La actual Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha sido profundamente debatida, analizada, asumida por nuestro pueblo como propia —como nunca antes se vio en la historia republicana del país—; siendo objeto, además, de críticas favorables y agudas, soslayadas incluso, y trascendentales, como corresponde a su sentido macro adecuado a los nuevos tiempos del tercer milenio. La factoría de esta constitución nacional fue meramente chavista, pues surgió al calor de aquella batalla de ruptura con el pasado inmediato, iniciado en 1998 y concretado en diciembre de 1999, bajo el liderazgo de nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Todos los hombres de fe de nuestra gran nación fijamos nuestros ojos en el nuevo texto jurídico, participamos del referendo, leímos los artículos encartados en la prensa escrita y seguimos los debates por tv de sus discusiones en plenarias de la Asamblea Nacional Constituyente. Todo se enmarcaba en el proyecto de un nuevo país para lograr una nueva Venezuela.

Jóvenes y adultos, trabajadores, obreros, profesionales, docentes, alumnos, intelectuales y hasta personas analfabetas de entonces celebramos, hasta aplaudir, esa maravilla lírico-humanista que representa el Preámbulo, cuyo propuesta-autoría corresponde a nuestro querido y admirado Poeta y hermano Gustavo Pereira, una de las altas referencias morales del país. Ello por cuanto contiene la esencia de nuestra identidad, la grandeza de nuestra cultura, el sueño de nuestra esperanza; la voz de nuestros latidos más profundos por la igualdad, la justicia, el bien común, el respeto, la reciprocidad, la solidaridad, la moral republicana y ciudadana, el calor de nuestro gentilicio y el trabajo productivo; la integración latinoamericana y la autodeterminación de nuestros pueblos. Sin embargo, en toda esa declaración de principios no aparece el cognomento de socialismo, como tampoco aparece manifiesto en los artículos del texto constitucional. Falla u omisión involuntaria, ahí quedó un terreno de cultivo para que la oposición política del país, y los enemigos del proceso bolivariano, atacaran sin piedad cuanto se ha intentado hacer para la nueva Venezuela.

En agosto de 2017 publiqué en aporrea.org un artículo titulado "Mi propuesta de Preámbulo para la nueva Constitución". Considero oportuno reproducirlo ante la inminente circunstancia de que se redactará un nuevo texto constitucional por parte de la actual Asamblea Nacional Constituyente. Estas son las 447 palabras que propuse como Preámbulo, basándome, obviamente, en las 214 palabras del Preámbulo del Poeta Gustavo:

La República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de su soberanía intransferible e invulnerable, así como de su identidad patria, su honor, su gloria e independencia inviolable y suprema; invoca los poderes creadores del pueblo y la protección de Dios, los valores morales y éticos del Padre Libertador Simón Bolívar, cuyo heroísmo y sacrificio junto a otros héroes nacionales y nuestros antepasados aborígenes, nos legaron una ideología sustancial para preservar nuestra nación libre y soberana, refundada en el Siglo XXI; dentro de un espíritu de pleno ejercicio democrático, representado de manera participativa y protagónica , socialista y comunal, por nuestros actores políticos y ciudadanos, y la unión cívico-militar, respetando la diversidad pluricultural y multiétnica que nos caracteriza, sin subordinación alguna, bajo el principio de autodeterminación de los pueblos; en un Estado de justicia absoluta e inclusión social, para el fiel cumplimiento de los deberes y derechos establecidos en la jurisprudencia del país; asegurando el derecho a la vida, al trabajo, a la familia, a la propiedad legítima, al crecimiento personal, a la educación libre y gratuita en todos los subsistemas de enseñanza-aprendizaje, sin discriminación de ninguna naturaleza por edad, sexo, color, religión o ideología política; con la garantía universal de los derechos humanos elementales; salvaguardando la convivencia pacífica conforme a las leyes; consagrando y defendiendo los valores de la libertad ante todo dominio imperial, el terrorismo y las injerencias internas y externas, directas o encubiertas, conforme a nuestras leyes; así como su autonomía territorial, gubernamental, económica, política, cultural, educativa, recreativa, científica y tecnológica; preservando la paz en toda su amplitud y alcance y la solidaridad como escenario de cooperación recíproca para el bien común; promoviendo igualmente la cooperación pacífica entre las naciones; consolidando la unión Nuestra Americana contra toda intervención militar e imposturas contraculturales foráneas, amenazas de guerra o ejercicios nucleares o similares, daños ecológicos y patrimoniales, medioambientales y bióticos; así como en defensa de las riquezas comprobadas y comprobables de tipo orgánicas e inorgánicas, y minerales presentes en nuestros suelos y subsuelos, áreas acuíferas y marítimas, por ser estratégicas para el desarrollo autosustentable y soberano de Estado; contribuyendo al equilibrio sostenible de la humanidad ante el deterioro global del planeta; haciendo prevalecer el poder originario del pueblo y el pensamiento bolivariano, por medio de la práctica ordinaria o extraordinaria, volitiva, irrebatible y terminante del ejercicio del voto universal, libre y secreto en elecciones, referendos o en ejercicio del poder constituyente, para consolidar su incuestionable acción en defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional, mediante la praxis ética y moral destinada a establecer la justicia y certeza jurídica del derecho, así como combatir todo acto de injusticia, corrupción, desacato, deslealtad y traición a la Patria, Decreta:

En las redes sociales circula una especie de "ALERTA" atribuida a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien ventila una supuesta Reforma a la Constitucional redactada por el constitucionalista Hernann Escarrá y el Grupo de Abogados Bolivarianos del Frente Socialista, modificando no más de veinte (20) artículos, y el Preámbulo. Estos artículo serían, entre otros, según ese panfleto virtual que circula en las redes, especialmente vía WhatSapp; el 2, 4, 5, 6, 23, 91, 102, 108, 109, 230, 348, con la supresión absoluta del polémico artículo 350 por eso de las "garantías constitucionales".

Mediante esta reforma el Estado suprimiría por vía constitucional la actual autonomía universitaria, el derecho a la educación privada, en todos los niveles educativos; la elección popular de gobernadores y alcaldes, quienes serían nombrados a dedo, vía Consejo de Ministros, a conveniencia del PSUV, como se hizo durante el Puntofijismo de AD y COPEI; se suprimiría la noción de "trabajadores del sector privado" y lo relativo a "sector privado; y el periodo presidencial pasaría de seis años a 20 años con "reelección indefinida". Por otra parte, se contemplarían cambios radicales en las nociones de poder estadal y municipal, derechos económicos, derechos humanos, derechos civiles y derechos políticos, así como de la división política territorial de la República Bolivariana de Venezuela, al decretar la constitución de Venezuela como Estado Socialista.

Bien que se trate de un falso positivo o algo en ciernes, conviene que alguien del alto gobierno explique al país lo relativo a este rumor. Hermann Escarrá puede ser un portavoz eficiente, no sólo por atribuírsele la autoría de la reforma, sino por su profesionalismo, credibilidad y ponderación para abordar aspectos críticos relacionados con la materia jurídica, pues se le reconoce como un experto profesor de derecho constitucional.

La Sala Constitucional ya tendría lista, afirma este panfleto virtual, la sentencia respectiva para el llamado a la Reforma Constitucional por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, sin necesidad de llamar a un referendo consultivo "para declarar procedente las bases comiciales". Por su parte, las rectoras del Consejo Nacional Electoral igualmente tendrían listo lo propio de ese órgano. Por ello, urge un debate abierto, mediante los medios públicos, sobre esta materia. Si en verdad se estima una reforma profunda al actual texto constitucional, esto debe hacerse de una manera abierta, participativa y protagónica, para que todos tengamos voz en esta delicada materia. Si bien es necesaria la reforma en aspectos muy puntuales, no se debe caer en el pragmatismo ni el fanatismo político oportunista. El Estado es de todos porque el país es de todos. Los derechos civiles, políticos, económicos y culturales son igualmente los derechos de todos.

Más que suprimir la educación privada debe constitucionalizarse el derecho a una educación pública eficiente, efectiva, productiva y de calidad. Esto empieza por una remuneración justa para quienes ejercemos esta profesión, con planteles físicos y condiciones de trabajo y equipamiento científico- técnico de vanguardia, que garanticen la salud, la tranquilidad, el buen ambiente para el proceso de enseñanza-aprendizaje, la seguridad interna y externa, los servicios públicos y sanitarios indispensables en los planteles, escuelas, liceos y universidades; así como la ética y moral innegociables para la administración de los recursos financieros destinados al sector educativo. Se debe valorar las cualidades y capacidades del recurso humano destinado a la educación, más que su afiliación político-partidista, como pilar fundamental para garantizar todo el proceso educativo, más allá del morralito tricolor, la canaimita, los zapaticos negros, los cuadernos importados, las dádivas salariales y todo ese espejismo barato que nos humilla y degrada desde la cúpula reinante del poder y la ineficiencia del gobierno socialista revolucionario mismo.

Conviene al país un profundo debate, un proceso a fondo de discusiones y propuestas para la eventual reforma al texto constitucional, centrándose sin amarras, en el aspecto central del interés nacional: el ataque frontal, legal, efectivo también, contra la corrupción administrativa del país, por cuanto propicia el despilfarro de los recursos financieros del Estado, la impunidad, la complicidad, el compadrazgo, el testaferrismo, el derroche, el desvío y desaparición de bienes nacionales, el tráfico de influencias (especialmente en los altos órganos del poder público nacional y en el ejercicio del mando militar en labores de gobierno y administración de fondos públicos); así como en la dirección ejecutiva y gerencial de las empresas básicas del Estado (Pdvsa, Sidor, Venalum, etc.), empresas mixtas, empresas de producción social, créditos públicos, contratos, acuerdos, convenios y demás áreas operativas relacionadas con la economía, los dineros del Estado y la banca nacional.

La boliburguesía debe ser condenada en ese debate y suprimida como práctica atroz de la delincuencia organizada, como forma de ser de los vagabundos y los pillos. El Estado debe erigirse sobre una base moral sólida, definitivamente legal, con garantías jurídicas reales, eficientes, respetables. Que en este país no gobiernen más los pranes y los capos de los carteles y bandas de delincuentes, quienes desde las cárceles masacran, extorsionan, manipulan sindicatos, chantajean y hacen desmadres como les viene en gana.

La reforma constitucional debe trascender los protagonismos políticos a favor y en contra del actual sistema o modelo político. Se aspira al bien común y la legalidad, al Estado de Derecho y de justicia, y no debe caerse en medias tintas. Venezuela tiene actualmente un estado democrático, nadie lo duda, y la oposición debe quitarse de la boca (sucia en muchos aspectos) eso de que Chávez y Maduro instauraron y ejercen una dictadura. Por ello, debe prevalecer, sin manipulaciones, el concepto claro, definido y sin ambages de democracia representativa y protagónica. Basta ya de los vericuetos jurídicos, de la diatriba sonsa, de la farfulla errónea. El NO al injerencismo internacional de tipo imperialista debe ser rotundo y establecerse constitucionalmente. La salvaguarda del patrimonio nacional no se negocia, no se vende. Eso debe quedar claro.

Todo ejercicio político en Venezuela debe ser electoral, y hay que prohibir el doble poder político-administrativo, a más antojadizo como complaciente con la corrupción, como ese bodrio llamado "protector de estado", implementado por el Presidente Maduro para transferir recursos financieros y poder político de manera ilegítima a terceros, con funciones de gobernadores, en entidades donde el partido oficialista perdió, claramente, ese poder político.

Ni como ciudadano, ni como intelectual ni como chavista me calo esa tontería, máxime cuando se trata del estado Nueva Esparta y del estado Anzoátegui. Si los zamuros van a cuidar la carne en los estados regionales, del mismo modo que los militares cuidan y usufructúan los dineros públicos, mejor dense un fujimorazo y decreten la abolición de la Constitución Nacional; así nos quitamos las máscaras de una buena vez. Ya nos cansamos de los corruptos pintados de mansas palomas. Basta de esas pomalacas rojitas por fuera y blanquitas por dentro. En mi concepto radical son basuras políticas.

La reforma constitucional debe garantizar la eficiencia ministerial como asunto de seguridad nacional. Los ministerios de educación básica, profesional y universitaria, de deportes, de cultura, de salud, de producción y comercio, de agricultura y tierras, de ambiente e industria, por decir lo menos, cualesquieras sean las formas como se les denomine, más allá del inútil aditamento de Ministerios Populares, tienen que asumir la tarea propia de cada órgano y cumplir a cabalidad sus funciones. El Ministerio de Salud, por ejemplo, que se ocupe eficiente y responsablemente del asunto grave de la salud pública, la distribución de medicamentos, el equipamiento y acondicionamiento de centros médicos públicos (ambulatorios, hospitales y Centros de Diagnósticos Integrales); la cancelación puntual de salarios dignos integrales al personal asistencial, el aseo en sus instalaciones donde hay la falta permanente de agua y baños sucios que producen asco, vómitos y penurias; donde la elaboración de malos alimentos enferman a los pacientes y familiares, prodigan el cultivos de plagas y bacterias, con la transmisión de enfermedades y contaminación de cuartos y quirófanos; sin que exista un mecanismo de reclamo, ni una vía expedita para tramitar las tantas quejas devenidas de estas penurias ante las instancias de gobierno, porque todo lo entraba la corrupción, la manipulación, la indiferencia y la falta de respeto a los derechos humanos de los enfermos y las víctimas del abuso poder. También en muchos casos, la falta de poder político.

En suma, el nuevo texto constitucional debe erigirse como la garantía del nuevo país, de la nueva Venezuela, oyendo a cada venezolano piense como piense en lo político, luche como luche en lo económico, sienta como sienta en lo social, crea como crea en la vida, porque es el último viaje que abordaremos en muchos años para salir de esta terrible tempestad en la cual nos hundimos de la noche a la mañana. Hay que reconocerlo llanamente. Esa es la realidad, más allá de ese optimismo publicitado en cadena nacional que a nadie asombra del estómago hacia abajo.

Si ha de ser un Estado centralizado y socialista, que así lo decidamos todos los venezolanos, pero para el bien común, no para otros intereses. Si ha de ser un ser un Estado independiente y soberano, eso lo debemos defender sin miedo, y sin sesgos ni manipulaciones. Si nos vamos a potenciar económica y socialmente que sea en el marco de las relaciones comerciales globales no excluyentes, que propicien la inversión extranjera, las nuevas tecnologías, la creación de empresas y puestos de trabajo, la justa retribución por el trabajo, la explotación y uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables, como recursos estratégicos para el interés nacional y la soberanía del país; corrigiendo muchas de las propuestas que en ese aspecto propuso Chávez en su momento, y tomando como referencia experiencias europeas y asiáticas para la industrialización y el logro de un Estado moderno, productivo, justo y equitativo en la distribución de la riqueza. Que se consolide un Estado de negociación no de pugnas inútiles. Un Estado abierto no cerrado a las empresas trasnacionales que respeten las reglas de juego dentro de Venezuela (la Ford, la Toyota, la Chrevrolet, la Fiat, la Wolgswagen, la Renaul, la Kia, la Pirelli, la Goodyear, la Firestone, Venoco, Shell, Protel &Gamble, Palmolive, Movistar, etc. etc), porque su capital económico y nuestro recurso humano son vitales para motorizar la recuperación definitiva de Venezuela. Por ahora, estás son algunas de las ideas que hay sobre la mesa. Ojalá se sumen otras opiniones sobre este asunto y dejemos la puerta abierta al debate sano y productivo por el bien de Venezuela. Sin falsos positivos. Sin mesías. Sin golpes de estado ni golpes de pecho. Con transparencia y seriedad. Con honestidad y sinceridad. Con verdades y principios. Con justicia.