La clase obrera de Guayana y de todo el País tiene
que levantar su voz de rechazo a esta nueva agresión, nueva criminalización de
la protesta obrera y popular que pretende amedrentar al pueblo combatiente
contra el capitalismo, así este exprese identificarse con el gobierno del
presidente Chávez. Es que el gobierno
busca castigar, en la persona de Meléndez, la justa lucha, protesta del pueblo expresada
en movilizaciones y paros, que no se aguanta tanta explotación, arbitrariedad
como la imposición de una nueva gerencia en ALCASA y SIDOR, y tanta violación a
nuestros derechos consagrados en la Constitución de la República, la ley del
Trabajo y la LOPCYMAT,
aparte de la conciencia anticapitalista del movimiento obrero que empuja a la protesta,
por la incapacidad de aplicar una verdadera política obrera y socialista.
Los trabajadores de SIDOR son los verdaderos
amenazados con la medida que se toma contra Meléndez quien no es el primero que
sufre una medida similar, ni será el último que sufre la persecución judicial,
sino que son cientos de dirigentes obreros y populares, siendo los más
emblemáticos hoy el dirigente Rubén González de FERROMINERA, los trabajadores
de Transporte Camila, de SIDOR y los 7 directivos del sindicato SINGETRAM (Mitsubishi)
estado Anzoátegui. No son los
trabajadores los que deben ser enjuiciados sino los burócratas que violan los
derechos legales y contractuales de los trabajadores.
Los
problemas que han llevado a la protesta a trabajadores en SIDOR, son similares
al los que viven los trabajadores en ALCASA, VENALUM, Petroleros, en las
empresas cementeras, empleados públicos, de la salud, educacionales y la raíz
también es la misma: Una política de defensa de la propiedad capitalista y las
ganancias del gran capital, que al bajar el valor real de los beneficios
contractuales baja los costos globales de la mano de obra (obreros y empleados),
para así aumentar la plusvalía que se apropian los amos del capital y su
ejecutor es el gobierno del presidente Chávez que no se cansa de llamarse
socialista. La respuesta de la clase trabajadora ante esa política de
congelación (rebaja real)de los beneficios contractuales, que se refuerza con
la firma de contratos con empresas chinas para que esta traiga su propio
personal de su país a los cuales no se les cancela lo que estipulan nuestras
leyes y convenios colectivos es la lucha y esa lucha es condenada por los
defensores de la explotación y opresión capitalista y es criminalizada por
estos mismos señores.
Es
deber de todos los sectores revolucionarios y demócratas consecuentes rechazar
y condenar esta nueva agresión contra el movimiento obrero, esta vez en la
persona de José Meléndez que se suma a la de Rubén González, Félix Martínez y
los otros seis compañeros de la
Mitsubishi, a la de los compañeros de Transporte Camila. Es
nuestro deber impulsar acciones nacionales, incluso paros exigiendo el cese a
la criminalización de la protesta obrera y popular, contra la violación de las
contrataciones colectivas y la discusión de los contratos vencidos, por el
ingreso inmediatos a nómina fija de todos los tercerizados de las empresas
públicas y privadas, contra el endeudamiento de las empresas públicas con el
capital privado, que es más deuda y miseria para los trabajadores, por un verdadero
Control Obrero para que se respeten todos los derechos de los trabajadores, por
la destitución inmediata de toda la plana gerencial y juntas Interventoras de
las empresas del estado y la elección de nuevas por medio del voto de todos y
cada uno de los trabajadores de dichas empresas. Por la elección de 1 delegado
o vocero cada 100 trabajadores que constituyan Comités Obreros por empresa que
se coordinen con los de las otras empresas del estado para elaborar un plan de
lucha y un cronograma de acciones para derrotar la política de criminalización
de las luchas obreras y populares y por la defensa de los derechos e intereses
de la clase trabajadora.
Llamamos
a los camaradas de Alianza Sindical – Marea Socialista a convocar reuniones
unitarias a nivel nacional de todos los sectores democráticos y
revolucionarios, para organizar y liderizar la batalla contra las políticas de
criminalización de la protestas obreras y populares, que cercenan el derecho
democrático a la huelga y la manifestación, bajo un programa democrático
revolucionario.
¡¡No
a la investigación contra José Meléndez!!
¡¡No
al enjuiciamiento de los directivos de SINGETRAM!!
¡¡Por
el cierre definitivo de los juicios de Rubén González y los trabajadores de
Transporte Camila!!
¡¡Por
la libertad plena de todos los trabajadores y hombres y mujeres del pueblo
pasados a la justicia burguesa por lucha por y con el pueblo!!
¡¡Por
el enjuiciamiento obrero de todos los gerentes y miembros de las Juntas
Interventoras y Ministros que violan o permiten la violación de los derechos
legales y contractuales de los trabajadores!!
¡¡¡Por
la elección de 1 delegado o vocero cada 100 trabajadores que constituyan
Comités Obreros por empresa!!
¡¡Que
estos Comités Obreros se coordinen con los de las otras empresas del estado
para elaborar un plan de lucha y un cronograma de acciones para derrotar la
política de criminalización de las luchas obreras y populares y por la defensa
de los derechos e intereses de la clase trabajadora!!
