En nuestros más recientes artículos hemos expresado las grandes disputas geopolíticas de la que es objeto la República Bolivariana de Venezuela. Las recientes designaciones del presidente Donald Trump así lo confirman.
El “Ché” Guevara lo expresó con toda claridad: “Al imperialismo no sé le puede confiar ni tantico así, nada”. Trump tiene el “mérito” en su primera administración de ser el presidente que le impuso la mayor cantidad de medidas coercitivas unilaterales a Venezuela; el que intentó asesinar con drones a Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 (cosa que si logró con el héroe iraní Qasem Soleimani en enero de 2019) y dos intentos de invasión al país. La primera el 23 de febrero de 2019 con el famoso “Cucutazo” y la segunda un 3 de mayo de 2020 a través de la denominada Operación “Gedeón”.
Y eso que no mencionamos el Golpe Eléctrico del 7 de marzo de 2019 y el intento de Golpe de Estado del 30 de abril del mismo año donde lo único que lograron fue la liberación del terrorista de Salamanca y hoy prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López.
No sólo es la nominación de Marco Rubio como Secretario de Estado en esta segunda administración de Donald Trump o de Michael Walsz como asesor de Seguridad Nacional que aboga por imponer “más sanciones” a Venezuela. Acá agregaremos otros elementos adicionales que advierten la escalada que podría venirse sobre nosotros.
Lo primero tiene que ver con el nominado a la Secretaría de Defensa, Pete Hegseth, un ex boina verde quien está muy de acuerdo con los asesinatos a través de la utilización de drones que tiene eufóricos al extremismo fascista venezolano pensando que con esto ahora sí le llegó la hora a Nicolás Maduro. Hegseth también tiene el mérito de agredir sexualmente a una mujer en una habitación de hotel en el año 2017, después de haber participado en un evento de la Federación de Mujeres Republicanas de California. El equipo legal de Hegseth señalaba que el encuentro fue consensuado pero The Washington Post indica que Hegseth le pagó a esta mujer una cantidad no revelada después que ella firmara un acuerdo de confidencialidad.
Lo segundo tiene que ver con la aprobación de la denominada Ley Bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, que lleva el acrónimo de BOLIVAR, la cual busca complementar las agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela.
Esta ley fue solicitada por la derecha fascista de los grandes apellidos sumándose a las más de 947 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales en contra del pueblo venezolano y del propio sistema empresarial estadounidense.
Muy importante el aporte que hace la analista política Indira Urbaneja, cuando recuerda que esta iniciativa legal fue aprobada inicialmente por el Senado gringo en el año 2022 en la que el gobierno de Estados Unidos y cualquier ciudadano estadounidense no puede contratar con empresas e instituciones del gobierno y la República Bolivariana de Venezuela. Pero para eso están las licencias o simplemente si no planeas venderla nada al gobierno estadounidense, puedes seguir tranquilo.
Pero más allá de estas consideraciones, es importante señalar lo que la aprobación de este instrumento jurídico representa. Recordemos que en diciembre del año 2014 el Congreso estadounidense aprobó una denominada Ley de Promoción de Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela como preludio a la Orden Ejecutiva 13.692 firmada por el entonces presidente de ese país, Barack Obama, donde Venezuela es declarada como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de EEUU”.
Y bueno no conforme con ello, en la reunión del G-20 en Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Chile, Francia y Reino Unido trataron el tema de Venezuela. Hay que ver que somos importantes para algunos y algunas.
Y para cerrar el catálogo de agresiones, finalmente la administración saliente de Biden decidió reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. No mejora el enfermo como dirían algunos y algunas.
La razón por la que la administración saliente de Joe Biden decidió dar este paso está relacionada ante la inminencia de la juramentación de Nicolás Maduro por un nuevo período constitucional para el cual fue reelecto el próximo 10 de enero de 2025 tal y como está señalado en el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Está muy claro que Biden y los neocons quieren dejar encendida la pradera antes de irse y dejarle a Trump una bomba activada en materia geopolítica y petrolera que se constituyan como decimos por estos lares en “plomo en el ala” en la gestión que se iniciará el próximo 20 de enero de 2025.
No nos cabe la menor duda que estas nuevas arremetidas tienen aseguradas su fracaso. Y tal y como lo hace nuestra Cancillería, exhortamos al sistema de Naciones Unidas encargadas de tema de los Derechos Humanos así como la comunidad internacional en general, especialmente a la latinoamericana y caribeña, a condenar estos actos abiertamente ilegales y violatorios de la soberanía nacional.
Tal vez en los próximas entregas de esta columna podamos referirnos con mayor detalle sobre los acontecimientos que en estos momentos están en pleno desarrollo.
Pero para cerrar esta nota, solamente nos resta expresar: “Hay que desechar las ilusiones y prepararse para la lucha”.
¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron sigue!
