El clima político que están generando los medios de información privados nos permite visualizar un reacomodo de la oposición centrado en la posibilidad real de inducir a un Golpe de Estado o generar disturbios en diferentes partes del país (sobre todo en los Estados y Municipios donde gobierna) a fin de subvertir el orden público y repetir los sucesos del 11 de abril del año 2002, esta vez para provocar una eventual intervención armada por parte de los E.U.
Las declaraciones de diversos personeros de los micropartidos de oposición, así como diferentes sesudos analistas de la economía y la política nacional, y las premoniciones de los esclarecidos discípulos de las Universidades o grupos económicos y políticos internacionales nos indican que la marcha de una nueva etapa de la Guerra de Cuarta Generación está en curso.
Pero esta vez tiene características peculiares. Ya no se trata de conformar un show público para llevar a cabo el golpe, como lo hicieron los militares golpistas en el 2002. Se trata de conformar una matriz de opinión internacional que haga presentar al gobierno del Pte. Chávez como un tirano radical que estimula la revolución en los países latinoamericanos, lo que representa un peligro para la estabilidad democrática en la zona –tal como lo ha afirmado Obama- y legitimar ante comunidad internacional una invasión y ocupación de país.
Aunado al amarillismo de los medios, y su campaña permanente de presentar a Venezuela como el país más inseguro de Latinoamérica, remarcando la carencia de servicios y el deterioro de la calidad de vida, la oposición ha venido estableciendo reuniones permanentes con los asesores de la CIA quienes han preparado una minuta o plan de acción, denominado Pacto de Puerto Rico, en el cual se tiene estudiado el campo de acción y el papel de los actores dentro de esta escalada subversiva.
La orden de detención de Manuel Rosales y los policías golpistas, constituye el detonante que por los momentos sirve para proclamar el autoritarismo del gobierno bolivariano. De ahí ya se ha comenzado a diseñar la estrategia para iniciar el proceso subversivo y la ejecución de las primeras etapas. La consulta ante el CIDH y la OEA sobre la decisión del TSJ con el propósito de hacerlo aparecer como una medida de persecución política. Los llamados a la subversión, al golpe de estado hecho por la esposa de Rosales, de los abogados, de los dirigentes políticos, de los medios privados, son la punta de lanza de la insurrección.
Para tales efectos se activarán varios frentes que se sumarán al caso Rosales. Los llamados a paro por la Universidades debido al recorte presupuestario, paro de empleados públicos, paro de transporte, paro de trabajadores petroleros, guarimbas, tomas de calles, avenidas y autopistas, desestabilización financiera, desabastecimiento, saqueos, escalada delictiva, asesinatos selectivos, sicariato, secuestros, sabotaje de los servicios públicos, de los servicios estratégicos del aparato estadal.
El otro elemento consiste en el nuevo proceso de demarcación de límites con Colombia. Los golpistas, junto con los medios crearán una matriz de opinión según la cual el Pte. Chávez está cediendo parte del territorio venezolano a Colombia.
Previa a esta etapa ya la conformación de los ejecutores está realizada: reclutamiento de militares activos, de funcionarios al servicio de los cuerpos de seguridad; infiltración en los cuerpos de seguridad del estado y en puestos claves del Estado para sabotear y acceder a informaciones importantes referidas a la soberanía y seguridad del país, infiltración y posicionamiento de paramilitares en barriadas, caseríos, urbes, a fin de formar bandas delictivas y asesinar a dirigentes populares para sembrar el pánico en las comunidades; mecanismos para la desabastecimiento de medicinas, alimentos, bienes de uso doméstico; activación de las organizaciones universitarias para la alteración del orden público; sabotear los servicios estratégicos tales como energía eléctrica, incendios en plantas y oleoductos; saboteo de CANTV y otras formas de comunicación colectiva tales como emisoras comunitarias o del Estado; brigadas para el asesinato de dirigentes populares, etc.
Convencidos que la opción electoral no es la vía expedita sacar al Cte. Chávez del poder, la derecha está haciendo alianzas estratégicas con sectores del chavismo, en especial, aquel pseudochavismo que ocupando cargos de poder, siente menoscabado su esfera y sus competencias, a fin de formar un frente para desvincularse del proyecto y generar debilidad en el gobierno. Por esta vía convocarán públicamente al golpe de estado o a una intervención militar para restituir la democracia.
El plan está en marcha. Los asesinatos cometidos contra trabajadores y dirigentes obreros, contra los campesinos, militantes revolucionarios y dirigentes populares son la evidencia de la primera de las acciones.
El sabotaje a CANTV, a servicio de electricidad e incendios en refinerías son el segundo elemento importante, al igual que los paros de los trabajadores petroleros con el auspicio de empleados de PDVSA. El incremento de secuestros al igual que actos delictivos con la modalidad de acciones comando son nuevas formas de actuar los paramilitares. La organización de pandillas en barriadas para cometer asesinatos en la población forma parte del proceso de terror hacia las comunidades con el fin de evitar la participación en el proceso revolucionario.
Las amenazas de paro por los transportistas, las universidades y los empleados públicos son el otro elemento importante para analizar. Los intentos por generar desórdenes constituyen la estrategia avisada de los personeros de la CIA en las universidades a través de los medios de información privados. La campaña de desprestigio y mentiras contra el gobierno y la satanización del Pte. Chávez a través de las agencias informativas nacionales e internacionales constituye la punta de lanza del plan, al igual que las informaciones tendenciosas y falsas sobre mal funcionamiento del estado, inseguridad, desempleo, malos servicios y abuso de los funcionarios públicos.
El Departamento de Estado Norteamericano, el embajador de los E.U. en Venezuela, el Encargado de Colombia del Plan Bolívar, el expresidente Bush, la CIA, los medios privados de Venezuela, CNN, Carlos A. Pérez, Carmona Estanga, los militares prófugos, Teodoro Pettkof, Manuel Rosales, el Gobierno de Colombia, Alberto Federico Ravell, Henry Ramos Allup, Primero Justicia, Ledezma, Fedecámaras, Capriles Radonsky, César Pérez Vivas, el Mata Curas, la CTV, son algunos de los ejecutores del Plan en combinación con militares activos, algunos gobernadores, alcaldes, banqueros y empleados públicos que están conformando un escenario de descontento con la ley de descentralización y recorte presupuestario.
En este sentido es necesario conformar, inmediatamente, mecanismos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia integrados por funcionarios definitivamente comprobados que están comprometidos con el proceso revolucionario a fin de identificar, ubicar y desmovilizar los agentes del imperio que están actuando, directa e indirectamente en la guerra de cuarta generación. De ahí la necesidad de organizar a las comunidades para ubicar los paramilitares radicados en el país, de activar mecanismos de inteligencia para conocer los militares que están reclutados por el imperio, de ubicar a los grupos subversivos que funcionan en las universidades, de los identificar empleados públicos que están saboteando la funcionalidad del estado, de ubicar a los funcionarios de seguridad que están actuando como espías del imperio, a los empleados de PDVSA que sabotean las actividades de la producción petrolera y ocasionan incomodidad a los empleados y obreros, de los empleados que ocasionan mal funcionamiento en la CANTV y las empresas que interceptan la señal de VTV, TELESUR, VIVE. En fin, todo esas huestes que conspiran en la oscuridad para revertir el proceso revolucionario.
Por tales razones se hace necesario activar la contraloría social conformando redes que permitan contrarrestar y minimizar los efectos que este plan subversivo pudieran generar en la población y en el gobierno revolucionario. La denuncia de funcionarios corruptos, de infiltrados en el aparato estatal, de paramilitares, de saboteadores debe ser una acción prioritaria. Es fundamental conformar mecanismos de inteligencia revolucionaria para preservar la continuidad del proceso revolucionario bolivariano. Es necesario poner en ejecución planes de contingencia para impedir el sabotaje a fuentes de energía eléctrica, torres y centrales de CANTV, semáforos.
En fin, sólo la fuerza organizada del pueblo es la garantía de la continuidad y profundización de la revolución socialista. Lo demás es cuento de caminos. SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO.
Hacia la victoria siempre. Venceremos
carrodcas@cantv.net
