A los venezolanos nos urge que se faciliten los trámites y procesos de la administración pública para poder acceder a los bienes y servicios que todos requerimos para tener una verdadera calidad de vida. Esta simplificación está relacionada con los planteamientos que hemos trabajado al hablar de gerencia y requiere de un elemento indispensable para garantizar la rapidez, seguridad y transparencia que nos piden: el principio de buena fe.
En el ámbito jurídico se le conoce como presunción de inocencia, base del proceso acusatorio que tiene como regla la fe y la confianza. Ese es el modelo que debemos defender y aplicar. Ese que es totalmente opuesto al de los procesos inquisitorios que toman como base la desconfianza.
La Constitución, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Pero no se está respetando. Decimos una cosa y hacemos otra. Por ejemplo, hay instituciones que aun teniendo a las personas en frente dándoles información solicitan una fe de vida o cartas de residencia.
Entendamos que cuando se asume el modelo de desconfianza se ajustan los trámites a lo difícil por cuidarse de los que pudieran cometer fraude, que no llegan al 1%, perjudicando al 99% imponiéndole más requisitos que pueden falsificarse y cuya veracidad nunca es verificada, haciendo que la gente y los organismos pierdan muchísimo tiempo y dinero.
Y por otra parte, cuando confiamos en los usuarios se simplifica al máximo, se agiliza, se logra la eficiencia. Aplicar el principio de buena fe permite ahorrar recursos, ganar horas para emplear en asuntos que lo requieran y proteger al ambiente utilizando menos hojas.
Existen muchas técnicas que permiten crear caminos más cortos, con más transparencia y seguridad, a beneficio de la gran mayoría. Debemos iniciar con un cambio cultural entre los ciudadanos y trabajadores, hacer un inventario de los trámites y procedimientos, eliminar los pasos y recaudos innecesarios y aplicarles una reingeniería a los que quedan, racionalizarlos y optimizarlos.
La propuesta es sustituir esos requisitos y migrar a una planilla de declaración jurada de datos, en la que los ciudadanos firmen y coloquen su huella. Dejar que el Estado aplique control posterior a los casos sospechosos, usando la interoperabilidad, bases de datos como las del Seniat o el CNE.
Los invito a transformar positivamente las instituciones, darle al pueblo la confianza y el respeto que merece. Actuemos de buena fe.
