Simplemente por querer hacer que un patrón respete y cumpla con las leyes democráticas y constitucionales, obreros y dirigentes sindicales hoy se encuentran en una situación de perseguidos como cualquier delincuente. Luego de que el dueño de Fundimeca, empresa ensambladora de electrodomésticos ubicada en Valencia, se negó a cumplir con un reenganche forzoso ordenado por la Inspectoría de Trabajo de Valencia, y donde dos sicarios, presumiblemente pagados por el patrón, balearon a una dirigente obrera de la fabrica, un grupo de obreros de Fundimeca, junto al delegado venezolano a la Conferencia Internacional de la OIT , Stalin Pérez Borges y otros dirigentes de la Unión Nacional de los Trabajadores: Osman Cañizales y Fernando Torbello de la Unión Regional de Trabajadores URT, se encuentran sometidos a las injustas decisiones del Tribunal 4 y 7 de Control del Estado Carabobo, con orden de retención y la amenaza de ir a la cárcel.

Como una muestra de la total impunidad que existe, la misma trabajadora dirigente baleada está demandada, aunque ni siquiera estuvo presente frente a la fabrica cuando los jueces intentaron el desalojo el día 3 de julio y el 18 de julio, debido a que se encontraba en el hospital desde el 30 de junio, día que recibió un tiro en la pierna.

Además, un grupo de los trabajadores demandados no participaron de ninguna manera del conflicto y solamente por estar en la lista que entregó el patrón hoy están siendo perseguidos.

La lucha de los trabajadores de Fundimeca, empezó el 26 de junio cuando el dueño, José Ignacio Jaramillo, un cubano gusano y golpista, se negó a cumplir con la decisión de la Inspectoría de Trabajo en favor del reenganche de 9 trabajadores despedidos injustamente. Desde ese mismo día, la empresa ha desatado un terrorismo psicológico en contra de los trabajadores, amenazando con meterlos presos, intimidándolos verbalmente: "sabemos dónde viven" le recalcan a cada momento, pasando por el frente de las viviendas de muchas de las obreras y obreros hostigándolos durante el día y la noche.

La campaña de intimidación llegó al punto que cuatro días después del arranque del conflicto, dos pistoleros llegaron a la fabrica, pasaron por el medio de 20 personas congregadas al frente, hasta llegar adonde estaba la dirigente obrera Gloria Palomino y le dieron un tiro en la pierna, para después retirarse, diciéndoles a los trabajadores que vuelvan a trabajar. Cabe preguntar ¿Quién los mando? ¿Quién pagó el dinero para que esos sicarios disparen en contra de la compañera? Lo que si sabemos es que este patrón fascista le ha dicho a los trabajadores que el puede hacer lo que le de la gana porque tiene todo el dinero del mundo para comprar a la justicia.

Y ahora, junto con el Fiscal Jaime Alexander Martínez Lugo, quien, tratando a los trabajadores como si fueran los delincuentes más peligrosos del estado, pidió la privación de libertad de los imputados (afortunadamente hasta ahora negada), y están desatando una campaña feroz de amenazas e intimidación para que los trabajadores renuncien. Tienen un terrorismo montado de manera sistemática donde amenazan a los trabajadores con meterlos presos.

Cuando los trabajadores asistieron al Palacio de Justicia, fueron retenidos junto a procesados del penal de Tocuyito por mas de cinco horas, y los representantes de la patronal se dieron a la tarea de amenazar con más detenciones de trabajadores si no renunciaba a la empresa.

El patrón sigue con el hostigamiento y las mentiras, diciéndoles a los trabajadores que si renuncian el conflicto se resolverá, algo completamente falso ya que en el acta firmada cuando los trabajadores desalojaron la empresa, quedó establecido que no se iba a tomar medidas retaliativas en contra de los trabajadores. El patrón viene incumpliendo todos los acuerdos y también el compromiso de cancelar los gastos médicos que ocasionó el atentado contra la dirigente sindical baleada.

Estamos frente un hecho que muestra como los trabajadores no tienen derecho ante la ley, mientras que los patronos no tienen límite para violarlas. Por eso vemos al Fiscal 5to persiguiendo trabajadores y a un patrón golpista burlándose de la ley abiertamente y en medio de la total impunidad.

Frente esta situación, urge una respuesta contundente de todos los sectores. Las autoridades deben pronunciarse sobre este caso, porque no puede ser que un Fiscal pretenda que alguien tiene derechos porque tiene dinero, pero otros no por no tenerlo. Es necesario que todos los sindicatos se pronuncien sobre este caso, como ya lo han hechos muchos en Carabobo. ¡Basta de impunidad!