Venezuela fue durante la cuarta República un paraíso fiscal para las empresas importadoras, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, éstas tuvieron un auge inusitado que se tragó parte de la bonanza petrolera, la otra parte fue prestada a bajos intereses a la burguesía venezolana que la depositaba en bancos internacionales, y con los intereses recibidos amortizaba el préstamo de la república.
La clase política aprovechó muy bien el aumento de los precios del barril petrolero para crear un conglomerado de empresas que funcionan bajo la arquitectura diseñada por las grandes trasnacionales, y sirven no solo para evadir impuestos, sino también para lavar las fortunas mal habidas.
Las importadoras venezolanas funcionan bajo el conocido sistema de transfer pricing. Es decir crean una empresa Matriz en un paraíso fiscal como Panamá, y cinco o seis empresas más en nuestro país, estableciendo un entramado de negociaciones entre sí que les permite facturarse costos que determinan a su libre albedrio, y encima cargan los gastos mayores a la empresa residenciada en Panamá, por la ventaja fiscal que otorga ese país.
El gobierno otorga dólares preferenciales a todas las importadoras del grupo, es decir a las seis o siete empresas las cuales en una primera negociación se compran y se venden entre ellas, utilizando la trampa de comprando caro y vendiendo más caro al consumidor final.
Este tipo de modelo se calcula que desfalca a la nación por vía directa unos 12 mil millones de dólares anuales, sin contar el fraude fiscal, y las evasiones legalizadas que pueden rondar aproximadamente un 5% del total de asignaciones otorgadas por estado venezolano.
Las tasas de retorno de la inversión de los capitalistas venezolanos, se ubica entre las más altas del mundo con 30% a 40%, llegando incluso a ser superior porcentualmente a la de algunos países del capitalismo desarrollado como Inglaterra y los EEUU, donde el margen de gestión en ventas no excede al 10%, y el margen de comercialización ronda el 12% aproximadamente.
La argumentación de valorar los costos de reposición de inventarios sobre la base del dólar paralelo no pude justificar incrementos tan alarmantes como el que realizan algunas tiendas. El dólar paralelo no tiene un indicador real. Los empresarios calculan su reposición a un valor futuro del dólar y encima de ese valor agregan la utilidad del 50% por eso los incrementos son tan desmesurados. Qué justificación tiene el incremento constante de la cebolla, el tomate, frutas como la lechoza, o el pescado. Sera que los agricultores y los pescadores utilizan el dólar antes de sembrar o antes de echarse al mar.
Ante este cuadro el gobierno debe profundizar legalmente las medidas, instaurando una norma de etiquetado del PVP que especifique que el producto fue comprado con divisas oficiales, todas las empresas que reciban divisas deben colocar en sitio visible de su establecimiento una etiqueta, y debe regularse el margen de ganancia por actividad comercial.
