En una fría mañana de un jueves santo, los vecinos de Caracas se aglomeraron en la Plaza Mayor para observar y participar en los acontecimientos políticos que definirían los destinos de Venezuela. Desestimando la astucia del pueblo, el Capitán General Vicente Emparan ensayó una suerte de plebiscito oral, mediante el cual preguntó a la muchedumbre desde los balcones del Cabildo de Caracas (hoy Casa Amarilla) si querían o no que él continuara administrando los designios del país. La sorpresa fue mayúscula cuando Emparan tuvo que reconocer su impopularidad y ceder a la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, manejada por venezolanos, los poderes gubernamentales de Venezuela. Todo esto sucedía el día 19 de abril de 1810. Casi 200 años después, y también en el mes de abril, el pueblo venezolano volvió a aglomerarse en las calles, avenidas y plazas del país con el fin de rechazar imposiciones foráneas, y en su lugar exigir el regreso a la presidencia de Hugo Chávez Frías, quien días antes había sido victima de un golpe de estado. Esto sucedía el 13 de abril de 2002. Fueron dos abriles signados por un mismo norte en la historia de Venezuela: la búsqueda de la felicidad máxima para el pueblo, acompañado de una diplomacia antiimperialista.

Como todo acontecer histórico, la declaración de independencia tuvo una serie de antecedentes que hicieron posible su realización. En lo político, fueron la expedición de Francisco de Miranda y las rebeliones de José Leonardo Chirinos, primero, y Gual y España, después, las que abonaron el terreno para la toma de conciencia del pueblo venezolano. En lo económico, resulta interesante destacar la rebelión que a mediados del siglo XVIII lideró Juan Francisco de León en contra del monopolio ejercido por la Compañía Guipuzcoana.

De igual forma, los eventos de abril de 2002 tuvieron sus antecedentes políticos y económicos. En primer lugar, la legítima elección de Hugo Chávez a la presidencia en 1998 y en el año 2000, sumado a la aprobación por mandato popular de la Constitución de 1999, sirvieron de piso legal para la reafirmación soberana del pueblo, que exigía genuinamente la restitución de sus poderes, emblematizados en la figura del Presidente. Finalmente en materia económica, el 27 de febrero de 1989 sirvió de lección a las autoridades y demostró al mundo que no es tan fácil implementar en Venezuela recetas fiscales diseñadas por banqueros internacionales.

De esta manera, las primeras medidas implementadas por la Junta Suprema de 1810 tuvieron un matiz muy similar a ciertas acciones políticas, comerciales y diplomáticas que están siendo ejecutadas por el gobierno nacional en la actualidad. Entre las medidas más importantes de la Junta Suprema de 1810 se pueden enumerar las siguientes: apertura del comercio exterior, la cual había sido manejada exclusivamente por la Corona Española a través de la Compañía Guipozcoana; excepción contributiva de las poblaciones indígenas en las provincias venezolanas y prohibición del tráfico de esclavos. En cuanto a la multipolaridad diplomática, la Junta envió varias misiones al exterior, destinadas a establecer alianzas, abrir el comercio internacional y procurar recursos para la defensa de la naciente nación. De esta manera, Mariano Montilla fue enviado a Curazao, mientras que Vicente Salias visitó las Antillas. Para Londres los comisionados fueron el entonces Coronel Simón Bolívar, Luís López Méndez y Andrés Bello, quien ya para la época era considerado uno de los jóvenes mas ilustres de Caracas. Para los Estados Unidos salieron Juan Vicente Bolívar, hermano mayor de Simón, Don Telésforo Orea y José Rafael Revenga. El Canónigo José Cortes de Madariaga fue enviado a la Nueva Granada, con la cual acordó un tratado de amistad y alianza. Finalmente, el 27 de abril, de 1810, la Junta Suprema se dirigió a todos los ayuntamientos de América para invitarlos a unirse a la “Confederación Americana-Española”.

Doscientos años después, el escenario político internacional es muy similar al que vivieron los venezolanos y las venezolanas de principios del siglo XIX. El control del comercio que ejerció la Corona Española por más de trescientos años es el equivalente actual a las imposiciones de esquemas económicos desventajosos para las naciones latinoamericanas, como el ALCA, NAFTA y TLC. Ante este injusta situación, una vez más el pueblo venezolano levanta su voz de protesta y exige a los intereses económicos y trasnacionales del mundo el respeto que se merece. El pueblo venezolano, a través de su gobierno, ha venido desarrollando una política exterior dirigida a la apertura del comercio mundial con todas las naciones y en igualdad de condiciones. Por ejemplo, el gobierno revolucionario además de seguir manteniendo muy buenas relaciones comerciales con países como Estados Unidos, ha firmado acuerdos con países tan distantes como China e Irán.

En materia política, así como la Junta de 1810 propuso la “Confederación Americana-Española”, el gobierno nacional ha llevado a la práctica iniciativas similares, a fin de lograr la muy añorada integración latinoamericana. La prueba más evidente de esto es el impulso que Venezuela le ha dado a la Confederación Suramericana de Naciones, la cual surgió en diciembre de 2004 a partir de la necesidad de crear un bloque compacto de naciones con la voluntad suficiente de actuar en conjunto y responder al unísono en defensa de los intereses de las y los suramericanos.

Finalmente, es de acotar que para el año 1811 fue promulgada en Venezuela la Constitución Federal, la cual es la primera de este tipo en América, y sirvió de ejemplo para la redacción de futuros documentos en el continente. La Constitución Federal venezolana es una prueba de que el pueblo venezolano, desde sus orígenes republicanos, tuvo una orientación más legalista que belicista. En la Venezuela actual, y en las presentes condiciones, el pueblo venezolano le dio un ejemplo al mundo al aprobar mayoritariamente la Carta Magna de 1999. Dicha constitución pasó a ser una de las más avanzadas, progresistas e incluyentes de la región. A través de la Constitución de 1999 se ha beneficiado la sociedad en conjunto al reconocer derechos y deberes de grupos como los indígenas, las mujeres y los pobres, que con anterioridad fueron sencillamente enajenados y excluidos de los procesos políticos y económicos del país.

En ocasiones las comparaciones historiográficas de dos periodos diferentes resultan estériles por cuanto los paradigmas, estructuras y valores en un momento determinado pueden no tener paralelos en el tiempo, ni el espacio. No obstante, y respetando los criterios que dictan el rigor de la hermenéutica, se pueden observar similitudes entre estos dos gloriosos abriles. La Primera República (1810-1813) y la Quinta República (1998 hasta el presente) nacen esencialmente de la contaminación política que las rodea. Ambas son la respuesta inmediata de un pueblo que reclama sus derechos fundamentales y rechaza las injerencias extranjeras. Ambos abriles consecuentemente abrieron el espectro internacional a través de la diplomacia multipolar.