Paramilitares y Coca-Cola, las cifras bailan.
Los Tratados de Libre Comercio, el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el contexto neoliberal, buscan maximizar las ganancias para las empresas transnacionales. Es la simple lógica del mercado, de la competencia; de la apropiación de las riquezas, de los bienes, de los insumos y los precios; es el control de toda la vida. En este marco, una de las áreas donde las empresas obtienen mayores ganancias es en la explotación de los trabajadores. Y la Coca-Cola, como todas las grandes transnacionales, se benefician de las políticas de ajuste que los países implernentan obligados por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y esto ha sido y es así, aunque no nos guste. Y no es discurso ideológico.
Al aspecto que ahora nos interesa se le llama "reforma laboral", "hacer competitiva la mano de obra", "fortalecer el capital humano", "reducir los costos de producción", entre otros conceptos que usan los gobiernos y las grandes empresas. En la práctica esto implica congelar los salarios; eliminar los sindicatos; desaparecer los contratos colectivos de trabajo; eliminar las prestaciones sociales (créditos para vivienda, salud, etc.); despedir a los trabajadores antiguos y con eso los procesos de indemnización futuras; eliminar las jubilaciones y las pensiones; eliminar el reparto de utilidades; convertir todo trabajo en empleo temporal; apropiarse de los ahorros de los trabajadores secuestrándolos en los bancos para beneficio de los mismos bancos; disminuir los costos de equipo de seguridad del trabajador; emplear los despidos masivos; extorsionar a los trabajadores exigiéndoles horas extras de trabajo sin pagarlas, o se les amenaza con entregar el puesto a otro empleado que lo necesita; entre otras muchas acciones que afectan a los trabajadores. También hay otras medidas de "ajuste" como es la liberación del control sobre los precios de los productos básicos y más importantes para la alimentación familiar; la eliminación de los subsidios a los productos de consumo básicos; la privatización del sector salud y educativo; el aumento a los servicios que presta el Estado; el aumento de los impuestos, etc., etc. Todas estas medidas acaban ahorcando al trabajador.
Bueno, pues de todo esto ha hecho uso y beneficio la Compañía Coca-Cola. Incluso en Colombia se le acusó de utilizar las Cooperativas de trabajo asociados quienes asumen una parte de la cadena productiva a riesgo propio y sin costo para la Compañía. De esa manera evitan el pago de salarios justos y otros beneficios laborales y desplazan a la mano de obra sindicalizada protegida por convenciones laborales. Al mismo tiempo controlan las condiciones de contratación de servicios con estas cooperativas, garantizando la favorabilidad para sus intereses. Pero la Coca-Cola ha ido más allá. El Estado y las transnacionales como Nestlé y Coca-Cola han desatado una campaña para convertir en crimen toda protesta social que incluye desde difamaciones vinculando a los sindicatos que atenta contra sus interesas con las organizaciones guerrilleras, hasta acciones jurídicas en contra de los dirigentes por supuestos hechos de terrorismo y rebelión, basadas en montajes y pruebas falsas, calumnias, difamaciones a trabajadores y hasta allanamientos de las sedes sindicales.
Presentare ahora algunos casos más escandalosos de violación a los derechos humanos donde la Coca-Cola ha participado.
GUATEMALA: Desde que se conformó el sindicato de trabajadores de la Coca-Cola en 1968 hasta 1980 fueron asesinados seis de sus dirigentes y desaparecidos otros cuatro. El 2 de enero de 1980 la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (IUF) envió por correo a sus afiliados un retrato manchado en sangre de Pedro Quevedo, el primer asesinado sindicalista de Coca-Cola. En mayo cayeron otros cuatro. Sindicalistas y manifestantes de América Latina, profundamente indignados, derribaron los letreros de puestos de venta. En Guatemala se leían los carteles de propaganda de la Compañía que decían: ¡COCA-COLA: LACHISPADELAMUER-TE! También se dio la ocupación militar de fábricas y sedes sindicales por parte del ejército guatemalteco y cuerpos armados de la transnacional. En una de ellas, el 21 de junio de!980, fue torturado y asesinado Edgar Rene Aldana Ruano.
PERÚ: La última década fue difícil para los trabajadores de la Embotelladora Latinoamericana S.A.
A partir de 1993 se fue desplazando al personal con más antigüedad hasta lograr la disolución del Sindicato en 1995. A lo largo de esos años hasta la caída del presidente Fujimori, los trabajadores sufrieron los recortes de los derechos laborales, bajos salarios, jornadas extras sin pagarlas, trabajo nocturno mal remunerado y contratos a terceros para labores ordinarias y permanentes de la empresa. A partir de 2001 los trabajadores intentaron organizarse nuevamente para defender sus derechos. Llevaron a cabo reuniones clandestinas hasta que en marzo de 2002 realizaron una asamblea con 79 trabajadores. Ahí fue elegido el primer comité ejecutivo por dos años. La embotelladora de Coca-Cola, al enterarse, comenzó a despedir a los afiliados y dirigentes sindicales. Sin embargo ante el respaldo de otros sindicatos y organizaciones la empresa contrató nuevamente a los despedidos.
AUSTRALIA: La poderosa confederación sindical de la Construcción Madera Minas y Energía de Australia anunció un bloqueo internacional a los productos de la Coca-Cola y exigir una sanción a quienes financian grupos paramilitares en Colombia. También exigió el respeto a la vida del pueblo trabajador colombiano, que se investiguen por autoridades nacionales e internacionales los crímenes cometidos por funcionarios de Coca-Cola. De no aclararse, juzgar y penalizar a los responsables, llamaría a un bloqueo internacional de todos los productos de la multinacional con el apoyo de las filiales sindicales de trabajadores a nivel mundial. Andrew Ferguson, Secretario General del sindicato, señaló a ANNCOL, que "su organización había enviado a las directivas internacionales de Coca-Cola mensajes enérgicos contra el paramilitarismo de esa compañía y su complicidad en el crimen de opositores al régimen que lidera Alvaro Uribe Vélez, con la gracia y el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos". Por su lado, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, con sede en Australia que orienta Vluadin Vega, Susana Rivas y Gladis Almario, emitió un comunicado respaldando la posición del sindicato australiano que califico de "sin precedente y de gran valor civil, que favorece al pueblo colombiano en lucha contra el paramilitarismo gubernamental y en la defensa de los derechos humanos respetar la vida y el trabajo, en esa guerra civil que afronta Colombia." El 17 de abril de 2002 los sindicatos de la Coca Cola en Colombia, Venezuela, Zimbabwe y Filipinas iniciaron movilizaciones destinadas a denunciar las constantes violaciones de derechos humanos por parte de la dirección de la multinacional en Colombia. Exigen que Coca Cola firme un protocolo que garantice el respeto a los derechos de los trabajadores en todas las fábricas de la multinacional en el mundo. Pero, ¿qué fue lo que pasó en Colombia?
No lo van a creer…
COLOMBIA: En Colombia existen 20 plantas embotelladoras de Coca-Cola. Sus trabajadores están organizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Colombia (SINALTRAINAL) fundado en 1982, aunque sus raíces vienen de hace 50 años con la llegada de la transnacional Nestlé al país. SINALTRAINAL agrupa a los trabajadores de las transnacionales Nestlé, Coca-Cola y Corn Products Corporations. Es en 1986 cuando da inicio el terror contra el sindicato por parte de estas empresas asociadas al gobierno y grupos paramilitares.
Ese año es asesinado Héctor Daniel Useche Berón, trabajador de la empresa Nestlé y dirigente de SINALTRAINAL. Hasta la fecha el saldo ha sido de 14 dirigentes asesinados, 8 de ellos trabajadores de la Nestlé, y 7 de trabajadores de la Coca-Cola de los cuales 3 fueron asesinados en plena negociación por los derechos laborales con la empresa. Además el saldo alcanza a 48 desplazados, dos exiliados, dos desaparecidos y numerosas detenciones injustas de dirigentes.
Las movilizaciones y protestas obreras han sido militarizadas y en muchos casos los escoltas personales de los Gerentes de Coca-Cola y sus cuerpos de seguridad han sido utilizados para reprimir la organización sindical. Mientras, la legislación laboral y los derechos convencionales han sido permanentemente violados y disminuidos. En los últimos años Coca Cola; Nestlé; Fruco C.P.I.; Indunal SA. cuyo dueño es el congresista Fuad Char Abdalá; Meáis de Colombia y otras empresas donde el sindicato tiene socios, han despedido más de 20 mil trabajadores y trabajadoras. La mitad de éstos por parte de Coca-Cola, remplazándolos por mano de obra contratada de manera temporal. Por su lado el gobierno ha fortalecido la campaña de criminalizar las protestas y demandas, al tiempo en que se inicia el proceso de ofertar al gran capital los embalses de agua.
Los paramilitares defienden que hay que acabar con cualquier tipo de resistencia que obstaculice la entrada de las empresas multinacionales y del ALCA. Las regiones donde se producen mayores masacres y desplazamiento de campesinos del campo a la ciudad son aquellas donde se encuentran los mayores recursos. Actualmente existen más de 3 millones de habitantes desplazados del campo a la ciudad en Colombia, muchos de ellos familiares de trabajadores de las trasnacionales o víctimas de la violencia que se vive en aquellas áreas donde las trasnacionales tienen intereses. Esta estrategia del terror corporativo y de estado ha causado que en los últimos diez años SINAL-TRAINAL haya reducido el número de afiliados de 5,400 a 2,300 trabajadores. El gobierno no llevado a cabo las averiguaciones ni castigado a los culpables de dichos crímenes, además de otorgar más garantías a las grandes corporaciones multinacionales con reformas que las benefician, privatizando empresas y recursos naturales, creando zonas de maquiladoras. A ello se le suma el Plan Colombia del gobierno de los Estados Unidos que agudiza el escalamiento de la violencia y la eliminación de las organizaciones sociales.
En la Coca-Cola corre la sangre de sus trabajadores sindicalizados. En 1992 el Gerente de Coca-Cola, José Gabriel Castro, acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla.
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