Año 1993, era el momento en que se manifiesta claramente la desestabilización política de la Cuarta República, producto de la inmoralidad, la iniquidad social, el entreguismo por parte de los gobernantes, a los intereses foráneos del capital financiero internacional y el gobierno estadounidense, lo que hace romper el hilo sistemático y transversal de la política sustentada por el pacto de Nueva York.

También podemos ver que a raíz de las dos rebeliones militares del año 1992, los principales actores del Pacto de Punto Fijo, los partidos Acción Democrática y Copei, (ya URD había quedado difuminado en el camino, varios años antes), experimentaron dificultades institucionales para la funcionabilidad del macabro Pacto, demostrando ante la palestra pública la secuencial crisis que se desencadena en las filas del partido Acción Democrática, crisis que se manifiesta estruendosamente, con la expulsión de Carlos Andrés Pérez de ese partido y la derrota adeca en las elecciones de 1993 con el candidato Claudio Fermín, y en el partido Copei, que no escapa de la crisis interna, también, Rafael Caldera es expulsado de su propio partido.

La partida secreta de CAP

Este caso de Carlos Andrés Pérez y su combo, se inicia el 22 de febrero de 1989 tras la solicitud de rectificación presupuestaria a la Partida Secreta del Ministerio de Relaciones Interiores para gastos de seguridad y defensa de la nación, que según la prensa de la época dicha partida secreta tuvo como destino final "el financiamiento del servicio de escoltas de la presidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, la cual, al iniciar su mandato presidencial no podía confiar su seguridad personal en manos de la Policía Sandinista ni del Ejército Popular Sandinista".

Meses antes de pronunciarse este caso, ya el 8 de noviembre de 1992, el periodista José Vicente Rangel había denunciado a través de la prensa escrita y la televisión, los actos de corrupción, que posteriormente fueron procesados por la Comisión Permanente de Contraloría de la Cámara de Diputados, donde se designó una sub-comisión especial que quedó a cargo de esta investigación, realizando un proceso de interpelaciones a más de 20 funcionarios de los despachos gubernamentales.

Estas interpelaciones dieron como resultado, que el 11 de marzo de 1993 el Fiscal General de la República, Ramón Escobar Salón, (militante adeco) introdujo una solicitud de antejuicio de mérito en contra del Presidente de la República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, por el delito de peculado doloso y malversación de 250 millones de Bolívares (17 millones de dólares en esa época) de la partida secreta por cuyo manejo Él era responsable.

El 20 de mayo, la CSJ consideró que existían méritos suficientes para culpar a los involucrados en el caso de corrupción. Al día siguiente, CAP queda suspendido para el ejercicio de sus funciones. El 21 de mayo de 1993, el Senado de la República autorizó el antejuicio, tras lo cual, Carlos Andrés Pérez, de conformidad con lo estipulado en la legislación venezolana, fue despojado de su envestidura presidencial y es sustituido por Octavio Lepage, Presidente del Congreso Nacional, que ejerció como interino Presidencial hasta el 5 de junio de ese año, cuando es nombrado por el Congreso Nacional el escritor Ramón José Velázquez, para ejercer la Presidencia De la República hasta terminar el período presidencial, el 2 de febrero de 1994, cuando le coloca la banda presidencial a Rafael Caldera.

El escritor no sabe quién le escribe

Según Edgar C. Otálvora, en su libro: "La Paz Ramónica" dice: "el Presidente Ramón J. Velásquez, hasta la llegada a la Secretaría de la Presidencia de Pedro Beltrán, quien sustituyera a Jara Rangel, se quejó amargamente de que lo mantenían incomunicado: No le presentaban la correspondencia, las secretarias respondían cualquier disparate y a su escritorio llegaban las cosas con retrasos. Él no sabía quién le escribía y a quién y qué le respondían".

El día 5 de junio de 1993, Ramón J. Velásquez jura ante el Congreso Nacional, reunido en Sesión Conjunta, para asumir la Presidencia de la República de Venezuela, en las circunstancias más excepcionalmente viables. Sustituía al Presidente del Congreso, Octavio Lepage, a pocas semanas de que éste reemplazara a su vez a Carlos Andrés Pérez, quien había dejado de ejercer la Presidencia luego que el Parlamento autorizara a la Corte Suprema de Justicia a seguirle juicio. En aquel momento en el país se debatían la legalidad de la salida de Carlos Andrés Pérez.

Ramón J. Velásquez y su Narcoindulto

El corto gobierno de Velásquez tampoco podía pasar por desapercibida la corrupción, que galopó a todo su tren de gobierno, la fuga de divisas hacia el exterior y la complacencia insolente, se hicieron sentir, y como si fuera poco, indultó a uno de los capos de la droga: que se convirtió en el sonado caso del indulto presidencial de Larry Tovar Acuña, un capo de la droga. Eso generó un escándalo político que desestabilizó la presidencia interina del Ramón José Velásquez. "El mandatario reconoció haber firmado la gracia, pero descargó en desgracia, la responsabilidad de aquel episodio sobre su secretaria, María Auxiliadora Jara Rangel de Tarazona". Así lo reseñaba la prensa de aquel entonces, por lo que a continuación transcribo en forma textual, párrafos del capítulo VI del libro "La Paz Ramónica", escrito por Edgar C. Otálvora:

El más penoso incidente del gobierno de Ramón J. Velásquez, y posiblemente de toda su vida pública fue una combinación, explosiva sin duda, de política, comercio de estupefacientes y confianzas violadas.

El 27 de octubre la prensa de Caracas informó sobre la decisión del gobierno de Ramón J. Velásquez de emitir un decreto indultando a Larry Tovar Acuña, quien se encontraba preso aún sin sentencia y al cual se le adjudican diversos delitos en Venezuela y Estados Unidos relacionados con el comercio de narcóticos. El Decreto apareció en la Gaceta Oficial, publicación cuyo contenido es decidido por el Ministro de la Secretaría, sin la firma del Ministro de Justicia que debía refrendar el acto presidencial. El prisionero fue sacado de la cárcel sin que la juez que le seguía juicio hubiera firmado la necesaria boleta de excarcelación. (…)

El 27 de octubre Ramón J. Velásquez solicitó a la Policía Técnica Judicial abriera las investigaciones; señaló al Procurador General de la República y al Ministro para la Descentralización la tarea de redactar un decreto derogatorio de aquel que concedía el indulto. (…) A principios de la tarde, en presencia de testigos, Ramón J. Velásquez se reunió con la señora Tarazona. Ella había puesto sobre el despacho del Presidente el proyecto de indulto acompañado de un estudio elaborado por la Consultoría Jurídica: pero en aquella oportunidad al parecer, la señora Tarazona olvidó mencionarle al Presidente que el informe que servía de base al indulto había sido elaborado por Gustavo Velásquez, Consultor jurídico de Miraflores durante el gobierno de CAP y que en ningún caso aquel informe recomendaba la decisión de indultar al procesado. En algún momento de la reunión, el Jefe de la Casa Militar hizo entrega a Ramón J. Velásquez de un telegrama mediante el cual la Secretaria Privada había notificado a los padres de Tovar Acuña, sobre las gestiones hechas por la Secretaría para reactivar la solicitud del indulto.

Velásquez preguntó insistentemente por qué ella había tomado la iniciativa sin hacer pasar la solicitud por los canales regulares del Ministerio de Justicia o de la Consultoría Jurídica de Miraflores. Le preguntó por qué había enviado aquel telegrama. Ella respondió que se trataba de las rutinas secretariales: siempre se respondía a las solicitudes que se le hicieran al Presidente.

(…) el Presidente ordenó al Ministro proceder a sustituir a la señora Tarazona de su cargo. (…)

Pocos minutos después, un asistente de Ramón J. Velásquez informa que la señora Tarazona está procediendo a destruir documentos en su oficina y a enviar diversos paquetes al vehículo asignado. El jefe de seguridad de la Casa Militar comentaría, mientras la PTJ procedía a revisar el vehículo, que poco tiempo antes una pariente de la señora Tarazona lo había llamado para pedirle ayuda para movilizarla hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía.

En un primer momento, la juez decidió dictar autos detención a diez personas, tres de ellas funcionarios de la Presidencia. Igualmente dejó abiertas las averiguaciones en el caso de ocho personas: cuatro de ellas funcionarios civiles de la Presidencia, un Edecán del Presidente y el propio hijo de Ramón J. Velásquez.

Por su parte, Ramón J. Velásquez evidenció su total franqueza ante la opinión pública. Desde el primer momento explicó lo ocurrido en lo que a él correspondía. (…)

Aquella Secretaria Privada pasaría a los anales como símbolo de una crisis política, que pudo dar al traste con el gobierno de Ramón J. Velásquez a sólo un mes de las elecciones.

De esta manera se produce el ocaso del Pacto de Punto fijo que tanto daño hizo al país, donde la confabulación de los gobiernos de turno en la permanente conjura con la oligarquía y los intereses imperiales, en contra del pueblo, rebasaban las arbitrariedades sistemáticas, en nombre de una democracia representativa y represiva, donde los más preciados valores de la verdadera democracia brillaron por su ausencia, fueron vulnerados, lo que hizo que los ricos se hiciesen más ricos, mientras los pobres se hacían más pobres, en un país inmensamente rico, donde las riquezas eran devoradas en "los cenáculos de dinosaurios" y al pueblo lo trataban de consolar con migajas que sobraban del gran festín oligarca.