Una ONG, en el marco de la acción desestabilizadora del Gobierno del Estado generada por la "sociedad civil", acusa de ineficiencia a la FA. Al colocarla como responsable de la seguridad pública, le adjudica el encargo del control de la delincuencia, a la que hace responsable de las miles de muertes violentas que ocurren en el país. Señala que poco importa que a los componentes de la institución de defensa del Estado se les llame "bolivarianos"
o"revolucionarios", si no son capaces de evitar esa mortalidad que afecta la vida de los venezolanos. Pero para los voceros de esa organización apátrida no tiene significado más de un siglo de paz experimentado por la nación venezolana en un mundo en el cual se ha generalizado la guerra.
Obviamente, esa declaración no es producto de la ignorancia.
Todos saben que las fuerzas militares. Un proceso extrajudicial, donde privan las acciones de hecho para el control de la violencia política y no para la acción policial, donde la violencia social es controlada judicialmente por el derecho. Y que ellos tienen éxito cuando disuaden a los potenciales adversarios del Estado de hacer uso de la fuerza para obtener ganancias políticas en el marco de sus relaciones.
Aquí la que ha fallado es esa "sociedad civil" incapaz de organizar un aparato de Estado idóneo para controlar judicialmente la violencia social. Y son esencialmente esas organizaciones no gubernamentales las que no pertenecen a la política formal ni al sector público de la economíalas que constituyen el corazón de esa "sociedad civil", que se considera independiente del Estado y vinculada a una serie de disposiciones compartidas que responden al pensamiento republicano. Una autonomía que no se la proporcionan sus propias capacidades productivas, sino su vinculación con un sistema cerrado transnacionalizado donde se crea, consume y redistribuye la mayor parte de la riqueza del mundo, y no hay ganadores ni perdedores absolutos. Por ello es que las organizaciones que la conforman son apátridas. Ellas no responden a los intereses de un país, donde existen relaciones psicológicas, culturales y económicas que vinculan su población y sus diferentes provincias geográficas. Ellas satisfacen una estructura desterritorializada y atemporal de alcance global, mantenida por el poder del Imperio, de las cuales están excluidas las poblaciones que no acumulan riqueza. En ese contexto se ha erigido el mito que ubica la seguridad estratégica de los pueblos en su desarrollo económico, en oposición a la basada en los ejércitos.
En ese marco, el orden jurisdiccional democrático, garante del bien general, es exagerado, pues no todos los pobladores de un Estado son repúblicos. Lo son sólo los que contribuyen financieramente al sostenimiento de la comunidad política. Es a ellos a quienes les corresponde el disfrute de las garantías de seguridad jurídica que ofrece el Estado. El republicanismo -una forma de gobierno, no la denominación de una comunidad política- implica una serie de virtudes, como el respeto a la ley y buen uso de la libertad. Valores que no se les adjudican a quienes no tienen renta ni sueldos estables. Una señal de su indolencia frente a las necesidades comunes, con una clara tendencia hacia conductas alteradoras del orden y amenazantes a la vida y propiedades de los repúblicos. A ellos hay que contenerlos o reprimirlos. Y esas acciones no son de derecho sino de hecho, por lo tanto caen en el ámbito militar.
Allí es donde se ubican las guerras actuales contra "el terrorismo" o el "narcotráfico".
Son guerras de la humanidad, hoy globalizada bajo el Imperio contra la humanidad misma. Un Imperio que tiene la forma de gobierno republicana. Son esas las guerras asimétricas. Las guerras entre "los honestos y abnegados productores", contra "la chusma" delincuente potencial. Es un enfrentamiento permanente entre quienes se resisten a pagar el pecado original con el trabajo, y los temerosos a Dios. Allí esta la razón de la actitud de la ONG que pide "la guerra contra el hampa". La paz no es su preocupación.
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