El año 2007 termina con una frustración para las fuerzas revolucionarias del continente, y al mismo tiempo con la advertencia de que los cambios necesarios no son tan fáciles de realizar, que la resistencia de las oligarquías y el imperialismo será dura, y que es necesario abordar como avanzar en la construcción del poder popular, la participación ciudadana y la reforma de las leyes constitucionales que mantienen el actual modelo de sociedad capitalista.

Como después de toda frustración –en este caso resumida en la derrota de la reforma constitucional en Venezuela- es necesario analizar las dificultades y redefinir el camino para seguir construyendo un modelo de sociedad solidario. Ya era sabido que los procesos de cambios verdaderos no se producen en línea recta, y que se puede tener retrocesos momentáneos.

La experiencia debe servir para tomar conciencia de lo que está en juego y de las fuerzas a enfrentar, así como de que juntos con los cambios llegan inevitablemente las tensiones


No por repetirse muchas veces deja de ser cierto, las oligarquías locales y sus socios externos no aceptan perder sus privilegios y recurren a cualquier método para sostenerse en el poder o conservar su influencia en la sociedad. Los únicos límites son la oportunidad, posibilidad y fuerza de adversario.

Desde que los pueblos latinoamericanos comenzaron a ensayar caminos de cambios, han tenido que enfrentar la resistencia de las oligarquías y de su mayor aliado, el gobierno de los Estados Unidos.

Apenas consienten en aceptar pequeñas modificaciones transitorias que no derogan sus privilegios y que en el fondo no son más que una administración más racional del capitalismo. Hasta viejos líderes de izquierda que han llegado a puestos de gobierno en algunos países de la región han reconocido que en esta etapa están sólo administrando un capitalismo que denominan ”humanista”.

Pero, si las oligarquías han aceptado, transitoriamente, ceder durante un tiempo esta administración, no la aceptan definitivamente y tratan de asegurarse un rápido retorno a situaciones anteriores, de paso boicoteando al gobierno popular, progresista o apenas progresista de turno, y tampoco permiten ningún cambio de las reglas de juego, es decir leyes, constituciones, reformas del Estado, etc.

Una parte de la izquierda latinoamericana aspiró siempre a construir el socialismo llevando al gobierno dentro de las reglas de juego ya impuestas y creyó posible realizar los cambios sin tocar las estructuras del Estado ni las leyes constitucionales.

Ahora, una vez en el gobierno y frenados por todo un aparato de leyes, instituciones, normas, estructuras administrativas heredadas, funcionarios ineptos o poco adeptos a cambios, comienzan a plantear cambios en el Estado, desde la Constitución a la división política administrativa del país.

En algunos casos se pretende reforma la Constitución de los países, y en otros apenas reformas del Estado que permitan saltar las enormes trabas burocráticas creadas por leyes, reglamentos y funcionarios ineptos, corruptos o comprados, que impiden mejorar la distribución social de la riqueza pública o de los recursos del


Estado entre la población más necesitada.

Este año transcurrido ha sido rico en acontecimientos de este tipo. Venezuela, Bolivia y Ecuador iniciaron el camino de la reforma constitucional. En otros países –como Uruguay, Chile, Argentina- apenas se ha planteado reformas del Estado y cambios legislativos.

En todos los países del continente las oligarquías lograron imponer durante décadas su visión del país y la establecieron como leyes en las constituciones. Cada vez que sentían que perdían poder, realizaban cambios de la Constitución, incluso para ceder soberanía y patrimonio a sus socios extranjeros.

La derecha no descuidó ese aspecto y era muy consciente de que llegado el momento podía perder el gobierno de un país por un período, y que por ello tenía que asegurarse que las estructuras reales del poder no pudieran ser cambiadas.

En la década de los 80, la derecha norteamericana elaboró planes de gobierno y estrategias a largo plazo que los entonces presidentes Ronald Reagan y George Bush llevaron a la práctica. Las entonces denominadas ”Doctrinas de Santa Fé I y II” elaboradas por un grupo de intelectuales y políticos, sostenían que la apuesta del gobierno de Estados Unidos para controlar la región, en un momento en que las dictaduras militares se caían, era a través del control efectivo de los mecanismos de poder que persisten pese a los cambios de gobierno.

Así se incentivaban los lazos con las instituciones permanentes de los Estados, el ejército, la policía, los poderes judiciales, los políticos tradicionales, y el reforzamiento de las leyes que garantizaran el status quo.

La Doctrina de Santa Fé II, hasta admitía la posibilidad de aceptar gobiernos de partidos que no eran afines a Estados Unidos, siempre que el marco legal, constitucional, fuera el mismo, ya que tenía la certeza de que limitados por las leyes constitucionales, la estructura del aparato de Estado sin modificar, poco podían hacer para cambiar las cosas.

En el documento se decía textualmente:”Debemos prestar atención a las vulnerabilidades del régimen democrático. Nuestro concepto de régimen significa tanto el gobierno temporal como el permanente. En la democracia, el gobierno temporal es el oficialmente elegido.

El gobierno permanece son las estructuras institucionales que no cambian con el resultado de las elecciones: la institución militar, la judicial y la civil”.

En ese sentido recomendaba ”Los Estados Unidos no pueden preocuparse sólo de los procesos formales democráticos sino que deben establecer programas para apoyar la democracia en las instituciones permanentes en las instituciones militares y la cultura política”.

Asimismo establecía que ”Construir un régimen democrático requerirá de ir más allá de la forma de la democracia (las elecciones) y de proveer, cuando sea posible, los medios para consolidar las instituciones democráticas locales: sindicatos, grupos empresariales independientes, asociaciones comerciales y organizaciones educativas”, que por supuesto compartan las ideas de Estados Unidos sobre la organización de la sociedad.


Venezuela.


Cuando en Venezuela se reformó la Constitución en 1999, se desató una campaña internacional contra la revolución bolivariana.

Al decir que el vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, y diputado venezolano, Amílcar Figueroa, ”el proceso constituyente del 99 dejó a la nación venezolana una formidable ampliación de la democracia. La inclusión a la vida política del país de miles de ciudadanos y en épocas anteriores condenados a que su práctica se restringiera únicamente a ejercer cada cinco derecho al voto fue, sin dudas, un logro muy importante. En general, se produjo una ampliación de los derechos políticos y civiles del conjunto de la población como el resultado de un proceso vivo, pleno de entusiasmo revolucionario y mucha fuerza creadora. La Constituyente fue, pues, el primer paso del gobierno bolivariano. Se establecieron pata que el nuevo concepto de la ”democracia participativa y protagónica” sustituyera al viejo de la ”democracia representativa”.

Para impedir la profundización de la revolución, la derecha venezolana que votó el NO a la nueva reforma, debió aceptar en los hechos la reforma del 99, aunque seguirá bregando para derribarla. En este camino tiene un socio poderoso.

Y si bien Estados Unidos parece muy complicado en Irak y el resto del Medio Oriente, es también cierto que mantiene estrechos vínculos con esos ”sostenedores” permanentes del poder, es decir los grupos económicos, las fuerzas armadas o muchos de sus oficiales, el poder judicial y hasta sectores de la Iglesia.

Estados Unidos está ampliando su cuerpo de diplomáticos en regiones conflictivas del continente -especialmente donde se proclaman contra los gobiernos progresistas-, envía militares a participar en maniobras ”humanitarias”, instructores contra el narcotráfico, financia organizaciones de todo tipo, y realiza chantaje económico a los países.

El próximo año será el último de la era de George Bush en la presidencia de Estados Unidos y parece posible que su partido sea derrotado en las elecciones presidenciales de noviembre.

Es previsible entonces que para evitar esta derrota, el gobierno norteamericano realice alguna maniobra peligrosa para torcer esa tendencia, o bien dejarle al nuevo gobierno una situación tan complicada que el retroceso no sea posible, tanto en Medio Oriente como en su antiguo ”patio trasero”.


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