El asesinato de Yanis Chimaras se suma a la alarmante cosecha de muertes que todos, salvo el gobierno, constatamos diariamente, sea a través de la prensa o directamente en la calle, cuando observamos la violencia incontenible que afecta no sólo a Caracas sino hasta pequeñas ciudades del interior, consideradas hace unas décadas como lugares apacibles. No encuentro explicación razonable para que la inseguridad y la violencia callejera no sean parte del discurso presidencial, y lo interpreto como un reconocimiento tácito de la incapacidad del equipo de gobierno para enfrentar ese problema. Lamentablemente, con evadirlo no sólo se estimula la acción delictiva, sino que se establece un “sálvese quien pueda” que legitima el ajusticiamiento de delincuentes por las propias comunidades, la aparición de “servicios” de protección personal o familiar (“vacunas”), y la percepción de que nuestras ciudades no tienen habitantes sino sobrevivientes.
Decir que el problema de la inseguridad es “estructural”, porque responde a la desigualdad social heredada de la Cuarta República, niega la eficacia de la acción gubernamental que ha dedicado ingentes recursos a la inversión en salud, educación, capacitación y organización comunitaria. En Venezuela la gente está harta de las comparaciones con el pasado, porque ya tenemos varios años en esto. Si la mayoría de los venezolanos escogimos el camino que actualmente transitamos, es porque esperamos que supere con creces cualquier gestión del pasado. Para avanzar debemos compararnos con lo mejor, no con lo mediocre.
La manida frase según la cual “la inseguridad es un problema de todos”, que repiten a cada rato los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado no resuelve nada, porque el desamparo que sienten los vecinos ante la ausencia de autoridad, las amenazas de los delincuentes y la lentitud judicial, limitan la efectividad de cualquier aporte comunitario. Tampoco podemos esperar que una nueva ley de policía nacional resuelva el problema, si los elementos son los mismos y si no se mejora globalmente el sistema de administración de justicia. En cualquier caso, ¿qué hacemos mientras tanto?
La participación ciudadana en materia de seguridad colectiva, supone contar con cuerpos policiales eficientes en la prevención y combate del delito, conformados por funcionarios honestos, capacitados y bien remunerados; la existencia de órganos judiciales eficaces, que apliquen mecanismos expeditos en la administración de justicia; de centros de reclusión seguros orientados hacia el rescate de seres humanos y no al perfeccionamiento de la delincuencia; y de ciudadanos comunes que se sientan tan seguros del apoyo estatal, que no teman denunciar a los sospechosos de haber cometido actos delictivos.
En el presente nada de eso tenemos y como la práctica indica que sólo los problemas enfrentados personalmente por Chávez, son los que se resuelven, sólo nos queda exigir al Presidente una vez más, que se ocupe directamente del asunto. Hace poco José Vicente Rangel planteó la misma necesidad. Urge una Misión Seguridad Ciudadana.
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