He indicado en artículos anteriores (ver mi artículo ‘Capital-Trabajo: el origen de la crisis actual’, ‘Le Monde Diplomatique’, julio de 2013) que el incremento de las desigualdades ha sido una de las principales causas de las crisis financiera y económica actuales. Las políticas neoliberales llevadas a cabo por los gobiernos Thatcher y Reagan primero, y extendidas más tarde a otros países, causaron una gran concentración de las rentas derivadas de la propiedad del capital a costa de un descenso muy marcado de las rentas del trabajo. Esto último determinó una disminución de la demanda y del crecimiento económico, con lo cual disminuyó el porcentaje de personas trabajando, a la vez que creció el desempleo. No es casualidad que los países más desiguales en Europa, como España y Grecia, estén también entre los que están en una situación económica peor.
De esta explicación de las causas de las crisis debería derivarse que la reducción de las desigualdades tendría que estar en el centro de las políticas económicas y sociales de los gobiernos de los países en crisis. Y una de las medidas más eficaces para reducir las desigualdades es llevar a cabo políticas de pleno empleo. No es tampoco casualidad que los países europeos con menos desigualdades (como los países escandinavos) tengan también menos desempleo, un mayor porcentaje de población empleada y que estén entre los que tienen un mayor crecimiento económico. La explicación de ello es que el pleno empleo aumenta las rentas del trabajo, disminuyendo proporcionalmente las rentas del capital, con lo cual disminuyen las desigualdades. Y puesto que el crecimiento de las rentas del trabajo estimula más la demanda y el crecimiento económico que el crecimiento de las rentas del capital, las políticas orientadas a incrementar las primeras ayudan al país a salir de la recesión, ese agujero que está dañando enormemente la calidad de vida de las clases populares.
La causa de que la creación de empleo origine este círculo virtuoso se debe a que el pleno empleo empodera al mundo del trabajo, permitiendo que aumente su seguridad y su nivel de exigencias. A menor desempleo, mayor es el nivel salarial. En EEUU, por ejemplo, una disminución de la tasa de desempleo de un 1% se traduce en un incremento de los salarios de los trabajadores de menor renta (las dos decilas inferiores) de un 12,4%.
Cómo conseguir el pleno empleo
Una de las medidas más eficaces para alcanzar el pleno empleo son las inversiones públicas en infraestructura social y física del país. Así, si en España, en lugar de tener a una persona adulta de cada diez trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar (como educación, sanidad, escuelas de infancia, servicios asistenciales y otros) tuviéramos una de cada cuatro (como ocurre en Suecia), se crearían seis millones de puestos de trabajo, con lo cual se eliminaría el paro. Otra área en la que hay una gran necesidad es en la inversión en temas de mantenimiento y ahorro de energía, como en los sistemas de distribución eléctrica y en intervenciones encaminadas a la descontaminación. Todo ello crearía empleo, a la vez que se ahorrarían recursos. La administración Obama creó en el año 2009, con su estímulo de gasto, de 2 a 3 millones de puestos de trabajo en algunos de esos servicios, que mejoraron la situación económica del país (aunque el estímulo no fue suficiente, pues se necesitaban de 10 a 12 millones).
Otra medida es la subida de los salarios, siendo esta una de las mejores medidas para hacer crecer la demanda y estimular la producción de empleo. Para que ello ocurra es necesario que no haya desempleo, pues de haberlo, los trabajadores no se atreverán a ser exigentes y perderán capacidad de influencia. Igualmente eficaz para estimular el pleno empleo y con ello la demanda es la reducción del tiempo de trabajo por trabajador. Esta es una de las causas del bajo desempleo en Alemania, el compartir las horas de trabajo. Así, si los nuevos puestos de trabajo (que resultarían de tener a uno de cada cuatro españoles trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar) tuvieran jornadas de ocho horas en cuatro días en lugar de cinco, el número de estos nuevos puestos de trabajo sería de 9 en lugar de 6 millones.
También se ha propuesto como una medida incentivadora del crecimiento de la demanda la reducción de impuestos, la medida preferida por los políticos conservadores y liberales, como el actual gobierno Rajoy, cuya eficacia depende primordialmente del tipo de impuestos que se reduzcan y a qué grupo social dicha reducción afecte. Cuando las rebajas de impuestos afectan primordialmente a las rentas superiores y a las rentas del capital, tal como ha ocurrido en las rebajas de impuestos del gobierno español, tal medida no es una medida muy efectiva, pues, por regla general, los grupos sociales que se benefician con esas reducciones de impuestos son los grupos más pudientes, los cuales dedican el dinero extra que consiguen menos al consumo de lo que lo harían otros sectores de la población, menos afectados por dichas reducciones de impuestos.
La garantía de crédito
La capacidad de endeudarse en términos razonables juega también un papel determinante en el estímulo de la demanda. El comportamiento especulativo de la banca es uno de los mayores obstáculos para la garantía del crédito, función que tradicionalmente había realizado la banca pero que, como consecuencia de su desregulación, ha dejado de hacer, habiendo perdido su razón social de ser. De ahí la importancia de establecer instituciones públicas que garanticen el crédito, gravando a la vez las actividades especulativas del sector financiero. Así pues, la continuidad del actual sistema financiero, cuyo objetivo principal es incrementar sus rentas a base de especulación, no sirve al propósito de facilitar el crédito, la demanda y la producción de empleo. Las políticas del gobierno Rajoy (y del gobierno anterior) en cuanto a mantener el sistema financiero actual son un obstáculo para alcanzar políticas de pleno empleo.
Estas medidas, detalladas en este artículo, jugarían un papel importante en la disminución de las desigualdades y en la recuperación económica, pero ninguna de ellas está siendo considerada por el gobierno español (excepto la reducción de impuestos).
