En defensa del pueblo colombo-venezolano (a ambos lados de la frontera binacional) y la integralidad del territorio nacional, el Estado venezolano debe reaccionar de inmediato ante el avance programado por l@s hij@s de putas oligarcas que desde la época de las luchas independentistas gobiernan en Colombia y sistemáticamente agreden nuestro gentilicio y atentan contra los intereses del pueblo venezolano, al tiempo que exterminan al campesinado de su propio país (sus herman@s de sangre) para desplazarlos y despojarlos de sus tierras con la finalidad de hacerse de éllas y establecer áreas bajo dominio del paramilitarismo en estrecha alianza, complicidad y participación directa con ejército colombiano, todo con el objetivo de establecer bases facinerosas en la zona fronteriza y reforzar las unidades que dominan vastas áreas dentro de territorio venezolano; acciones combinadas Colombia-U.S.A que forma parte de la estrategia intervencionista del Departamento de Estado desde sus bases militares que pronto serán reforzadas por la presencia de la organización terrorista internacional conocida como OTAN en asocio con el Estado Israelí que ya está presente en ese escenario de guerra de baja intensidad.
Es hora de actuar: la respuesta a tal estrategia belicista no puede seguir siendo tan blandengue y colaboracionista como hasta ahora. El gobierno nacional, con apoyo del pueblo venezolano y los seis millones de colombian@s que residen en Venezuela y viven honestamente de su trabajo, debe actuar de inmediato, mañana será muy tarde.
A tal fin proponemos:
(1) Recibir y atender a la población de herman@s desplazad@s, como siempre lo hemos hecho y seguiremos haciendo, pero solicitando, en esta oportunidad, el apoyo logístico de UNASUR, la ONU y Cruz Roja Internacional con la finalidad de garantizar la vida, seguridad y atención de l@s desplazad@s, aliviar la carga financiera que esta acción facinerosa, planificada por el Estado fallido colombiano, representa para nuestro país y, fundamentalmente, dar el carácter internacional que el caso amerita;
(2) Movilizar a la población venezolana, y la colombiana legalmente residente en el país, para: (a) participar directamente en la asistencia humanitaria que se ha de brindar a l@s aterrorizad@s herman@s colombian@s y (b) enterarse y tomar conciencia de este fenómeno que atenta contra nuestra estabilidad político- social y amenaza la integralidad de nuestro territorio;
(3) Exigir al ELN la inmediata salida de las bases que ocupa en nuestro territorio, habida cuenta de su público, notorio y criminal asocio con factores delictivos venezolanos (contrabandistas, ganaderos, terratenientes, fuerzas policiales y apátridas componentes de las FANB) que contribuyen con las agresiones que a diario experimenta el pueblo venezolano, la población colombiana desplazada y, especialmente, nuestros pueblos originarios;
(4) Reemplazo inmediato e investigación de las unidades de las FANB y elementos policiales destacados en la frontera que se han corrompido producto de su asocio con el ELN, narcotraficantes, bandas de contrabandistas binacionales de toda índole y asociaciones de ganaderos como GADEMA, entre ellas otras, que trafican ganado venezolano hacia territorio colombiano. Destacar de inmediato unidades frescas, tanto de las FABN como policiales, con reemplazos programados cada dos meses para evitar contaminación y castigo ejemplar a los componentes cívico-militares que se vean involucrados en actos ilegales que constituyen actos de traición a la Matria;
(5) Una vez prestada la atención humanitaria a la población desplazada e intencionalmente dirigida hacia territorio venezolano por l@s hij@s de puta que gobiernan en Colombia y habida cuenta de la cantidad creciente de ciudadan@s colombian@s en suelo venezolano, realidad que atentan contra la soberanía nacional, proceder a trasladar dicha población a la ciudad de Cúcuta para que el Estado colombiano asuma su plena responsabilidad ante tal fenómeno migratorio que ha sido precisamente planificado por el gobierno colombiano;
(6) Declarar la guerra sin cuartel contra los grupos paramilitares y delincuenciales colombianos que se han establecido en territorio nacional. Proceder, con participación de la población criolla y la colombiana en suelo venezolano, a identificar y aprender a grupos paramilitares y delincuentes comunes que azotan al pueblo colombo-venezolano no sólo en la zona fronteriza sino en todas las ciudades y pueblos de Venezuela donde localicemos su delictual presencia;
(7) Exigir (directamente al gobierno colombiano y ante organismos internacionales) indemnización por daños a la nación que corresponden a la retención de más de 40 mil vehículos robados en Venezuela y autorizados a circular por autoridades colombianas en claro gesto de complicidad y apoyo a los grupos criminales que operan en nuestro país;
(8) Prohibir el transporte de carbón que empresas transnacionales y colombianas realizan a través de territorio nacional en claro atentado contra la salud de nuestra población y daños ambientales que el Estado venezolano ahora debe asumir;
(9) Exigir(directamente al gobierno colombiano y ante organismos internacionales) indemnización por daños patrimoniales a la nación venezolana asociados a la ilegal y delincuencial apropiación, por parte del Estado colombiano, de combustible derivado de hidrocarburos que contrabandeado a suelo colombiano es comercializado a nivel internacional por la estatal Ecopetrol en clara violación del Derecho Internacional. Actividad y hechos comprobables en atención a investigaciones realizadas por los compatriotas Gustavo Márquez y David Paravicini y a la que tengamos a bien realizar;
(10) Desempolvar el caso del ilícito e irrito tratado que despojó a la República de Venezuela de la parte occidental de Los Montes de Oca. Tratado que debe ser denunciado ante los organismos internacionales correspondientes.
Pretendemos y aspiramos ser oídos por el gobierno nacional, aceptar que el fenómeno referido en este pedimento es real y constituye un grave atentado contra la soberanía nacional, lo cual obliga a actuar de inmediato so pena de ser considerada la inacción del Estado venezolano como un acto colaboracionista con el gobierno hijo de puta colombiano.
¡Sabino nos señaló el camino, me señaló el camino, nos señala el camino!