He escrito sobre este tema varias veces. El próximo lunes 20/01/2014 se hará una importante reunión del MINCI con las empresas televisoras y cableras, por lo que me animo a sintetizar mis argumentos y propuestas.

Contexto

La Constitución garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada: los medios de comunicación no son la excepción. Por otra parte, tenemos el derecho a la libertad de expresión, sin censura y a recibir información oportuna, veraz e imparcial. ¿Cómo combinar ambos derechos, aparentemente contradictorios?

Nuestra revolución siempre ha buscado elevar el grado de conciencia, que sea el individuo quien sea capaz, cada vez más, de tomar decisiones por su cuenta.

Abarco aquí dos temas. El contenido de los programas y la propiedad del medio.

El contenido de los programas

Las empresas de comunicación social, nacionales y extranjeras, son responsables del contenido. Por lo general, los programas que nos envían vienen antecedidos con una calificación del tipo de contenido en cuanto a la audiencia a la que están dirigidos.

Las empresas distribuidoras en Venezuela (sea por cable, satélite, etc., Intercable, DirectTV, CANTV, por nombrar algunas) asumen esa responsabilidad. Pero el usuario no tiene los mecanismos para controlar en su hogar la programación recibida. Un padre de familia, por ejemplo, no tiene ningún mecanismo (salvo su palabra orientadora y su autoridad en el hogar, por supuesto) para controlar o filtrar la programación; en su ausencia, no tiene ningún control sobre la programación que verán sus hijos.

La tecnología permite hoy en día diversos mecanismos de realimentación para que el usuario pueda comunicarse con el emisor y establecer pautas para la entrega de la programación.

Propongo que el Estado Venezolano exija a las empresas distribuidoras de televisión no abierta (cable, satélite, etc.) que: 1) identifiquen más específicamente cada programa de acuerdo a lo establecido en la Ley Resorte (contenido de violencia, sexo, etc.) y 2) faciliten a los usuarios las herramientas tecnológicas para que puedan seleccionar la programación que se verá en su hogar. Estos mecanismos deben ser muy sencillos, como por ejemplo, un mensaje de texto en el que el usuario especifique el tipo de programación que quiere filtrar (en cuando a contenido de violencia, sexo, etc.), o simplemente una notificación en las oficinas de la empresa. De esa forma, la empresa se vería obligada contractualmente a filtrar la programación a cada hogar de acuerdo a la decisión soberana del suscriptor.

Así, cada usuario estaría en la potestad soberana de elegir la programación, filtrar aquellos tipos de programas que no desea dejar entrar en su hogar.

De esa forma, el “censor” sería cada ciudadano, quien decidiría independientemente que programación ver. El Estado se limitaría a establecer las normativas para que esta propuesta se materialice. Las empresas distribuidoras tendrían así un mecanismo de realimentación que expresaría la opinión de los usuarios, y seguramente influiría en la composición de la parrilla de su programación.

Para los medios de señal abierta, es decir, aquellos que llegan por aire gratuitamente a todos, no funcionaría este medio de control. Para ello, recurriríamos a la participación social en la propiedad privada, según se describe a continuación.

La propiedad (en la transición al socialismo)

Si la Constitución garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada, pero también el derecho a la libertad de expresión, sin censura y a recibir información oportuna, veraz e imparcial. ¿Cómo combinar ambos derechos, aparentemente contradictorios?

Considero que siempre debe privar la Justicia. Si dos derechos se contraponen, la persona más débil deberá ser protegida. Este principio rector no debe ser olvidado.

En el socialismo, diferenciamos tres tipos de bienes o servicios: estratégicos, de primera necesidad y suntuarios.

Son bienes y servicios estratégicos aquellos fundamentales para el desarrollo o para la seguridad del país.Tenemos así que, en nuestro caso, el petróleo, el gas, el carbón, el hierro y la siderúrgica, la generación y la transmisión de electricidad, el almacenamiento, la transmisión y la distribución de agua, la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, el transporte interurbano, el transporte de pasajeros, la vialidad, los grandes proyectos, el financiamiento, la defensa, la investigación y el desarrollo, la salud, entre los más importantes.

Estos elementos estratégicos sólo pueden ser, según nuestro criterio, de propiedad social, bien sea a través del Estado o de formas asociativas globales (como las ciudades, las federaciones de comunas, las comunas, ciertas organizaciones nacionales o regionales, etc.). La propiedad privada sobre estos bienes y servicios no es adecuada, ya que se trata de sectores que nos pertenecen a todos por igual. Incluso, la propiedad colectiva, como una cooperativa, que representa a un grupo de personas limitado, tampoco es apropiada para este tipo de recursos estratégicos.

Istvan Meszaros, un importante estudioso marxista, refiriéndose a largo plazo, nos dice que mientras más poderoso sea el Estado (y mas político el país) menos se inclinará a captar el principio general de las dolencias sociales y a buscar el fundamento de estas en el principio del estado. Lo político tiene como modus operandi ponerse en el lugar de lo social y negarle a lo social toda acción remedial que no pueda estar contenida dentro de su propio marco. La política, como está constituida, no puede evitar el sustituir a la autentica universalidad de la sociedad por su propia parcialidad, sobreponiendo sus propios intereses a los de los individuos sociales, y arrogándose el poder de arbitrar sobre los intereses parciales en conflicto a nombre de su propia universalidad usurpada. Según Marx, la contradicción entre lo social y lo político es irreconciliable. Es necesario abolir el Estado, pero este no se auto abolirá, y tampoco por decreto. La política no atentará contra sí misma.

En otras palabras, el Estado tenderá a sustituir a la sociedad, buscando más bien la satisfacción de sus propias necesidades, que no las de la sociedad. Por eso el Estado, y la política, lucharán contra lo social por mantener el control. Se requiere, pues, fortalecer lo social y no al Estado. Por eso agrega Meszaros que la política socialista debe ocuparse en todos sus pasos de las tareas de restituirle al cuerpo social los poderes usurpados.

La tarea es instituir órganos de control social no estatales y una creciente autogestión, al tiempo que se produce un cambio consciente en los órganos estatales mismos.

De allí la importancia de ir creando formas sociales de organización que puedan ir asumiendo el control de las empresas estratégicas, al comienzo en conjunto con el Estado y, progresivamente ir deslastrando al Estado de tales responsabilidades, en la medida que se desarrollen con fortaleza dichas fuerzas sociales, en forma tal que representen efectivamente a toda la sociedad.

Por otra parte, son bienes y servicios de primera necesidad, aquellos que son fundamentales para la vida humana, que satisfacen nuestras necesidades básicas, y que no son considerados estratégicos.Tenemos así en primer lugar los productos alimenticios básicos (algunos de esos rubros podrían declararse estratégicos, si se considera su impacto en la seguridad alimentaria). Así mismo, incluimos la vestimenta, los servicios primarios de salud y los servicios públicos domiciliarios no estratégicos, y en parte los medios de comunicación social.

No todos los productos alimenticios son de primera necesidad: determinadas frutas, determinados peces o animales, etc., o algunos productos elaborados, como una mermelada, podrían ser catalogados como productos suntuarios, es decir, no esenciales. Así mismo, hemos incluido los servicios públicos domiciliarios en el rango de primera necesidad: Internet, por ejemplo, es hoy en día un servicio de primera necesidad, pero determinados tipos de banda ancha o servicios especiales pueden ser catalogados como suntuarios.

Así, lo importante es que en el sistema de planificación socialista, se haga una lista detallada de todos los productos y servicios que la sociedad desea. Cada Comunidad debe planificar su producción, puede determinar los productos y servicios que realmente necesita, y en qué cantidad, para que las diversas empresas socialistas se encarguen de su elaboración.

En nuestro criterio, la propiedad de los medios de producción para este tipo de bienes y serviciosde primera necesidad debe ser limitada, dada su importancia, a la economía social. De particular importancia serían las empresas sociales pertenecientes a una comunidad (EPSs), a todos sus habitantes.

Así como las empresas que producen los bienes y servicios estratégicos sólo pueden ser propiedad de la sociedad en general, las empresas encargadas de satisfacer las necesidades básicas, los productos y servicios de primera necesidad, deben ser administradas por la comunidad social, no por empresas privadas, para las que sólo debe reservarse los bienes y servicios suntuarios o no esenciales.

En nuestro caso, un medio de comunicación es un servicio estratégico en unos casos, y de primera necesidad, en otros. El control social, es, por tanto, fundamental.

En esta etapa de transición, convivimos con formas privadas de propiedad que se mantienen sobre bienes y servicios esenciales, o de primera necesidad, incluso sobre bienes y servicios estratégicos. La evolución del proceso dirá en qué forma se irá socializando la propiedad en una forma democrática y justa.

Un medio de comunicación privado, que busca el lucro de sus accionistas, ¿cómo puede garantizar al público el derecho de información oportuna, veraz eimparcial? La experiencia venezolana muestra que eso es muy difícil.

En primer lugar debemos diferenciar entre medios de opinión y de información y así creemos que debería establecerse en la Ley.

Un medio de opinión es aquél dedicado a emitir información parcializada, expresamente identificada como tal. Debe ser entonces sólo por suscripción, de modo que el mensaje solo llegue a quien realmente la desee. Estos medios de opinión no estarían sujetos a lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Constitución, y por lo tanto, tampoco podrá hacer uso de recursos exclusivos del Estado, como el espectro radioeléctrico. Este tipo de empresa funciona igual que cualquier otro tipo de empresa mercantil.

Pero un medio de información es, por el contrario, aquél cuya función es transmitir equilibrada y objetivamente informaciones oportunas, veraces e imparciales, sin censura, abierta a todos, incluyendo el derecho a réplica. Este tipo de empresa requiere un tratamiento especial, por ejemplo a través de la Ley de Contenido.

Todo medio de información, para combinar la libertad de empresa con la libertad de expresión, puede estar regido, a nuestro juicio, por dos Juntas Directivas: una Mercantil y una de Información. La primera, como en cualquier servicio de primera necesidad, operada por una EPS. La segunda, con plena autonomía, dirige el aspecto informativo, integrada por una representación del sector educativo y del público que recibe la información, los usuarios y usuarias, presidida por un profesional del medio, elegido por estos y con absoluta autonomía, incluso de la Junta Directiva Mercantil, regido por un código de ética profesional.

De esta forma creemos que se conjugan la libertad de empresa con el derecho a la información, limitando la regulación por parte del Estado al mínimo, pues la sociedad, a través de la Junta Directiva de Información regularía más eficientemente, en forma descentralizada. El mecanismo propuesto podría ser cubierto por una reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio y TV. Se buscaría un mecanismo para que la ciudadanía general ejerza la potestad decisoria en materias importantes de la empresa.

Considero esto como una etapa de transición al socialismo, ya que los medios de comunicación pueden considerarse un servicio tanto estratégico como de primera necesidad. De allí, no debería haber propiedad privada sobre ellos, lo que aplicaría por cierto, en mi criterio, a la salud y la educación, por ejemplo. Los medios de comunicación deberían ser de propiedad estatal, social, comunal, cooperativa, etc.

Por otra parte, siendo el Proyecto de País el Plan Patria, que apunta al socialismo, que en reiteradas oportunidades hemos apoyado mayoritariamente, al pronunciarnos electoralmente en pro del Presidente Chávez, quien ha indicado desde 2006 que apoyarlo a él es apoyar al socialismo, los medios de comunicación también deben estar orientados en esa dirección.

En conclusión, los medios de comunicación deben ser, en general, socialistas, y estatales, sociales, comunales y cooperativos. Quien pretenda defender el viejo paradigma de una supuesta pluralidad que permitiría la coexistencia con medios privados está defendiendo un paradigma derrotado históricamente. La pluralidad está en el pueblo, no en darle cabida al sistema egoísta que queremos derrotar. ¿Quién defendería, por hacer un símil, que Bolívar hubiese incluido representación de los españoles en su estado mayor, en aras de la pluralidad? ¡Pluralidad en las comunidades, en las organizaciones populares, en toda la gama social que promueve el socialismo!