Hay algo que se viene desarrollando dese el año pasado, y que se ha profundizado a partir de la Guarimba iniciada el 12 de febrero, que viene a coronar triunfalmente, por ahora, la estrategia que el imperio planificó durante años para acabar con la revolución bolivariana una vez que falleciera el presidente Chávez.
Este proceso es una inflación absolutamente descontrolada, que ha pulverizado el salario de los trabajadores venezolanos, que se une al proceso de desabastecimiento que aprieta el nudo en el cuello de los sectores populares.
Hoy pedí un café de máquina (Nescafé) y me cobraron 42 bolívares. Compre además una bolsita de café imperial de 200 gramos, y me costó 48 bolívares (según el gobierno, el kilo de café debería venderse a 46 Bs). Un litro de aceite de motor PDV cuesta en Maracaibo 170 bs., cuando se supone que su precio oficial, según PDVSA debería estar por los 50 Bs. Un apartamento de tres habitaciones, en zonas de clase media pero no lujosas, cuesta ahora 3 ó 4 millones de Bs., cuando hace pocos años su precio estaba por los 300-500 mil Bs. Un vehículo Malibú de más de 30 años de uso se vende actualmente por 300 mil Bs., lo mismo que costaba un carro nuevo el año pasado. Una computadora, que para cualquier profesional es una herramienta de trabajo imprescindible, cuesta entre 30 y 70 mil bolívares, sin incluir impresora ni monitor. Los teléfonos Android de Movilnet, cuyo precio oficial es de 2500 Bs, no se consiguen ni con lupa y en el mercado mafioso los venden a más de 7 mil Bs. Un caucho de vehículo, ring 16, cuesta 5300 bolívares cada uno (tengo un Impala de 14 años). El aceite de comer no existe desde el año pasado; de vez en cuando se puede comprar aceite de oliva a más de 500 bolívares el litro. Las baterías puedes conseguirlas luego de tres días de colas, o pagar sin hacer cola más de 5 mil bolívares en el mercado mafioso.
Estos aumentos han ocurrido en todos los rubros de consumo diario y masivo, y afectan el presente y el futuro de la clase trabajadora y profesional en todo el país. Esta inflación desbocada está echando por tierra todos los logros económicos que alcanzó en 14 años de revolución el gobierno del presidente Hugo Chávez. Como se ha dicho siempre, la población razona por el estómago, este descenso vertiginoso de los niveles de vida del pueblo necesariamente tienen que redundar en un gran descontento que se está acumulando y una buena dosis de desengaño ante lo que se observa como impotencia del gobierno de Maduro para afrontar esta grave crisis económica.
Las parejas trabajadoras, incluyendo profesionales, que no tengan vivienda, deben renunciar por ahora incluso a soñar en tener una casa o un apartamento propio. ¿Quién puede pagar o financiar 3-4 millones para adquirir una vivienda? ¿Con qué sueldo podrá un trabajador pagar las cuotas de un préstamo de ese tamaño (si se lo llegan a dar, cosa que dudamos)?
Hasta vestirse y calzarse es una necesidad que se está colocando fuera del alcance de las familias venezolanas. Los altos precios de la ropa y zapatos atentan contra la capacidad de compra de los deprimidos salarios que existen hoy en nuestro país.
¿Qué ha pasado para que este desastre ocurriera en Venezuela? No tratamos de echarle culpas a Maduro, pues lo fundamental de esta crisis económica ya estaba dibujada en el escenario a mediados del 2012. Pensamos que ha colapsado un modelo de gestión ultraburocrático que se impuso en las empresas del Estado y en toda la administración pública desde que Chávez estaba vivo. Sólo que sus desoladores efectos vienen a presentarse con más fuerza debido a la ausencia del comandante.
Tampoco estamos despotricando de Chávez, pues el Plan Simón Bolívar 2007-2013 y el Plan de la Patria 2013-2019 recogen lo fundamental de las tareas económicas que deberían impulsarse en el país para superar la dependencia, romper las ataduras con el capital foráneo y alcanzar la plena soberanía alimentaria y productiva.
Hay que revisar a fondo todo lo que se hizo en los últimos diez años. Sobre todo revisar los métodos de trabajo que se impusieron silenciosamente en la administración del estado bolivariano. Por la información que manejamos, y que en muchos casos ha corroborado el propio gobierno de Maduro, la corrupción se introdujo como una práctica cotidiana en los gerentes de las empresas del estado.
Por ello el gobierno debió intervenir e incluso encarcelar a muchos gerentes en las empresas básicas de Guayana el año pasado (hubo que encarcelar incluso a uno de los coroneles enviados a combatir la corrupción, pues terminó involucrándose él mismo en el negocio mafioso).
La corrupción se facilitó por la ausencia de mecanismos de contraloría social que alertaran oportunamente de las desviaciones administrativas que se iban produciendo. Por el contrario, se impuso la conducta de sancionar con fuerza a los funcionarios que se atrevieran a criticar o denunciar esas irregularidades.
Un ejemplo patético y muy personal es lo ocurrido a mi esposa, Carmen Alicia Hernández, quien era Consultora Jurídica de Fundacite Zulia y aprovechó el primer gobierno de calle de Maduro, en abril de 2013, para entregarle en sus manos al ministro Fernández una carta denunciando las graves irregularidades presentes en dicha institución. El resultado fue que a ella la botaron de su cargo un mes después, nunca se investigó ni corrigió nada, y los responsables de los desafueros aún continúan en sus cargos (ver su denuncia, una vez que la botaron, en aporrea: http://www.aporrea.org/tecno/a166926.html ).
He escuchado de numerosos casos similares al anterior, y estoy convencido que esto fue una perniciosa práctica que se impuso bajo la bandera política de la “subordinación y disciplina” que deben cumplir el personal subalterno, introducida tanto del estalinismo cubano como de las ideas militaristas que creen que las empresas y ministerios se deben dirigir como si fueran un cuartel.
La falta de democracia y de transparencia en la administración pública es lo que da pie a la corrupción. El que va a robar no desea que lo supervisen, y mucho menos que lo critiquen. Invocando la disciplina y la subordinación, se comenzaron a imponer gerentes con objetivos personales de lucro y poder, que progresivamente fueron quitando del medio a los trabajadores críticos que podían obstaculizar su ascenso o su permanencia en los cargos dirigentes.
El resultado progresivo, con los años, es que se ha instalado una sólida capa de burócratas que se tapan unos con otros, que negocian entre ellos los espacios de poder, pero que no tienen nada que presentar en términos de resultados positivos de gestión pública. Nadie denuncia la corrupción, porque todos roban parejo (obviamente con excepciones, pero que sin embargo estas excepciones tampoco denuncian las irregularidades que ven y conocen).
Lo más destacado en esta corrupción es la bendita lista de empresas estafadoras de Cadivi, que todos solicitan pero que nadie publica. Todo el país piensa que su ocultamiento es debido a que en ella se involucran importantes factores del gobierno bolivariano.
Si repasamos la conducta del presidente Chávez en esta última década, recordamos sus esfuerzos por lograr la plena soberanía alimentaria. Todos los Aló Presidente que se hicieron desde haciendas y fábricas expropiadas o recuperadas por el estado, que hoy deberían estar en capacidad de resolver el enorme desabastecimiento que nos afecta. Pero parece hoy en día que nada de eso está funcionando, que se han perdido millonarios presupuestos, un tiempo precioso y un considerable esfuerzo. Hoy parece que Chávez hubiera arado en el mar.
Pero el momento no es para lamentarse, sino para actuar, rectificando los graves errores que nos han conducido a esta crisis. Pensamos que hay que estremecer a esa oligarquía burocrática que se constituyó al interior de la propia revolución bolivariana. Recuperando el principio democrático de la rotación de cargos, sería muy bueno que se propiciara que quienes han sido ministros, viceministros, gerentes, directores, presidentes de institutos y otros cargos de jerarquía durante los 15 años de revolución, pasen progresivamente a cumplir funciones normales en las comunidades populares o en puestos de trabajo subalterno. Eso probablemente no traería resultados inmediatos, pero es lógico que alejes a los zamuros de la carne.
Lo anterior habría que acompañarlo con el Control Obrero y la Contraloría Popular. Para ello actuarían los Consejos de Trabajadores, los Consejos Comunales y las Comunas. Habría que discutir y aprobar la ley de consejos de trabajadores, otorgándoles funciones importantes en la supervisión y control de las gerencias en las instituciones del estado. Habría que resucitar el Plan Guayana Socialista, aprobado por Chávez en el 2009 y que poco a poco los burócratas fueron dejando de lado hasta abandonarlo por completo (ver el artículo de Marea Socialista http://www.aporrea.org/trabajadores/a188509.html).
Si alguien argumentara que la revolución no puede prescindir de la experiencia de tantos y valiosos cuadros, nosotros les respondemos que lo que se trata aquí es de salvar la revolución. Precisamente a los que antes invocaban que la disciplina de los funcionarios y militantes debía de estar por encima de los intereses personales, les recordamos y sugerimos que abandonen sus intereses personales y vayan a impulsar la revolución desde los consejos comunales, las comunas, consejos de trabajadores, sindicatos, o simplemente como trabajadores en cualquier lugar del país. Abandonen sus cargos y sus privilegios, sean disciplinados, y contribuyan a resolver el gran despelote que han causado con su inoperancia e ineptitud manifiesta.
Que se vayan todos los burócratas, sería la consigna del momento, y que se aplique por fin la democracia participativa y protagónica consagrada en nuestra constitución bolivariana. Antes que sea demasiado tarde y perdamos la revolución, no tanto por la ofensiva imperialista, sino por nuestra propia incapacidad para conducir la economía del país.
Maracaibo, Tierra del Sol Amada. 22 de mayo de 2014.
