Se acaba de aprobar, en primera discusión, por parte de la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Orgánica de la Cultura. Al parecer, la comunidad cultural ha sido la menos consultada. Después de aquella diatriba entre unos y otros anteproyectos, definitivamente, irreconciliables, aparece, salida debajo de la manga, un proyecto precipitado, el cual se proponen aprobar mediante sesiones extraordinarias. Los legisladores se han convertido en raudos magos de este ejercicio de última hora. La factura electoral parece aproximarse. Una tautología vuelve a los predios: la cultura sigue siendo la guinda de la torta.
El objetivo parece ser salir airoso en el venidero y próximo proceso electoral de Diciembre. Se ha acumulado una gigantesca deuda en materia de Legislación Cultural. Los votos hacen apurar la marcha de la gestión deliberante, incluso contra el espíritu, propósito y razón de ser de la democracia participativa. Hay que aligerar la carga, bendita seas, burocracia.
Una vez aprobadas las Disposiciones Constitucionales Culturales de 1999, las cuales vienen a conformar, de una u otra manera, la Constitución Cultural Bolivariana, recogidas en la Carta Magna del año 1999, se suponía que se daría inicio a la instrumentación de un conjunto de contextos de aprendizaje, traducidos en conferencias-foros, talleres y cursos, que permitieran y facilitaran al ciudadano el empoderamiento de esos nuevos preceptos culturales constitucionales. De esa propuesta poco o nada se hizo. Primera deuda.
Instrumentar un trabajo de recia formación militante, sobre la Constitución Cultural, hubiese servido de antesala para emprender una labor fecunda de legislación en la elaboración de la Ley Orgánica de la Cultura, en las Constituciones de las entidades federales, y en la actualización y elaboración de las Leyes Culturales de los Estados, así como las Ordenanzas Culturales, de los 335 Municipios de todo el país. Esa normativa recogería la nueva institucionalidad cultural del Estado. Nada se ha hecho. La propuesta de la Constituyente (o Estatúyete) Cultural sigue pendiendo como una enorme deuda con los Poderes Creadores del Pueblo. El asunto del débito pica y se extiende.
Si bien es cierto que el Régimen Legal de los Medios de Comunicación Social está actualizado; no menos cierto es que el Régimen Legal de los Recursos Culturales requiere ponerse a tono y sintonía con la Constitución del año 1999. La deuda a la cual hacemos referencia obstaculiza el logro de, por lo menos, dos objetivos, a corto y a mediano plazo, del Nuevo Mapa Estratégico. Esos objetivos son los siguientes: avanzar, aceleradamente, en la construcción de un nuevo modelo democrático de participación popular, y acelerar la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado. Y compromete, también, un tercer objetivo estratégico, de largo alcance: avanzar en la conformación (protagónica) de la nueva estructura social.
