Caracas, lunes 28 de enero de 2008
A todos los trabajadores
A las comunidades
Al Gobierno Nacional
Ante la crisis por falta de productos básicos,
y el acaparamiento y saboteo de las empresas, dirigentes de la UNT fijan posición
Productos de consumo popular y cotidiano como la leche, el pollo, carne, aceite, azúcar, o café no llegan a numerosas ciudades o parroquias, o cuando llegan son insuficientes para la demanda de sus habitantes, quienes tenemos que hacer largas colas para intentar conseguirlos. Los empresarios provocan la escasez, produciendo menos en sus empresas, o desviando los bienes al mercado negro. Hemos visto a comerciantes y buhoneros vendiendo productos regulados a precios por encima de dicha regulación y esto lo hacen ante los ojos de los funcionarios públicos, incluyendo policías y fiscales. También exportan ilegalmente parte de su producción, hasta los mismos productos que el gobierno importa a dólar preferencial, hacia los mercados de países fronterizos como Colombia.
Es evidente para todos los trabajadores, para nuestras familias y para el conjunto de las comunidades del país, que estamos atravesando un grave problema de escasez o desabastecimiento de alimentos, así como de aumento desmesurado de algunos artículos de primera necesidad. Esta situación de manera premeditada y programada por empresarios y comerciantes se viene presentando desde meses atrás del año pasado y en las primera semanas de este nuevo año, se ha agravado peligrosamente. Ya para octubre del año 2007 la leche llegó a escasear en los mercado en un 73, 3%. Es decir, que 3 de cada 4 establecimientos no tenían leche de manera regular. Indudablemente, la escasez y el aumento de los precios afectan cotidianamente nuestro derecho a la alimentación y también desmejora significativamente los salarios de los trabajadores.
Esa realidad no es un problema casual, recalcamos, sino el resultado de la acción consciente de empresarios y comerciantes de esas ramas productivas que actúan con el aval e impulso de los sectores políticos que buscan frenar el proceso revolucionario en nuestro país. Con esas acciones persiguen el objetivo de generar malestar e incertidumbre entre los sectores populares y mostrar que el gobierno es el responsable de esta situación. Los empresarios, que en su mayoría quieren salir de Chávez y todos quieren acabar con el proceso social revolucionario, usan el poder que tienen sobre la producción de bienes y servicios para bombardear las bases sociales del gobierno con diversos mecanismos, entre ellos, la inflación, el acaparamiento y desvío de productos hacia otros mercados o por otros canales, para burlar los decretos y leyes que les constriñen sus ganancias. Es por esta realidad política que no se puede separar la situación de aumentos de precios y la escasez de productos, de toda una política contrarrevolucionaria diseñada en los más altos círculos del poder capitalista.
Lamentablemente, hay otro hecho fácil de constatar, es que ante una realidad tan difícil, el propio gobierno y en particular los ministerios, gobernaciones, alcaldías y otras instituciones más, ligadas a esta problemática, no han sabido o no han podido encontrar las soluciones para que se termine la situación de escasez que golpea a las familias trabajadoras. Una gran cantidad de funcionarios primero se negaron a reconocer el problema, luego tomaron medidas equivocadas como el crédito para sectores de esos mismos empresarios. Tampoco han podido establecer un efectivo aparato de distribución de alimentos, apoyándose en funcionarios públicos puestos a dedo. Es un hecho que la política agroalimentaria del gobierno ha fracasado en los últimos meses, aún cuando el año pasado se vivió un crecimiento del PIB de 8%. A consecuencia del crecimiento de los precios del petróleo todo se ha querido resolver vía de las importaciones. Se gastó en el año 2007 por importaciones 43.500 millones de dólares. Lo que equivale, de que de cada 100 dólares que entra por exportación petrolera, 72, 5 dólares se utilizan en gastos para cubrir las importaciones. Se consume en importaciones el 72. 5 % de lo que ingresa por petróleo. En el 2006 se gastó el 55, 1% y el 2005 se gastaron el 49,3%.
Se impone entonces una profunda rectificación desde el gobierno, pero sobre todo, un impulso y protagonismo de los trabajadores y sectores populares. Chávez ha dicho que “los problemas que amenazan la soberanía alimentaria no pueden solucionarse sin la participación popular”. Necesitamos que el gobierno convoque a instancias donde podamos opinar, proponer y organizar la lucha contra este flagelo. Entre esas instancias a crear seguimos creyendo necesario la constitución de una Mesa de Desarrollo Económico y Producción Social que ayude a resolver el problema estructural alimentario y el de la creación de trabajos estables y dignos. Y, en medio de la crisis coyuntural de desabastecimiento, desde la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y las organizaciones populares o campesinas, proponemos coordinar y encabezar un gran movimiento nacional contra la escasez, el acaparamiento y el saboteo de patronos. Hay que denunciar también, hasta hacerlo sacar de sus cargos, a todo funcionario que por su ineficiencia -o pero aún- por sus propios negocios, no defienda los intereses populares y permite el accionar de los saboteadores. En estos últimos meses hemos visto en las instancias vinculada a la problemática alimenticia crear por añadidura una capa de nuevos burócratas y no constatamos medidas efectivas contra la conspiración alimentaria. En estas semanas, por la acción directa de Chávez, se han comenzado anunciar nuevas medidas a la cual hay que ir evaluando su comportamiento y rendimiento.
La UNT propone impulsar desde las Federaciones Nacionales y los sindicatos, junto a los Consejos Comunales y otras organizaciones populares, la construcción de equipos anti acaparamiento, anti especulación y anti exportación de productos que escasean en el país. En primer lugar proponemos la coordinación y convocatoria a reuniones, encuentros y ruedas de prensa de todos los sectores sindicales ligados a la producción de alimentos y al transporte y distribución de los mismos para encarar un plan urgente de medidas, puestas a disposición de los demás sectores de la población afectados por el desabastecimiento.
Proponemos que haya contraloría social y un fuerte seguimiento de las actividades que desarrolle PDVAL y los Pdvalitos, la nueva iniciativa del gobierno de importación, producción y distribución de alimentos. Que se creen instancias para que los trabajadores de este organismo puedan denunciar cualquier indicio de burocracia y proponer medidas para un mejor funcionamiento. Proponemos un cambio radical en la gestión de Mercal, enorme conquista social que ha demostrado en el último período un grave deterioro y vicios burocráticos en su conducción. También solicitamos al gobierno nacional que haga efectiva duras condenas contra todas las empresas y comerciantes que acaparan o sabotean la producción. Se debe escuchar a los trabajadores de esas empresas, y allí donde se constate una acción de saboteo patronal pasar a su expropiación bajo control de trabajadores y las comunidades.
Allí donde exista una empresa que se niega a entregar productos y comercio que pone por cuenta gota o esconde mercancías o eleve los precios, los trabajadores y los consumidores las denuncien y se organicen movilizaciones conjuntas con las comunidades sobre sus instalaciones. De los recursos enormes de PDVSA deben salir créditos no para los grandes empresarios del campo y la ciudad, sino para las comunidades que realicen emprendimientos productivos, para los proyectos de desarrollo endógeno, para las organizaciones del campo que recuperan tierras y pueden ponerla a producir. Por otro lado, contra el contrabando o extracción de productos para otros países, es necesario reforzar los controles existentes a fondo y castigar severamente a los empresarios vinculados con estos ilícitos. El gobierno ha comenzado a tomar medidas en este sentido utilizando fuerzas militares en esas zonas, pero debe incorporar a las organizaciones del pueblo para esa tarea, única forma de evitar que la corrupción debilite el seguimiento de los que trafican con nuestros alimentos. En los estados fronterizos, los trabajadores estamos dispuesto a formar parte de brigadas de control.
La escasez de alimentos está acompaña de aumentos de precios que viene golpeando a nuestras familias. Creemos que en este tema sigue siendo necesario un estricto control de precios y duras penas contra quienes lo violen. Los empresarios de Fedecámaras y otros organismos reclaman liberación de precios para aumentar sus ganancias. Nosotros reclamamos control de precios y castigo para los que negocian y lucran con los alimentos y la vida de nuestros hijos. De la misma manera consideramos oportuno y necesario decretar un aumento general de sueldos y salarios en este primer mes del año y no sólo esperar hasta el mes de mayo para aumentar tan sólo el salario mínimo.
Las distintas corrientes sindicales pertenecientes de la Unión Nacional de Trabajadores firmantes de este documento nos colocamos en defensa de los derechos de los trabajadores y las comunidades, y en defensa del proceso revolucionario y su profundización. Creemos en el protagonismo y la participación activa de millones para la solución de estos problemas y estamos dispuestos a movilizarnos y a organizar en todos los estados del país una dura lucha hasta derrotar a los acaparadores, a los saboteadores y a todos los funcionarios cómplices.
Colectivo Trabajadores en Revolución CTR.
Educadores Bolivarianos
Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma CCURA
Marea Socialista
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