Que la inseguridad personal es uno de los puntos débiles de la gestión que dirige el presidente Chávez es algo innegable. José Vicente Rangél apenas salido de la vicepresidencia, lo ha afirmado en forma tajante. A la mayoría del pueblo venezolano, mayoría que es chavista, no le convencen los argumentos estériles de los ministros y otros funcionarios a quienes compete el asunto, cuando escurren el bulto diciendo que es mentira que ahora hay más muertes diarias o semanales asociadas con la violencia en las calles o en las carreteras, porque no se trata de comparar con el pasado, sino de superar las fallas del presente. En todo caso, es tarea vital del gobierno demostrar que es mejor que cualquier administración anterior en todos los terrenos, porque en un régimen democrático como el nuestro, la gente brinda apoyo en la medida que se demuestra eficacia en la solución de los problemas y claridad en la gerencia de los bienes públicos. El respaldo a los políticos es político, no es un cheque en blanco, y menos aún en la medida en que la conciencia del pueblo aumenta. Además el equipo gobernante no tiene tres meses sino ocho años encargado de la administración pública.
La inseguridad y la corrupción son los insumos más importantes de la actividad de la oposición. Por eso desde hace varios años, los noticieros de la TV y emisoras de radio privadas, empiezan sus emisiones estelares con el balance rojo; algo que en épocas pasadas estaba reservado a la prensa amarillista. Si el MVR estuviese en la oposición y contara con medios de difusión haría lo mismo. Es parte del juego político aprovechar los errores y fallas del contrario, aunque no sea justo exagerarlas. Pero la respuesta efectiva del gobierno no puede ser censurar o negar hechos que están a la vista (¿qué porcentaje de la población de Caracas no ha sido víctima por lo menos de un carterista?), sino mejorar la eficacia de los cuerpos policiales y de todos los mecanismos de prevención del delito, así como la administración rápida de la justicia en todos los ámbitos.
Ahora resulta que con motivo del asueto de Semana Santa, por primera vez se toma una medida seria para reducir los accidentes de tránsito en carreteras y autopistas, comprobadamente vinculados a la ingesta alcohólica y al exceso de velocidad, y los comerciantes protestan porque sin aguardiente no hay Semana Mayor. En Venezuela, sin caña no hay turismo. Los comerciantes de Margarita prevén una “catástrofe” porque los “turistas de mayor categoría” o sea los que gastan y beben más, no irán a la isla sino hay venta de licores (UN, 31-03-07). Es evidente que a tales comerciantes no les importa cuidar la vida ajena sino sus ganancias. ¿Será que ellos también son accionistas de las funerarias? ¿O de las clínicas privadas donde atienden a los pacientes hasta exprimirles la cobertura del seguro?
En lo personal espero que las medidas anunciadas por el MRIJ se cumplan y se sancione a quienes las violen. Controlar la velocidad en las vías es tan necesario como imponer respeto en las colas que se forman por el aumento del flujo de vehículos. Ojalá los funcionarios tengan autoridad suficiente para poner orden en el caos que se genera entre Tucacas y El Palito, donde los rústicos imponen su fuerza para adelantar a lo bruto; y para evitar que las playas se conviertan en estacionamientos con “rumbas”, que dejan la mayor ganancia a los empresarios de las cervezas y otras bebidas alcohólicas, precisamente enemigos del gobierno.
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