utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la acción gubernamental; posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de crisis humanitaria por la escasez de alimentos, medicamentos, déficit eléctrico, etc.; fomentar un clima de desconfianza e incertidumbre generalizada, estimular y sembrar temor en la población; proyectar la imagen de que Venezuela está a pocos pasos del colapso como para justificar demandar de la comunidad internacional una intervención humanitaria.
Es decir, recrear una situación tanto a lo interno como a nivel internacional de que el país está a punto de implosión y ante lo cual la Salida es el cambio abrupto del gobierno.
Quinta columna
En ese cuadro, orienta, el Informe del Comando Sur, socavar la institucionalidad militar, debilitando su liderazgo y capacidad de mando, haciendo especial mención de las milicias y de los colectivos a los cuales hay que prever neutralizar en esta fase decisiva y mantener prestas las fuerzas especiales que tienen acantonadas en el arco geoestratégico que configuran las bases militares (7) en Colombia, las de Aruba (1) y Curazao (1) y la de Palmerola en Honduras, especialmente, para actuar sobre la región central del país donde se concentra el poderío político-militar venezolano. En otras palabras, estos yanquis no se vienen con cuentos y están dispuestos a imponernos la misma Operación Libertad que le monitorearon a Irak y Libia, para ello cuentan con su quinta columna: la burguesía apátrida y la paraoposición mudista.
