El jueves 30 de agosto vimos por Telesur, Rusia Today entre otras cadenas mediáticas, en medios impresos y por internet, la decisión de los tribunales surafricanos de apresar a los mineros en huelga, esclavizados por una transnacional inglesa, que manifestaban su derecho a recibir un mejor salario y la reacción de la policía fue asesinar a varios de los que llevaban la vanguardia en su justa protesta y, al resto, meterlos presos.
La criminalización de la protesta por parte del gobierno surafricano, aliado de las trasnacionales mineras, es motivo para reforzar la denuncia que se viene haciendo en Venezuela y en otros países de Suramérica con la implementación del Plan IIRSA, por las graves consecuencias ecológicas que trae y, desde hace un tiempo, también en contra de los originarios, pobladores ancestrales de esos territorios llenos de minerales e importantes recursos naturales.
Las trasnacionales mineras invasoras, relacionadas entre otros elementos con el gobierno genocida de Israel y su política sionista, han puesto en peligro la vida de aquellos se han visto obligados a luchar para sobrevivir. Buen ejemplo de resistencia lo da el pueblo yukpa y el cacique Sabino Romero en la Sierra de Perijá ante el asedio de estas corporaciones apoyadas por personeros del Gobierno que hoy gozan de regalos millonarios para que criminalicen las luchas de resistencia y para esconder las verdaderas intenciones hasta el momento en que se den las acciones de guerra interna por parte de mercenarios como hemos visto que sucede hoy en Siria, antes en Libia, Afganistán, Pakistán y en la ya extenuada África Madre.
Hemos sabido vía comunicados y pronunciamientos indígenas de una nueva masacre de ochenta yanomami (jóvenes, niños, mujeres, ancianos) cometida por una trasnacional minera a través de los garimpeiros, mineros ilegales provenientes de Brasil, que según los testigos llegaron en helicópteros al apartado lugar donde vivía una comunidad entera. Gravísimo y antiguo problema del Amazonas sin resolver.
Los Yanomami desde tiempos remotos han sido vigilantes y protectores del medio ambiente en la frontera venezolana y son personas pacíficas que viven aislados para la conservación de sus costumbres, cultura y vida. Ellos merecen tanto respeto y acciones del Gobierno como los fallecidos en el siniestro de Amuay.
Por este hecho trágico, del que casi no hay noticia en el Sistema Nacional de Medios Públicos a pesar de que la cifra casi dobla a las víctimas de Amuay, hacemos un llamado urgente a las autoridades del Ejecutivo Nacional para que hagan presencia en el lugar donde fueron asesinados a mansalva ochenta compatriotas yanomami y se tomen acciones contundentes, no sólo de parte del Ministerio Público y la Brigada 52, sino también la Vicepresidencia, el Ministro del Ambiente, el Ministro de Cultura, los diputados bolivarianos y la Cancillería venezolana, para que presenten ante el Pueblo de Venezuela un informe completo de lo sucedido y las medidas que se han tomado o se tomarán, además de emitir un Comunicado Público como se hizo en el caso del siniestro de Amuay.
Por cierto, como venezolanos lamentamos las deplorables y tardías declaraciones ofrecidas a VTV por la ministra de Asuntos Indígenas Nicia Maldonado.
!SABINO MARCA EL CAMINO!
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