El 18 de noviembre de 2007, luego de conocer las
medidas redistributivas del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH)
dentro de los mismos departamentos, aplicadas por el gobierno, el
Consejo Nacional Democrático (Conalde), que aglutina a los prefectos
opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, resolvió
comenzar una “resistencia democrática” que tardó ocho meses en hacerse
efectiva, con una huelga de hambre y acciones de violencia
protagonizadas por grupos paramilitares justo una semana antes del
referéndum revocatorio.
Los cientos de huelguistas en esos
departamentos, incluidos prefectos, reclaman lo que consideran una
“confiscación” de los recursos provenientes por este impuesto, que les
habría reducido el presupuesto para inversiones y frenado proyectos
importantes de salud, educación e infraestructura, cuando este año los
nueve departamentos recibirán por transferencias del Gobierno 12.719
millones de bolivianos, el doble que hace dos años.
En los dos
años de la actual administración, según cifras del ministerio de
Hacienda, los departamentos tuvieron más de 33 mil millones de
bolivianos, importe superior a lo que recibieron en los 12 años
anteriores, ya que entre 1994 y 2005 recibieron poco más de 30 mil
millones de bolivianos.
Queda así desvirtuado el principal
argumento –o pretexto, según el gobierno– de los prefectos como es la
“recuperación” de los recursos “confiscados” del IDH, para lanzar una
huelga de hambre a pocos días de la realización del referéndum
revocatorio, lo que apunta a entender la medida como un componente más
dentro la estrategia para frenarlo.
Así lo ha denunciado Iván
Canelas, portavoz gubernamental: “Después de una evaluación hemos
establecido que estas movilizaciones, comenzando por la huelga de
hambre en Santa Cruz, seguida por el manejo que se está haciendo de
algunos hermanos discapacitados y toda esa movilización de algunos
trabajadores mineros de Huanuni dirigidos por Jaime Solares, es
prácticamente un plan destinado a boicotear y a evitar que este domingo
se realice en nuestro país el referéndum revocatorio”.
Anteriormente,
en la misma línea, el vicepresidente Álvaro García Linera había
informado que este año las prefecturas recibirán 950 millones de
bolivianos adicionales y que “por lo tanto no hay justificativo técnico
ni económico para hablar de ausencia de recursos, de falta de recursos;
es una movilización estrictamente partidaria, no regional, en defensa
de intereses particulares”.
Precisando conceptos
El
pronunciamiento del Conalde señala que “la actitud perversa, mañosa y
autoritaria del gobierno nacional de confiscar y centralizar los
recursos del IDH, con el único fin de truncar el proceso de
descentralización y autonomía, contrariando el voto soberano expresado
en el Referéndum del gas (2004) y de la autonomía departamental (2005),
es un hecho simplemente confiscatorio”, discurso hoy retomado por los
huelguistas.
El viceministro de Descentralización, Fabián
Yacsik, explica que el decreto supremo que modifica la distribución de
los recursos por el IDH lo que hizo fue aumentar el porcentaje de las
transferencias más hacia los municipios que a las prefecturas, pero
dentro del mismo departamento; por lo que “los departamentos no han
sido perjudicados en un solo centavo en el IDH; por tanto, no hay
ningún tipo de confiscación”.
Aclara también que la Ley que
establece el financiamiento de la Renta Dignidad (un bono vitalicio de
200 bolivianos mensuales para todos los bolivianos y bolivianas mayores
de 60 años) contempla un segundo mecanismo redistributivo de la riqueza
de la renta petrolera: el 30 por ciento que perciben por el IDH tanto
el Tesoro General de la Nación (TGN) como las prefecturas, los
municipios y el Fondo Indígena, se destinará a financiar este bono.
“Es
bueno establecer estas diferencias conceptuales porque se ha estado
especulando, yo diría manipulando la información al interior de los
departamentos, planteándoles (a su población) que el gobierno nacional
se habría quedado con los recursos, que se estarían expropiando o
confiscando estos recursos, cuando en el fondo lo que ha establecido es
un beneficio social; es decir, el IDH se ha traducido en un 30 por
ciento para beneficio de las personas mayores de 60 años de los propios
departamentos”, afirma.
Agrega que la “confiscación” es en
realidad una redistribución de la renta petrolera “que está yendo en
beneficio de las propias regiones; se queda en las regiones ya sea en
mayor porcentaje a los municipios o en una política social tan
importante como la Renta Dignidad”.
Y cita como ejemplo el caso
de Santa Cruz, donde se tienen previstos 300 millones de bolivianos
para pagar la Renta Dignidad a los aproximadamente 130 mil actuales
beneficiarios, donde el aporte de la prefectura (por el 30 por ciento)
no supera los 100 millones. “Entonces, el beneficio es mucho mayor a la
contribución que hacen a este fondo solidario que se ha creado con los
recursos de ese 30 por ciento”, indica Yacsik.
Probablemente
estos 200 bolivianos si bien podrían no significar gran cosa para
alguien bien acomodado, para la mayoría de los 1,4 millones de
beneficiarios supone un tema de sobrevivencia digna, enfatiza el
viceministro.
Ingresos departamentales
Un análisis del
Observatorio Bolivia Democrática del viceministerio de
Descentralización establece que en los últimos 15 años las
transferencias del Gobierno Central a las prefecturas departamentales,
municipios y universidades, aumentaron significativamente, sobre todo
en el último período, después de la nacionalización de los
hidrocarburos y la firma de nuevos contratos petroleros.
Así,
de
recibir 362,8 millones de bolivianos el año 1994 recibirán este año
12.719,3 millones de bolivianos, que implica un incremento de 3.406 por
ciento.
“Son las universidades públicas las más favorecidas con estas
políticas, ya que los recursos que reciben crecieron de 72,1 millones
de bolivianos en 1994 a 521 millones el 2005 y a 1.956,2 millones de
bolivianos el 2008; es decir, tuvieron un incremento total de 2.613 por
ciento, y en la actual gestión se ha incrementado casi cuatro veces”,
señala el documento.
Respecto de los ingresos municipales,
informa que estos pasaron de 290,7 millones de bolivianos en 1994 a
5.704,8 millones de bolivianos; un aumento de 1.863 por ciento.
Las
prefecturas tuvieron igual suerte. Para 1996 recibieron 574,9 millones
de bolivianos y este año recibirán 5.058,2 millones de bolivianos, o
sea 780 por ciento más.
Todas estas cifras ya contemplan el
descuento del 30 por ciento que municipios y prefecturas hacen al pago
de la Renta Dignidad. “Quedan así claramente desmentidas las
afirmaciones sobre el supuesto perjuicio que este avance social
significaría para los recursos subnacionales”, dice el informe del
Observatorio.
¿Y las prefecturas?
El análisis comparativo
de los tres últimos presupuestos del Estado, correspondientes a la
actual gestión gubernamental, revela que los departamentos, en este
corto tiempo, han recibido más de 33 mil bolivianos, monto superior a
lo que recibieron en los 12 años anteriores, ya que entre 1994 y 2005
los departamentos recibieron algo más de 30 mil bolivianos. Un dato
muy revelador.
El documento del Observatorio destaca que las
prefecturas hayan recibido 3.156 millones de bolivianos el año 2005 y
que para el año 2008 este monto se hubiera incrementado en 60 por
ciento, teniendo ahora las administraciones departamentales un monto
presupuestado de 5.058 millones de bolivianos en transferencias desde
el Tesoro General de la Nación (TGN).
Respecto de los
municipios, que el año 2005 recibieron 2.443 millones de bolivianos,
destaca que este año recibirán 5.704 millones, es decir 133 por ciento
más, en sólo tres años.
Se evidencia, pues, que con la
nacionalización de los hidrocarburos y la renegociación de los precios
de exportación de gas a Argentina y Brasil, los ingresos de las
regiones aumentaron considerablemente y actualmente tienen recursos
suficientes para financiar sus proyectos de inversión y atender las
necesidades de la población.
Más políticos que administradores
La
diferencia conceptual y cualitativa con el modelo neoliberal –y la
razón para el aumento de los ingresos– radica en haber retomado el
control estatal de la explotación y administración de los recursos
naturales, luego de dos décadas en las que el Estado fue reducido a
simple espectador de la actividad económica.
Yacsik afirma que
la resistencia tenaz que se observa hoy en algunas regiones obedece a
que este proceso implicó “afectar y reducir intereses que han estado
cobijados en el viejo Estado centralista, que ha alimentado estructuras
de poder partidocrático a lo largo de los últimos 30, 40 años, y es eso
lo que desapareció.
“Hay mucha gente afectada, grupos
privilegiados que han estado siempre, como se decía antes: ‘mamando del
Estado’. Un Estado centralista que estaba al servicio del interés
privado y eso es lo que está revertido de manera irreversible. Por
supuesto, se está recuperando la dignidad y el rol del Estado en la
economía, para que beneficie al conjunto del país y no que capitalice a
pequeños grupos de privilegiados”, sostiene.
Este viraje del
modelo de desarrollo será puesto a prueba este 10 de agosto. “Un
proceso de cambio tan profundo requiere, sin duda, ser alimentado por
la ciudadanía y generar un respaldo y una re-legitimación de este
proceso. Con eso va a contribuir el (referéndum) revocatorio frente a
la actitud de la oposición que cree que el Presidente no tiene respaldo
ciudadano”, afirma.
En ese contexto, las autoridades
departamentales asumieron una actitud claramente política. “Algunos
prefectos han asumido una actitud de oposición política más que
administradores de la enorme cantidad de recursos departamentales”,
señala.
Este referéndum revocatorio supone el estreno de un
mecanismo que profundiza la democracia participativa, pues permitirá
poner nuevamente en manos del Soberano la posibilidad de reafirmar o
revocar el mandato popular conferido al Presidente, al Vicepresidente y
a los prefectos departamentales. Por tanto, cabe la posibilidad de que
los prefectos en huelga ya no sean cinco, sino menos… o más. Lo
sabremos el día 11.
