Con el desarrollo del Plan de la Patria, como proyecto de estado que cimenta las bases del Estado Social de Derecho y de Justicia, que promueve nuestro Legislador en la Carta Magna, se derivan un conjunto de transformaciones en diferentes sectores de la sociedad venezolana, la cual, regida por un conjunto normativo de leyes administradas por el Aparato de Justicia, que en ocasiones contradice la realidad jurídica por sus viejos esquemas heredados de gobiernos anteriores, con sus prácticas en detrimento de las necesidades del pueblo. Por ello, se han asumido, un conjunto de modificaciones tanto en lo organizativo, lo procedimental y estructural; dando paso al denominado Plan Estratégico del Poder Judicial Venezolano, el cual, iremos analizando de manera progresiva en futuras entregas, iniciando en ésta ocasión con su primer punto de agenda.

Eje estratégico I: Gestión y Administración del Poder Judicial.

1.- Renovar las estructuras y los procesos del Poder Judicial, para elevar los niveles de eficacia y eficiencia garantizando la igualdad en el acceso a la administración de justicia, en el marco del proceso de la refundación de la República.

A partir de éste planteamiento, se reitera la intención del Legislador, por efectuar una transformación en el aparato burocrático de administración de justicia, a partir de una reingeniería social, mediante la cual, se adapten las funciones operacionales a las nuevas demandas de los usuarios a partir de procesos de capacitación que orienten la calidad de servicio en todos los niveles, sin restricciones para las personas que así lo precisen. En éste sentido se amerita tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

• Aplicar un estudio de reingeniería de procesos, que arroje una propuesta fundamentada en el achatamiento del Aparato del Sistema de Justicia Penal, con procesos menos engorrosos y más transparentes. Para ello, efectuar mesas de trabajo y procesos de consulta institucional.

• Desmontar la estructura actual de los circuitos penales, favoreciendo la municipalización del sistema de justicia, mediante aplicación de estrategias vinculadas a la fase de investigación en acción que integre de manera conjunta a los Jueces de Paz en el proceso penal, para los delitos menos graves.

• Promover una consulta interna orientada a conocer las propuestas efectuadas por los trabajadores del Poder Judicial sobre el funcionamiento y organización actual de los tribunales.

• Impulsar la rendición de cuentas permanente sobre la gestión tribunalicia, mediante la elaboración y difusión de boletines digitales en medios alternativos y comunitarios sobre la gestión de las instancias del poder Judicial.

• Organizar comités de investigación sobre las nuevas tendencias delictivas en la jurisdicción correspondiente, mediante la conformación de enfoques interdisciplinarios y de carácter transversalmente comunitario.

• Otros que se deriven o a los que haya lugar.

Para ello considerar de manera complementaria y vinculante el cumplimiento y análisis permanente de los siguientes objetivos estratégicos:

• Optimizar las condiciones para garantizar el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, para la protección de los intereses nacionales, colectivos; así como elevar la dignidad y el desarrollo de la personalidad en una sociedad democrática, participativa y protagónica:

Con el propósito de avanzar a un nuevo modelo de sociedad más participativo e inclusivo, de acuerdo al espíritu de nuestra Carta Magna, se precisa la necesidad de impulsar niveles de empoderamiento en todos y cada uno de los asuntos de la vida pública nacional por parte de ciudadanos(as), mediante la cultura de la corresponsabilidad como herramienta de lucha social, auspiciando la tolerancia, el respeto de los Derechos Humanos de las personas, sin más restricciones que las específicas de ley que se determinen mediante la consulta pública, la discusión y el debate.

Para ello surge la necesidad de desmontar las viejas prácticas, estructuras, procedimientos obsoletos que den paso a un nuevo sintagma jurídico, de aplicación práctica en el corto y mediano plazo, teniendo sus bases en el Humanismo y no el carácter punitivo del viejo estado Burgués, que siempre cosificó al individuo, sin nisiquiera considerar la responsabilidad del Estado en el incremento del fenómeno delincuencial de la criminalidad desde un análisis crítico de sus diversas arístas. Para ello, se precisa la aplicación directa de la Hermeneutica y el Enfoque Sistémico desde una óptica verdaderamente crítica, no complaciente al status quo reinante, si verdaderamente la intención que se busca es la de adapatar el sistema a los nuevos cambios y demandas que experimenta la sociedad en todo su contexto.

Empresa nada fácil de asumir, en tiempos de crisis económica, la cual, a nuestro humilde modo de ver las cosas, representa en éste momento el motor de la incidencia del delito contra la propiedad y las personas, estigmatizado en los estratos sociales bajos por la influencia de factores externos que han incidido en la psique colectiva de nuestro pueblo. Empresa que debe ser asumida, de manera directa con la intervención de la denominada Misión Justicia Socialista (MJS), como factor de cambio dentro de la estructura del Poder Judicial Venezolano y como enlace directo con el poder constituyente, como fuente de la administración de justicia penal.

De ello se desprende la articulación social, entendida desde nuestra perspectiva jurídica como:"El esfuerzo y compromiso de todos(as) y cada uno(a) de los Servidores(as) publicos(as), instituciones y factores socio-políticos por brindar una elevada calidad de servicio (Q&S) en la Administración Pública Nacional (APN), en función de los objetivos estratégicos nacionales y el interés común; a través de la correspondiente atención directa, gratuita, eficiente, expedita y celere respuesta de servicios judiciales a los(as) ciudadanos(as)".

De allí promover las siguientes iniciativas:

–Diseñar un plan individualizado de trabajo integral, para el crecimiento y desarrollo laboral para el ejercicio de la Carrera Judicial de sus funcionarios(as), que incluya aspectos tales como: metas en el trabajo, bienestar y desarrollo social, perfil laboral-institucional, investigación y condiciones del medio de trabajo.

–Conformar Comisiones Técnicas por parte de los funcionarios de los diferentes niveles organizacionales dentro de las diferentes Circuitos Judiciales, con miras a elaborar propuestas de manuales de normas y procedimientos para las diferentes dependencias organizacionales vinculadas a los servicios prestados a los usuarios del Sistema de Justicia Penal. Las cuales, serán asesoradas por entes públicos y privadas especializados en las áreas respectivas y sometidas a consultas públicas, para legitimar su previa aprobación por parte del TSJ.

En nuestra próxima entrega abordaremos el análisis de las siguientes tareas que están implícitas dentro de éste eje, según las mencionamos a continuación:

• Superar las prácticas burocráticas a través de la simplificación de procedimientos y estrategias en las organizaciones para fomentar una cultura organizacional participativa e innovadora.

• Implantación de sistemas y herramientas informáticas que permitan el registro, agilización, coordinación, oportunidady transparencia que potenciarán el seguimiento y evaluación de los procesos judiciales y la interconexión entre las distintas jurisdicciones y órganos que conforman el poder judicial.

• Renovar las estructuras físicas, tecnológicas y los procesos en las prestación de servicios del sistema judicial penal venezolano.

Más análisis en nuestra próxima entrega. Envíenos sus comentarios a las cuentas de correo:catalanatv@gmail.com y semanariolacatalana@outlook.es

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