El Movimiento Democracia y Libertad no es ni democrático ni libertario. Mucho menos pacífico. Es una mera caricatura de la llamada Comisión Trilateral instituida en Tokio durante la década de 1970 para fortalecer el poder de los oligopolios que han pretendido controlar el mercado global.
Se trata de la maquinaria que tutora el Gobierno de Washington, que pone la fuerza militar para el logro de sus aspiraciones hegemónicas. La composición de este remedo venezolano reproduce casi al calco la del original que suscitó el llamado "trilateralismo". Sus integrantes son empresarios, políticos, académicos y diplomáticos influyentes en los campos de donde provienen.
Pero, a diferencia de los originales del movimiento transnacional, éstos son "generales" sin tropas. Se parecen a los jerarcas militares que pretendieron derrocar el Gobierno nacional desde la plaza Altamira. Y la semejanza no es casual. Se trata de factores elitescos que creen controlar instrumentos de poder, dentro de una sociedad que estiman estructurada en clases, dentro del esquema de la democracia representativa burguesa.
No entienden que Venezuela continúa siendo una formación social precapitalista, de un carácter marcadamente rentista, en la cual la formación de excedentes depende de la explotación petrolera bajo control del Estado. Y, por ello, tampoco comprenden el carácter transformador de la revolución bolivariana, que no solamente busca superar el Estado corporativo establecido por el "puntofijismo", sino trascender la sociedad de clases instituida por el capitalismo.
Así, este movimiento no tiene nada de democrático. No incorpora las mayorías encuadradas en los estamentos no privilegiados de la nación, y menos los amplios sectores excluidos. Ni siquiera llena los extremos de la democracia representativa, de la cual el régimen consensual fue una simple sátira. Los "partidos de masas" conformados durante ese lapso no fueron otra cosa que sectas confesionales, alienadas por ideologías que prometían demagógicamente la solución de nuestros problemas sociales. No intentaron siquiera continuar los esfuerzos en las áreas de investigación científica y tecnológica, y en el desarrollo industrial realizados durante las décadas de 1930, 1940 y 1950 del siglo pasado, para lograr una moderna sociedad de clases.
Por el contrario, entregaron esos desarrollos al capital transnacionalizado, con lo cual cedieron nuestra fuerza de trabajo y nuestros recursos a los oligopolios globalizados.
En la realidad, no tienen fuerza para enfrentar con un movimiento democrático la tesis revolucionaria de quienes hoy controlan el poder en el país. Por ello su planteamiento, expresado en el manifiesto del 29 de abril, no es más que una convocatoria al golpe de Estado o a la intervención extranjera.
Autoerigidos como árbitros de la institucionalidad, declaran írritamente la inconstitucionalidad del Gobierno nacional con la esperanza de provocar una insurrección armada, o la acción de una alianza ad hoc internacional, como la usada contra Irak, que por la injerencia militar imponga un gobierno que garantice sus privilegios y que dependería del apoyo externo del imperio.
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