En un país donde medios de comunicación privados son actores políticos y anti-éticos que magnifican escenarios y la oposición reproduce falacias, no podemos, construir una opinión pública que busque seguir esa "lógica" de convertir en natural y curioso, hechos, acciones violatorias de la normatividad electoral. Esperamos, que lo grave que revelan las declaraciones de voceros oficiales no se mediaticen y transformen en meras certidumbres formales, evaluaciones cuantitativas, sin proposiciones ético-políticas, en fin, parte del espectáculo mediático. El fraude masivo realizado por la Derecha venezolana en la solicitud del Referéndum Revocatorio, según las pruebas emitidas por el organismo rector CNE- se expresa asi: 5% de las planillas entregadas, tienen huellas duplicadas; firmas duplicadas; registros inválidos, 97.158 planillas solo contenían datos en un campo, 86.331 solo nombre y apellido, 80.105 solo la huella del elector, 18.338 solo el ciudadano a revocar, 7.823 solo el cargo a revocar, 1.805 solo la firma y 396 solo la cédula del elector y en las manifestaciones de voluntades consignadas por la MUD: 10.995 personas fallecidos, 9.333 con números de cédulas inexistentes, 3.003 menores de 18 años, 1.335 inhabilitados políticos con sentencia firme y 659 con el número de cédula anulado, tres personas con interdicción civil.
Todo ello constituye una lesión a las premisas, preceptos, argumentos y voluntad de una democracia participativa y protagónica que ha sido sometida a prueba una y otra vez. Es importante la iniciativa del Alcalde Jorge Rodríguez de acudir a la Sala Constitucional del TSJ; también los ciudadanos venezolanos al vernos afectados podemos invocar –según el Derecho- a la acción colectiva denominada "Litisconsorcio activo" al considerarnos afectados, partiendo del hecho que los dispositivos constitucionales –elecciones nacionales, regionales, referéndum- dejen de ser caricaturizados por la retórica efectista, los seudo-giros de una locuacidad decadente de los diputados de la oposición. Llegó la hora: requerimos de establecer sanciones, no mediar ni negociar, se trata de poner en práctica seriamente la condenatoria y el ejercicio de la punitividad o castigo, ya que son delitos electorales y hasta penales, que ofenden los valores de la sociedad, por implicar transgresión de la convivencia y cohabitación pacifica de los venezolanos.
