Al margen de las expropiaciones[1] debidamente contempladas en la Constitución vigente, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), posiblemente, podría resolverles a todos, absolutamente a todos los capitalistas, la amenaza que se cierne sobre ellos por razones de la inevitable competitividad que gobierna sus intraactuaciones, las de unos capitalistas contra otros.
El libre mercado, sin que nadie pueda acusar a nadie y sin saber de causas y efectos permite que capitalistas de mayor rango se apropien del resto de los capitales, y hacerlo a precios de gallina flaca, a precios muy apartados del precio justo que prevé la expropiación oficial. Como la propia dinámica del capital hace prosperar a unos capitalistas y estancarse a otros, hasta los más desarrollados capitales son susceptibles de ser sacados del juego por el mercado del cual forman parte y circunstancialmente coprotagonizan.
Por ejemplo, no es inusual que un accionista menor vea que sus acciones fueron liquidadas por uno de sus socios con mayor poder económico, y calla, pero que al Estado no se le ocurra incrementarle los impuestos porque, entre otras medidas, va y le suplica y besa los sucios pies al gobernante del "Norte", a cambio de que este frene o castigue semejante atentado contra la propiedad privada.[2]
Bien, toda esa incertidumbre que caracteriza la propiedad privada de la empresa burguesa podría zanjarse por disposiciones ad hoc tomadas y legalizadas en la nueva Carta Magna que configure la Asamblea Nacional Constituyente a la cual los capitalistas medios y pequeños concurran y logren que sus proposiciones protectoras de sus capitales puedan ser aprobados democráticamente, de tal manera que el pez gordo quede impedido de comerse al pez chico.
El monopolio es sólo una de las formas de competencia que maneja el mercado capitalista, porque la oferta de cualquier ramo industrial corre cargo de miríadas de productores y el conjunto de estos siempre será más poderoso que el más poderoso de los capitalistas aisladamente considerado.
[1] Cuando el Estado expropia coarta el llamado ius abutendi de la propiedad privada porque es un acto unilateralmente asumido por aquél, so pena de reintegrarle a su dueño el precio justo del objeto expropiado.
[2] La plusvalía, que es la fuente de sus ganancias, no le ha pertenecido jamás, pero la hace suya mediante la cotidiana explotación de sus trabajadores.
