Ahora resulta que algunos líderes de la derecha condenan al presidente Nicolás Maduro, por aclarar que las familias beneficiadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que tengan capacidad para pagar sus apartamentos, deben hacerlo. Antes denostaron del “populismo que regala todo”, pero ahora, desde la campaña por las elecciones del 14A, la derecha se convirtió en “populista”. Que curioso.
En otra muestra inequívoca del natural desprecio que ellos sienten hacia los pobres (como aquella locutora que pedía desinfectar el Teatro “Teresa Carreño”, después de los conciertos que la Revolución hizo populares y permanentes), voceros de la derecha han afirmado que los terrenos y apartamentos de la avenida Libertador, El Paraíso, Las Acacias y otras áreas consideradas coto exclusivo de la clase media, se han devaluado por la construcción de edificios para la “gente de los cerros”. Llegan hasta el extremo de decir que la presencia de los nuevos vecinos ahuyentará a los taxistas que circulan por esos predios, pero ahora, sorpresivamente, defienden la gratuidad en la ocupación de esos espacios. Hay que ser bien bolsa, muy oportunista o muy inconsciente, para creer en estos ataques de “generosidad” de un Capriles o un Ledezma.
Si el violento y cínico Capriles considera que “es inaceptable que en un país con tanto petróleo, tenga que cobrársele al pueblo por su casa”, ¿entonces porqué durante los más de cuarenta años de gobiernos adecos y copeyanos no resolvieron el problema de la vivienda? ¿O es que acaso el petróleo apareció en Venezuela en tiempos de Chávez? Nuestra riqueza petrolera se ha explotado comercialmente y de manera sostenida desde hace más de cien años, pero la “democracia representativa” dejó un déficit de más de dos millones de viviendas, que sólo con la gestión de Hugo Chávez, empezó a solventarse de manera decidida. Así, a pesar de las promesas de Caldera de “construir cien mil casas por año”, en su primer gobierno, durante toda la cuarta república el mayor éxito anual apenas llegó a 90.000. Contrariamente, en el 2011, a través de la GMVV se construyeron 153 mil casas o apartamentos, cifra que aumentó a 200 mil en el 2012, mientras que en el año en curso, el gobierno aspira entregar 380 mil.
En un país cuyos estratos pobres (y no pobres que se benefician del gobierno, pero votan en contra), han sido subsidiados hasta la saciedad durante la última década, el gobierno tiene suficiente autoridad moral para exigir que todo aquel que tenga capacidad de pagar por su vivienda, lo haga. Esos subsidios se han materializado a través de mecanismos que incluyen prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde los combustibles y los alimentos, pasando por la salud, la educación pública en todos sus niveles, el transporte, la cultura, las pensiones del Seguro Social y las medicinas de alto precio, por mencionar sólo algunos tópicos. Si la gente no paga por sus casas, el programa se volvería insostenible, porque nuestra principal fuente de ingresos también tiene necesidades por cubrir.
Desde el inicio de la GMVV en el año 2011, estuvo claro que sólo aquellas familias damnificadas, que habían perdido todo durante las lluvias torrenciales de 2010 y otros eventos naturales, estarían exentas del pago de las viviendas asignadas (cien por ciento de financiamiento), mientras que se establecía un sistema de subsidios variables para el crédito, en función del ingreso familiar comprendido entre uno y seis salarios mínimos. Eso lo afirmó el propio Presidente Chávez, y Maduro sólo está retomando el asunto.
En la práctica, el gobierno aplica el principio de “a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades”, algo incomprensible para los capitalistas, quienes no cubren las primeras pero sí exprimen las segundas para su propio beneficio.
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