Si observamos los antecedentes de las relaciones de España con Venezuela durante la última década, y un poco más allá inclusive, veremos que hay en la primera –aunque sea muy criticable por lo deleznable que es-, una vertebralidad que Venezuela no posee. Hemos visto que aunque en algunos asuntos las políticas del PSOE son más laxas que las del PP –mencionamos a estos dos partidos pues hasta el último proceso electoral, son los dominantes-, cuando se refieren al asunto vasco, como reaccionarios ambos son profundamente coherentes. Mientras que en Venezuela todo será según se vayan dando las cosas. No existen definiciones de políticas claras al respecto.
Nos indignó enterarnos que fuerzas de seguridad españolas junto con francesas habían participado en la aprehensión de Asier Juridi y, peor aún, que ellos mismos lo hubieran destacado. Esta colusión no es una novedad, ya se ha dado en Europa; lo que nunca imaginamos es que también se pudiera dar en Venezuela. También nos extrañó que el gobierno nacional permitiera esa vergonzante acción extranjera en un país que manifiesta casi en cada momento ser soberano. Extraña esta forma de practicar la soberanía, -que nunca lograremos comprender-, cuando están entrando fuerzas hostiles armadas o desarmadas al suelo patrio.
No puede pasarse por alto, que para ubicar a Juridi tuvieron que realizar un trabajo de investigación… ¿de ocultis? ¿Cómo pudieron encontrarlo en un país cuyo suelo ¿desconocen?, sino haciendo inteligencia previa? ¿Tendrán montada aquí una red de inteligencia como la que tienen en otros lugares del mundo? ¿El gobierno venezolano no se percata de esto? Si lo permite, ¿con qué razón legal lo fundamenta? Este es un asunto muy delicado para la nación, que requiere una exhaustiva explicación de las autoridades a un pueblo que ya no está dormido. El silencio tiene que romperse para aclarar de una buena vez cuál es la política que se aplica en estas cuestiones. Julián Conrado y Asier Juridi para el gobierno, fiscalía y todo organismo relacionado con esta situación, no existen. Tiene que recordarse que Joaquín Pérez Becerra fue el punto de inflexión del gobierno. Ese oprobio no debe repetirse.
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Las consecuencias de las luchas de parte importante del pueblo vasco, ha aventado al exterior a densos grupos que mantienen su identidad cualquiera sea el lugar al que lleguen, así como también siguen conservando el interés por lo que sucede en su país. Algunos se han instalado en el norte de África en tanto un elevado número ha elegido América. Siempre, y en cualquier lugar en el que se hallen, marcan su calidad humana. Y en Venezuela, donde los conocemos, no ha sido diferente. Honestos, trabajadores, el esfuerzo que realizan para reiniciar su vida, hasta ayer en un marco de libertad del cual carecían, les ha hecho ganar nuestro respeto, nuestro aprecio y nuestra solidaridad.
Pero, ¿conocemos bien a España? ¿Sabemos hasta dónde son capaces de llegar sus autoridades? Trataremos de demostrar de seguidas, que a los gobernantes de esa nación, les corre parejo su impudicia con su inverecundia. España es uno de los pocos países en el mundo que sin ningún empacho vulnera la soberanía del país que sea con tal de lograr sus propósitos. Señalamos en un trabajo reciente que hace años asesinaron a un matrimonio vasco cuando abrieron la puerta de su casa en Caracas, respondiendo al timbre. Al no haber oído los vecinos los disparos, las autoridades supusieron que los asesinos habían utilizado silenciadores. Estos artefactos tan difíciles de conseguir solo pudieron obtenerlos personas relacionadas con organismos de seguridad, españoles en este caso.
España en Europa también ha recurrido a otras formas de matar, por ejemplo utilizando bombas, método que se califica como terrorista cuando no es el Estado quien las usa. No solo a militantes vascos han asesinado. También han ejecutado a alguno de los suyos. Es el caso del ex OAS, el francés Jean Pierre Cherid que era jefe de uno de los comandos de los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL). En Biarritz, Francia, Cherid instalaba un sistema explosivo con el objetivo de matar siete vascos cuando estalló la bomba que le mató. Había sido reclutado para la banda asesina por el miembro de la Inteligencia Naval, Pedro Martínez, capitán de navío, conocido por el alias de Pedro el marino.
Aunque el gobierno español de la época deslindó la relación de Cherid con los cuerpos de seguridad del país, entre los documentos que se le encontraron al cadáver, uno era un carnet de la Dirección General de la Guardia Nacional con su foto. Se le identificaba en el mismo como Iván González Rodríguez. En su listín telefónico aparecían números muy comprometedores, entre ellos el de Pedro el marino, el del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior y los de otras figuras de la represión española. Lo ajeno que era Cherid de los organismos de seguridad españoles quedó claro cuando ante la solicitud de su viuda de la pensión por fallecimiento de su cónyuge, le fue concedida de inmediato.
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El Estado español es uno de los países que tiene la mayor cantidad de denuncias de torturas en su contra. Casi seis mil en el lapso comprendido entre 2001 y 2008. Esa cifra aunque muestra la gravedad del asunto -que no tiene hasta el día de hoy, visos de corrección-, no refleja el número real de las perpetradas, pues muchas de sus víctimas no las manifiestan por temor a las consecuencias. No solo vascos son las víctimas de los cuerpos represivos, los hay catalanes, gallegos, y cualquier persona que por desgracia caiga en sus manos. Afirmamos que no se requiere ser militante político para ser sujeto de tortura. Como si fuera una norma, policía acusado no paga delito y si lo paga el tiempo de prisión que cumple es de risa. Terminan indultados, volviendo a sus cargos con ascensos seguros y pago de salarios caídos. Destacar los beneficios de los que gozan estos delincuentes, avergüenza a una persona decente.
Generalmente cuando la policía captura alguna persona, inicia de inmediato el procedimiento de ablandamiento del detenido. Tendrán hasta cinco días para hacer con él todo cuanto quieran. Y lo hacen. Es un lapso en el cual el apresado está desaparecido. A veces se les ha ido la mano y terminan matando al cautivo. En estos casos, siempre han tratado burdamente de camuflar el hecho aunque a veces sin éxito.
Amnistía Internacional denunciaba en su informe La sal en la herida, que “Los casos de tortura policial en España no son hechos aislados”. Las autoridades, sean del PP o del PSOE, siempre aducen que en la detención y en el arresto que ejecuta el Estado, siempre se ha cumplido con el ordenamiento legal. La coincidencia de ambos partidos en la protección del torturador es total. Con absoluto desparpajo se agrega el Poder Judicial que en la mayoría de los casos indica que el destrozado individuo que acusa a la policía del maltrato que exhibe, se lo produjo él mismo obedeciendo a un supuesto manual elaborado por ETA que les indica a sus militantes herirse para luego denunciar haber sido torturado. Esta superchería, esta infamia, es utilizada por los jueces que pocas veces aceptan iniciar una averiguación. Baltasar Garzón pertenece a ese catálogo. Pida a su buscador fotografías de Unai Romano para verlo antes y después de su detención. Ahí se tendrá una de las muchas pruebas de lo que se afirma aquí.
Veamos algo al respecto: http://canarias-semanal.org/
http://blogs.publico.es/jorge-
No es solo el estamento político el que muestra lacras. También como hemos visto, el Poder Judicial las tiene y en qué medida. Uno de sus personajes ayer connotado, hoy retirado de su cargo, es ejemplo de la aberración de la justicia. Nos referimos a quien fue Fiscal General de la República Cándido Conde-Pumpido. ¡Cuidado!, no se confunda, él es solo uno de los tantos que en ese país se ven. Él, altanero, con lenguaje despectivo, en su momento embistió con bravura contra el Estado venezolano cual adalid del derecho, exigiéndole la entrega de un vasco nacionalizado venezolano, pese a que esa condición impide su extradición. Obsérvese el tiempo que llevará ese ciudadano reclamado en Venezuela que obtuvo la nacionalidad. Casado, con hijos, una vida como la de cualquier persona, de repente se ve menoscabada por la vil acción de un funcionario servil a más no poder.
Nos permitimos acercarle a quien lee para mejor entender qué es lo que podríamos llamar un “poder bananero”, dos artículos que ilustrarán suficientemente. Ahí vamos.
http://elpais.com/elpais/2010/
http://www.argenpress.info/
Como se desprende de ambas lecturas, vemos como cambian su actitud los miembros de los distintos poderes según sea a quien se dirijan. Mientras a unos lo hacen con suma arrogancia, hacia otros su conducta sumisa y borreguil es insuperable.
Gobiernos timoratos, faltos de lucidez son los que han permitido que estos “pícaros” prosperen con sus indecentes demandas. Unas de ellas, por ejemplo, cursada a México prosperó porque encontró en la presidencia de ese digno país a un oscuro personaje: Vicente Fox. Difícilmente explicarse cómo llegó hasta ese altísimo cargo un individuo tan escaso de discernimiento. A uno de los varios que requirieron en ese país le atribuían una acción en España, en el mismo momento en el que ese ciudadano realizaba un trámite público en México. Su defensor dispuso los documentos que probaban ese trámite. Las fechas coincidían lo que demostraba claramente la falacia de España Aparte, otro elemento que impedía atender esa requisitoria era si se quiere de mucho mayor peso todavía. Había asumido la nacionalidad mexicana y, por si faltara algo su esposa e hijos también lo eran. Igual fue entregado.
La Convención Contra la Tortura, que seguramente tiene como firmantes a España, Colombia y Venezuela, les compromete al cumplimiento fiel de su articulado. Veamos uno.
El artículo 3º en su primer acápite dice: “1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.”.
Aquí está claramente expresada la responsabilidad, enorme responsabilidad, que tiene Venezuela con la Convención que rubricó y que le inhabilita la entrega de Juridi y de Conrado a España y a Colombia respectivamente.
Hoy le ha correspondido a Venezuela enfrentar esa disyuntiva. No se trata de Julián Conrado y Asier Juridi. Todo se reduce a la dignidad o la ignominia. De eso es que estamos hablando.
