En verdad sorprenden las declaraciones del Dr. Ricardo Combillas a quien siempre he estimado como un idóneo científico social. No porque ellas se opongan a la reforma constitucional, sino por lo ilógico de su contenido. Vincular la propuesta de variación del artículo 158, que estimula “la participación protagónica del pueblo, restituyéndole el poder y creando las mejores condiciones para la construcción de una democracia socialista”, con una presunta “anulación del poder de los gobernadores”, es a secas un absurdo
Realmente, ningún gobernante tiene poder por sí mismo, salvo él que le dan sus fuerzas físicas y psíquicas para modificar su entorno inmediato. Tiene control del poder colectivo en virtud de un mandato que lo autoriza para ordenar la vida social en el espacio dominado por la comunidad que dirige. Y ese colectivo tiene poder –como lo tuvieron los pueblos de los estados de nuestra federación hasta el siglo XX- en la medida como es capaz de autosostenerse. Así Ricardo cae en la falacia de la “comparación de ideas”, denunciada por Hume en el siglo XVIII. Método que bajo ninguna circunstancia puede demostrar cuestiones de hecho, que no necesariamente se ajustan a la lógica formal. Lo cierto es que los gobernados, que constituyen la inmensa mayoría en una comunidad política, pueden cambiar violentamente a quienes los gobiernan. Luego tienen el poder –que ubico como “fuerza telúrica”- de decidir quien los conduce –aun dentro de los regimenes absolutistas- y la orientación de su gestión, que hoy, en la modernidad, podría ser capitalista, socialista, o ubicarse en alguna dirección intermedia.
Lo cierto en Venezuela es, que con su economía petrolera controlada por el gobierno nacional, perdieron poder las comunidades regionales, no sólo por su dependencia material de la renta del Estado, sino por el quebranto de su identidad etnocultural, debida a las intensas migraciones internas provocadas por el cambio en el modo de producción. Un giro que ha lucrado el centro geográfico-político del país, en perjuicio de una periferia, en su mayor superficie, espacios, con sus habitantes, deprimidos. Justamente la intervención del gobierno central, prevista en los cambios de la organización territorial incluidos en la reforma constitucional, busca el fortalecimiento de esos espacios postrados, con lo cual se reanimarán las capacidades de las comunidades regionales, para borrar esas diferencias odiosas entre el centro y la periferia. Es el intento de posibilitar una federación que no es sólo el resultado de una tradición. Es casi un imperativo que impone la diversidad de nuestro paisaje geográfico, con sus múltiples posibilidades económicas. Obviamente no es la palabra impresa en un papel lo válido en política. Es la acción que se corresponde con su significado. Combellas sabe que empíricamente no ha habido federación en Venezuela a lo largo del siglo XX y que las palabras se las lleva el viento.
