Con la entrada en vigencia del Plan Estratégico del Poder Judicial, se pretende avanzar en términos reales a la consolidación del Modelo de Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, no sólo desde la teoría sino desde una praxis Revolucionaria, que deje de lado los vicios heredados y enquistados en el carácter positivista de otrora, tomando en consideración las nuevas tendencias de humanizar a los Tribunales desde una perspectiva sociocrítica, que aborde las decisiones judiciales desde un ámbito más humanizador, tomando en consideración la realidad social que circunda en torno al hecho delictivo y desestigmatizando al Penado, regenerando el ciclo de socialización para la reinserción en la sociedad para quienes hayan cumplido la pena impuesta y mejorando el trabajo interinstitucional a favor del desarrollo de una cultura de rendición de cuentas de los procesos en el seno de la sociedad.

En pocas palabras invertir la pirámide a favor de los más desposeídos y en contra de quienes probablemente utilizaron el aparato de justicia para mantener su STATUS QUO.

La praxis, como lo aborda LANDA(2013), en su obra titulada "EL MÉTODO EN MARX" (Pp-139), referencia lo que etimológicamente deriva del vocablo latino "Praxis", que significa "La acción de la persona, en su relación con los otros y con la vida social".

De allí en lo que nos concierne el desarrollo del tema a tratar proponemos para efectos del análisis de las relaciones causales, , su vinculación a la "Ética", pero en contradicción con lo "Moral", tomando en consideración los "Valores" impuestos por las élites que forman el sistema capital que en nada se asemejan a los "Principios" necesarios para la transformación social del Individuo. Consideración especial en éste sentido es la retomada por el Sujeto Histórico, como Agente de prácticas sociales que vinculan la historia constitutiva de las estructuras sociales, que están determinadas especialmente por las relaciones económicas. Tomando en consideración las bases sobre las cuales se sedimentaron las bases de las ciencias sociales postmodernistas a la sombra del accionar y financiamiento de la CIA y que ejercieron una influencia notoria en el discurso gubernamental y los programas "sociales" que a su vez se desarrollaron a la sombra de una política de alineación del colectivo con la omisión por pasividad de Intelectuales que fueron coparticipes de ésta política imperialista.

Los retos que plantea un nuevo modelo de sociedad, obliga a las instituciones judiciales a plantearse procesos de actualización permanente y profunda, que dignifiquen el sentido democrático para el cual, fueron creados invocando los principios constitucionales sobre los cuales se fundan las bases de la República.

Grandes avances por romper los viejos esquemas positivistas, de la Escuela de Frankfurt e Italiana, mediante los cuales, se consideró a la Justicia dentro del ámbito de aplicación del Derecho, como un mecanismo de explotación y dominación de las clases más vulnerables, sometidas a la miseria, la pobreza y la ignorancia, por los Doctos y un sistema elitesco de oportunidades que se cerró a quienes no pertenecían al circulo de seleccionados por los partidos y sus cúpulas como representantes que serian formados para luego tener la responsabilidad de conducir los destinos de la sociedad.

Al considerar el proceso desde un enfoque sistémico, con la finalidad de reconocer las interacciones permanentes en el ciclo de administración del sistema de justicia, mejorando la capacidad de respuesta y brindándole la recursividad necesaria, para absorver parte de los desequilibrios existentes en el seno de la sociedad, estrechando el compromiso social a favor de quienes están sometidos y proporcionando la correspondiente reparación de daños por fallas generadas por el denominado retardo procesal. Con ello se persigue aplicar procesos de reingeniería a los tradicionales formatos del proceso judicial, que implican altos costes por concepto de papelería y útiles de oficina que son actualmente usados para soportar la administración de justicia en nuestro país, acelerando la sinergia que plantea la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular; así como actualizar la Ley Orgánica del Poder Judicial con componentes sociales que integren al Servidor Público del ámbito judicial a los procesos de cambio que experimenta nuestro país, haciéndolo más corresponsables con el carácter preventivo que precisa el nuevo modelo punitivo en tiempos de Revolución.

Cuando planteamos esta referencia, estamos recomendando en los términos establecidos por la Ley, que se reconsideren las relaciones sociales que se enmarcan entre los intervinientes del proceso penal venezolano, mejorando la retroalimentación y radicalización los principios socialistas en las tareas propias a la función judicial. Para ello, proyectar las Mesas Populares de Justicia y los procesos de selección de los Jueces de Paz Comunal, implican un compromiso social de todos y cada uno de los trabajadores tribunalicios en pro de la consolidación del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia a la par de generar conocimiento a través de la investigación permanente a través de la aplicación de la Hermenéutica jurídica.

En éste sentido, respaldamos la decisión tomada por el Camarada Nicolás Maduro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, durante el inicio del Año Judicial 2017, de aprobar la fundación de la Gran Misión "JUSTICIA SOCIALISTA" , la cual, será conformada por los Poderes Ejecutivos, Judicial y Ciudadano. En éste sentido, se redimensiona la nueva visión de justicia, como una nueva filosofía de trabajo, para abordar de manera integrada y con carácter preventivo el abordaje de prevención del fenómeno del Delito en las diferentes comunidades del territorio nacional venezolano. Empero, sea a favor de la economía procesal y la defensa de las garantías de los (as) ciudadanos (as).

Sin duda alguna, ésta decisión representa un gran avance que se debe coalinear con el desarrollo de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), a los fines de dar el nivel de humanización mediante la defensa de los Derechos Humanos, en virtud, de las últimas actuaciones de los Cuerpos Militares en actividades policiales, citamos para ejemplificar los casos de Cariaco y Barlovento; donde se presentaron excesos y abuso de las autoridades militares durante su participación en actividades de la OLP en esas localidades. Todo en concordancia con la consolidación del Sistema Democrático y Social de Derecho y de Justicia establecido en nuestra Carta Magna.

Propicia la ocasión para informarle a la colectividad, que éste pasado día Jueves 09/02/17 se efectúo en la sede de la Universidad Nacional de la Seguridad en el estado Sucre, que funciona provisionalmente en la U.E "Castro Machado" de la Parroquia Valentín Valiente de la ciudad de Cumaná, un conversartorio relacionado con la Campaña "CARABOBO 2021" a la Seguridad Ciudadana, en donde, participaron Docentes, Discentes y Voceros del Poder Popular, para iniciar la discusión de las seis (06) líneas de acción, a saber: Impulso del Movimiento por la Paz y la Vida, Reactivación del Plan "Patria Segura", Instalación de los Cuadrantes de Paz, Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia de Protección Popular para la Paz (SP3) y la Municipalización; donde nos correspondió humildemente la tarea de difusión del último punto en cuestión. En el mismo se abordó el tema de las Mesas Populares de Justiticia y la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal. Trabajo que hemos venido desarrollando de manera colaborativa con los(as) Servidores(as) adscritos a la Oficina de Participación Ciudadana del Circuito Judicial Penal, cumpliendo las instrucciones de la Ciudadana Dra. Carmen Susana Alcalá, Juez Rectora del Estado Sucre y Presidenta del Circuito Judicial Penal de Cumaná, en fiel cumplimiento a los lineamientos del Tribunal Supremo de Justicia y en apoyo irrestricto a nuestro Camarada Presidente Nicolás Maduro.